La ONG denuncia “graves irregularidades” y “expulsiones encubiertas” de menores inmigrantes
Amnistía Internacional afirmó hoy que “en España se podrían estar llevando a cabo expulsiones de menores extranjeros no acompañados, disfrazadas de reagrupaciones familiares”, un procedimiento que “vulnera los derechos de los menores extranjeros que se encuentran en el país en situación irregular, ya que al ser la reagrupación familiar un proceso administrativo, se les niega el derecho a la asistencia letrada”.
A través de un comunicado, la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, afirmó que la organización ha detectado “numerosas irregularidades en los procesos de reagrupación familiar de los menores no acompañados, que en realidad las convierten en expulsiones”, lo que es “paradójico” porque en la expulsión de un adulto sí se permite asistencia letrada, pero a los menores “se les está negando este derecho”.
Según datos de la Fiscalía de Extranjería, a lo largo de 2006 se incoaron 1.300 expedientes de repatriación de menores, la mayoría marroquíes, y 111 casos fueron repatriados. Hasta julio de 2007, quince menores habían sido repatriados a sus países de origen, explica la organización, a quien “preocupa que no haya garantías para los cientos de menores que están esperando su reagrupación familiar”.
La organización ha hecho llegar por carta a las autoridades españolas y a la Fiscalía General del Estado, ésta y otras preocupaciones, en el marco de la 28ª Conferencia de Ministros de Justicia de los Estados miembros del Consejo de Europa que se celebra hoy y mañana, en Lanzarote, donde se abordan los problemas de acceso a la justicia para grupos vulnerables, entre ellos, inmigrantes, solicitantes de asilo, y menores.
IRREGULARIDADES
Amnistía Internacional afirma haber constatado que “en al menos once sentencias de 2006 y 2007”, en las que se recurría la repatriación de menores extranjeros no acompañados, “los jueces se pronuncian sobre graves irregularidades que ponen en riesgo la seguridad de los menores y dejan de lado el interés superior del menor”.
Entre ellas, destacan casos en los que los menores “no son informados del proceso que se inicia con ellos, ni se les notifica la resolución administrativa de cuándo se va a producir la reagrupación familiar”, como en una sentencia del 11 de septiembre dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo 13 de Madrid en la que se dice que “no consta que el menor fuera informado de la incoación del expediente, ni se le diera audiencia en él, ni que se le notificara o se intentara notificar la resolución del mismo”.
La organización señala asimismo, que hay “menores que no son escuchados, ni se les permite que expresen su opinión en los asuntos que les afectan, tal y como se recoge en la propia Convención de los Derechos del Niño” y “no se investiga adecuadamente” su situación, porque “no se localiza ni identifica a su familia, ni se establece ningún contacto con su país de origen”.
RECOMENDACIONES AL GOBIERNO
Por todo ello, Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que garanticen los derechos de los menores no acompañados, valorando en cada caso si el retorno es seguro, si es posible la reagrupación familiar, si la familia puede darle el cuidado apropiado, o en ausencia de familia, si el menor podrá acogerse a los servicios sociales del país al que es enviado.
Además, la ONG solicita que se respete en todos los casos el derecho de los menores a ser informados y a contar con asistencia letrada desde su llegada y reclama a la Fiscalía General que se actúe conforme al principio del interés superior del menor, haciendo valer las normas internacionales de derechos humanos integradas en el ordenamiento jurídico español.
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