El Gobierno de La Rioja firma con el Ministerio el despliegue de herramientas digitales en los juzgados riojanos
El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy, día 14, la firma de un nuevo convenio con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para el desarrollo y prestación de servicios tecnológicos avanzados en el ámbito de la Administración de Justicia en La Rioja. Este acuerdo, que compromete al Ejecutivo regional a aportar más de 2 millones de euros hasta 2029, se enmarca en el proceso de modernización impulsado por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que establece un nuevo modelo organizativo basado en los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Tras el hito que supuso en verano de 2025 la adaptación de los juzgados de Haro y Calahorra, la implantación de la Ley culminó con la puesta en marcha de la nueva estructura judicial en Logroño, plenamente efectiva este año, cumpliéndose así el plazo establecido para la aplicación de este modelo de Justicia en el que se comparten recursos humanos y materiales, logrando un funcionamiento más moderno, eficaz y cercano al ciudadano.
Para la consecución de estos objetivos ha sido imprescindible la adaptación de los sistemas de información al nuevo modelo organizativo, adaptación que facilitará el desarrollo pleno de sus beneficios en el Servicio Público de Justicia siguiendo un modelo de trabajo del siglo XXI para extraer todas las capacidades y posibilidades que la tecnología aporta a la organización del trabajo.
El convenio permitirá que el Ministerio preste a la Comunidad Autónoma diversos servicios adicionales de soporte tecnológico, esenciales para el funcionamiento de la nueva estructura judicial: portafirmas electrónico, visor de expedientes HORUS, Minerva, agenda de señalamientos, Atenea y Wasmin. Estos servicios complementan el convenio marco de transferencia tecnológica firmado el 31 de octubre de 2025 entre ambas administraciones, publicado en el BOE el 15 de noviembre de ese mismo año.
El acuerdo prevé una aportación total de 2.060.580 euros por parte de la Comunidad Autónoma durante los cuatro años de vigencia, distribuidos de forma homogénea, a razón de 515.145 euros cada ejercicio.
El convenio podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de cuatro años adicionales, siempre mediante acuerdo expreso y con la correspondiente adenda económica.
El texto establece la creación de una comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control, que se reunirá anualmente y tendrá entre sus funciones la aprobación de cambios o modificaciones en las soluciones tecnológicas, su entorno de explotación y los procedimientos asociados.
En total, La Rioja cuenta con 330 funcionarios de Justicia (14 de ellos incorporados en el proceso de modernización que ha implicado la nueva Ley) dependientes del Gobierno regional, al que se suman otros 70 profesionales del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Rioja recibió la transferencia de Justicia en 2011, asumiendo la competencia en medios materiales y humanos. No obstante, y a diferencia de lo que ocurre en otras áreas de la Administración, las funciones están repartidas: jueces y magistrados actúan bajo la dependencia del CGPJ; los letrados, del Ministerio, y son el resto de funcionarios de la Administración de Justicia los vinculados a la Comunidad Autónoma.
La transformación del modelo conllevó una gran actividad a lo largo de 2025, habiéndose celebrado numerosas sesiones informativas y formativas para funcionarios, profesionales y otros colectivos implicados en el cambio, abordando aspectos tanto de gestión procesal como de adecuación tecnológica.