La Ley de Medidas Fiscales, 'inconexa' con los Presupuestos

El CES ha calificado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el 2008, como “un conglomerado de preceptos inconexos con la Ley de Presupuestos”. El Consejo Económico y Social asegura que, “incluso en ocasiones, aprovecha para realizar bajo las denominadas acciones administrativas modificaciones de calado que nada tienen que ver con la tramitación presupuestaria y que afecta seriamente a la seguridad jurídica, puesto que se provoca una dispersión normativa que dificulta su localización”. Un aspecto que tildó de “abuso”.

El CES realizó esta manifestaciones tras aprobar un dictamen al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el 2008. Sobre el título II sobre normas de gestión económica, que hace referencia al articulado que los cambios propuestos en los artículos 31 y 32 del anteproyecto “obedecen más que a un cambio de estructura del Gobierno a cambios en las funciones y competencias de la ADER”.

El dictamen expresa que “se cree que cualquier cambio en las funciones y competencias de este ente, en el cual los agentes económicos y sociales hemos colaborado desde su creación, debe ser consensuado y tratado con los implicados de manera previa y que, por tanto, no parece adecuada la modificación en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas”.

El CES indicó, en relación a la ADER, que “se cree que se trata de incluir dos competencias nuevas entre otras que por su calado deberían haber sido negociadas con anterioridad, como la promoción de nuevas formas de financiación que llega a afectar a la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y como el asesoramiento y prestación de servicios a las empresas para la mejora de su capacidad competitiva”.

Este hecho, advirtió el CES, “puede entrar en conflicto con la actividad realizada por organismos de derecho público como la Cámara de Comercio de La Rioja y entidades de carácter privado formadas por los propios empresarios para tal fin”.

En relación con el sentido del “silencio administrativo” en el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de dependencia, el CES estima que teniendo en cuenta que se está regulando la concesión de un derecho, “se podrían haber barajado otras opciones, como ampliar el plazo de resolución de solicitudes, en lugar de establecerse como regla general el sentido negativo del silencio administrativo”.

También, el Consejo Económico y Social manifestó en su dictamen de observaciones al articulado que “se valora positivamente el cambio de la estructura del Gobierno de La Rioja para que la materia de investigación y desarrollo tecnológico dependa de una nueva Consejería de Industria, Innovación y Empleo”.

No obstante, añade que “esperamos que esta normativa (Ley 3 /1998 de 16 de marzo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de La Rioja) sufra en un futuro cercano una actualización para dar respuesta a las necesidades empresariales y sociales en este ámbito”.