Colapso en un centro de menores de la Generalitat valenciana: 120 adolescentes en un recinto previsto para un máximo de 84

La situación en la que se encuentran los centros de menores de la Comunitat Valenciana es más que preocupante por el “incumplimiento sistemático” por parte de la Generalitat Valenciana de la ley al no renovar los contratos, caducados desde 2017, según denuncian desde el sector. Esta circunstancia provoca problemas de personal generalizados e instalaciones deficientes.

Un ejemplo de estas carencias, tal y como denuncian desde CCOO-PV es el centro de menores 'La Torre' de Alborache, donde más de 120 adolescentes residen actualmente en un recurso previsto para un máximo de 84 plazas. Ante esta situación, los trabajadores denuncian el hacinamiento de los menores, la falta de recursos y personal, así como el “aumento de la violencia” registrado en un centro que opera con el contrato caducado (enriquecimiento injusto), mientras se espera la llegada de más menores a la Comunitat Valenciana.

Este colapso, relatan los representantes de los trabajadores, ya se ha convertido en algo “habitual” durante los últimos años y, “lejos de mejorar este escenario, podría verse agravado en los próximos meses debido a la previsión actual de reparto de menores planteado desde el Gobierno central”. En esta previsión, recuerdan, se contempla la llegada de 450 menores más a la Comunitat Valenciana procedentes de Ceuta y Canarias, lo que “incrementaría aún más la presión sobre unos recursos que ya se encuentran al límite de sus posibilidades”.

Esta sobreocupación, sostiene CCOO-PV, se traduce en “condiciones indignas” para los menores que son atendidos en esas dependencias: “Las habitaciones, diseñadas para dos o tres menores, acaban albergando hasta a cinco menores, con circunstancias que rozan el maltrato institucional: colchones en el suelo, ropa interior compartida, prendas lavadas a mano y secadas en las ventanas, y un largo etcétera que pone de manifiesto el colapso que los trabajadores denuncian”.

Ratios excedidas y actos violentos

En otro plano, el profesional y educativo, esta situación también afecta de forma directa con unas ratios excedidas (uno o dos profesionales pueden llegar a hacerse cargo de grupos de hasta 18 o 20 adolescentes), “lo que impide que la atención e intervención con los menores pueda darse con unas mínimas garantías, de forma que queda difuminada la intervención individualizada y aumenta de facto el riesgo de conflictos”.

En esta misma línea, los trabajadores alertan de un aumento de los episodios de violencia con motines, incendios provocados o agresiones, tanto entre los propios internos y como a los trabajadores. “Y a todo ello se le suma el hecho que se trata de uno de los muchos centros que la Consellería mantiene sin contrato, con la licitación caducada”, explican desde el sindicato.

La plantilla denuncia, además, un progresivo deterioro de las condiciones laborales, con una falta de personal que no cumple con las ratios necesarias, y con un aumento de bajas médicas y de dimisiones.

Tras años trasladando esta situación a la empresa, a la Administración y a la Inspección de Trabajo, finalmente los profesionales han decidido hacerla pública. Si no se adoptan medidas urgentes, advierten los propios profesionales del recurso, que el riesgo de incidentes graves seguirá aumentando en un centro que consideran ya desbordado.

La Conselleria de Servicios Sociales ya explicó hace unas semanas a elDiario.es que se ha puesto en marcha un proceso progresivo de renovación de los contratos de gestión integral de toda la red de centros sociales, caducados desde hace años y que se encuentran en situación de enriquecimiento injusto. Las primeras renovaciones correspondían a residencias de personas mayores y centros de día; después se licitarán los centros de menores y se pondrá en marcha el nuevo decreto de tipologías y funcionamiento de los centros. Consultados por este periódico sobre este caso en concreto, el departamento que dirige Elena Albalat ha declinado hacer valoraciones.