Huelga indefinida de los funcionarios de Justicia

Los trabajadores de la Administración de Justicia de La Rioja y del resto de Comunidades que todavía no cuentan con las competencias transferidas en materia judicial iniciarán el lunes 4 de febrero una huelga indefinida para denunciar la “discriminación salarial” a la que está expuesto este colectivo con respecto al resto de trabajadores destinados a las regiones que sí cuentan con esta disciplina transferida.

Según informaron las organizaciones sindicales convocantes (CCOO, CSI-CSIF, UGT, STAJ), los 9.000 trabajadores de la administración de justicia destinados a Baleares, Asturias, La Rioja, Castilla-León, Castilla La-Mancha, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla se encuentran en una situación de “discriminación salarial” con respecto a las Comunidades de Andalucía, Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, Canarias, competentes en materia de Justicia.

Los sindicatos denuncian que el Ministerio de Justicia permite que haya “trabajadores de primera y de segunda categoría” en condiciones retributivas, con diferencias salariales que ascienden a hasta 200 euros al mes.

Así, recuerdan que si bien el Gobierno central ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones su intención de reducir la enorme brecha salarial que actualmente separa a los funcionarios del Estado frente a los funcionarios de las Comunidades, el Ministro de Justicia “no sólo mantiene la brecha salarial sino que ésta se incrementará en los próximos años”, hasta los 500 euros al mes.

Esta situación, advierten, puede derivar hacia un proceso masivo de traslado de trabajadores de Justicia del ámbito no transferido hacia otros destinos con competencias transferidas, sobre todo entre provincias limítrofes de ambos ámbitos, con la consiguiente repercusión negativa que ello puede producir en el empleo estable en los órganos judiciales.

ANTECEDENTE

En este sentido, los sindicatos recuerdan las dos jornadas de huelga que ya se llevaron a cabo en los meses de noviembre y diciembre, que no fueron tenidas en cuenta por el Ministro de Justicia, al que acusan de hacer “oídos sordos” a sus reivindicaciones e intentar “manipular” a la opinión pública con una Oficina Judicial que “no ha sido capaz” de poner en marcha en esta legislatura.