HRW denuncia violaciones de derechos humanos contra civiles tamiles en Sri Lanka

La Organización defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch [HRW] ha exigido al Gobierno de Sri Lanka libere inmediatamente a los más de 280.000 civiles tamiles desplazados que permanecen en campamentos para prisioneros en el norte del país.

El Gobierno, en violación del Derecho Internacional, ha confinado desde marzo de 2008 en campamentos de detención a todos los civiles desplazados por el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil, asegura HRW, quien señala que estos campamentos son llamados “centros de bienestar” por el Gobierno.

“Es vergonzoso mantener a varios cientos de miles de civiles que han sido atrapados en medio de una guerra en estos campamentos”, afirma el director para Asia de la organización, Brad Adams. “Se merecen la libertad, como todos los ceilandeses”, añadió.

Naciones Unidas ha informado que a fecha de 17 de julio de este año, el Gobierno mantenía a 281.621 civiles en 30 campamentos vigilados por el Ejército en los distritos de Vavuniya, Mannar, Jaffna y Trincomalee, todos en el norte. A sus residentes sólo se les permite salir para recibir atención sanitaria de urgencia, y a menudo sólo con escolta militar. Hasta el momento solo han podido salir algunos de los más ancianos para regresar a sus casas.

El presidente ceilandés, Mahinda Rajapaksa, ha intentado justificar la política de detención afirmando que cualquier persona que hay en los campamentos podría ser una amenaza a la seguridad.

El Gobierno no ha proporcionado ningún plan para su reasentamiento, y los desplazados no han recibido ninguna información sobre cuándo podrán volver a sus hogares. Aunque el Derecho Humanitario permite restricciones sobre el movimiento por razones de seguridad, estas restricciones deben tener una base legal clara, deben estar limitadas a lo que es necesario y deben ser proporcionales a la amenaza.

“Las promesas vagas sobre la liberación futura de las personas retenidas ilegalmente en campamentos de detención no justifican mantenerlos allí”, aseguró Adams. “Cada día que pasa en estos campamentos es otro día que el Gobierno viola sus derechos”, afirmó.

Además, la situación de los residentes de los campamentos está agravada por las inadecuadas condiciones de vida. Muchos están abarrotados, algunos acogen el doble del número que recomienda el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], y, de acuerdo con la ONU, hay una escasez de letrinas y el acceso al agua es inconsistente. Sólo en junio, los responsables sanitarios registraron más de 8.000 casos de diarrea, así como cientos de casos de hepatitis, disentería y varicela.