Garzón vuelve al Supremo por una de las tres causas que tiene abiertas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declara hoy como imputado ante el Tribunal Supremo en relación con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006, y el posterior archivo de una querella contra el entonces presidente del BSCH Emilio Botín.

Esta es la segunda vez que Garzón acude a declarar al Alto Tribunal en calidad de imputado en menos de un año, después de que lo hiciera el pasado mes de septiembre por su actuación en el caso de las desapariciones en el franquismo, por el que será juzgado por el Supremo y está muy cerca de ser suspendido provisionalmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El juez de la Audiencia Nacional está citado por el magistrado instructor del caso, Manuel Marchena, a las 10.30 horas.

Por este asunto también están citados para que declaren el próximo 21 de abril como testigos una funcionaria del Juzgado de Garzón que le acompañó a Nueva York y el ex director y la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I, en el que impartió sus cursos, Laura Turégano y James D.Fernández, respectivamente. Estos tres testigos han sido propuestos por la acusación, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea.

Mazón y Panea relacionan en su querella por prevaricación y cohecho contra Garzón la percepción de 302.000 dólares entre 2005 y 2006 por parte del juez con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del banco que le prestó el dinero, entre ellos, Emilio Botín, en el proceso penal por las llamadas “cesiones de crédito”.

Garzón sostiene que él no gestionó ni administró los fondos que destinó el Grupo Santander para el patrocinio de sus conferencias al Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York y que sus ingresos no procedieron de los mismos.

En el Supremo hay una tercera causa abierta contra Garzón, por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el 'caso Gürtel' y sus abogados, diligencias que han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por considerarlas “ilícitas” ya que aplicó la ley como si fueran terroristas.