La supresión del redondeo sube los precios de los aparcamientos
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio de las tarifas de los aparcamientos, públicos y privados, para comprobar la situación tras la entrada en vigor de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que, entre otras modificaciones, prohibía el redondeo. La Organización ha visitado 231 aparcamientos en 27 ciudades españolas: Alicante, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.
La conclusión más alarmante es que la supresión del redondeo no ha logrado que el consumidor pague menos, de hecho en estancias de 48 minutos y de 3 horas, las tarifas se han incrementado de media en un 7% y un 15% respectivamente, según ha publicado la OCU en una nota de prensa.
El estudio de la OCU ha detectado varias irregularidades desde la entrada en vigor de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores. De hecho, asegura que en un 36% de los aparcamientos visitados se han encontrado con irregularidades en la facturación, debiéndose en la mayoría de los casos a la persistencia en alguna medida del cobro por bloques de duración superior a un minuto. Por lo general, el abuso está en el primer bloque: en 32 aparcamientos cobran como mínimo media hora y en 20 de ellos, el tiempo mínimo es una hora.
Otra práctica irregular, expone, que los aparcamientos utilizan para recuperar el dinero que dejan de percibir por el redondeo, es establecer una tarifa únicamente por entrar, independiente del tiempo de estancia en el aparcamiento. Lo hace el 6% de los aparcamientos visitados. La tarifa que aplican es variable y oscila desde los 5 céntimos hasta 1 euro.
A juicio de la OCU, los usuarios de los aparcamientos sufren un tercer abuso: el denominado minuto de oro. Amparándose en la libertad de tarifas, algunos aparcamientos aprovechan para cobrar un precio más elevado por el primer minuto de estancia. Esta práctica la realiza un 10% del total. El coste del minuto de oro es muy variado, oscila desde los 20 céntimos hasta los 2 euros.
La OCU ha querido también valorar la información de las tarifas que los aparcamientos facilitan, la Ley establece que esta información estará disponible antes de contratar. Pues bien, el 46% de los aparcamientos tienen sus tarifas mal ubicadas. En 60 de ellos, es necesario llegar hasta la cabina de pago para verlas, esto demuestra una absoluta falta de respeto hacia el derecho de información del consumidor.
El resultado que obtiene el consumidor, una vez aprobada la normativa que impide la facturación por bloques, aunque algunos aparcamientos siguen redondeando las estancias del usuario, es que sólo se han reducido las tarifas para estancias de 5 minutos. En un escenario más realista, estancias de 48 minutos, el conductor pagará un 7% más que antes de la Ley. Para una permanencia de 3 horas, la OCU ha registrado un ascenso del 15% de media, aunque en algunas ciudades puede superar el 30%.
La OCU afirma que no hay diferencias significativas entre el número de irregularidades que comenten los aparcamientos de titularidad pública o privada. Eso sí, los privados son generalmente más caros, hasta un 24% más de media para una estancia de 48 minutos.
La OCU denuncia que la nueva ley, que prohibía el redondeo, no ha supuesto alivio para el bolsillo de los usuarios, de hecho, se ha producido un ajuste hacia arriba de las tarifas aprovechando que ahora los aparcamientos deben cobrar por minutos. Además, las prácticas irregulares son numerosas y, la Organización considera que, lo que no ha conseguido erradicar la ley por sí sola, deberían lograrlo unas inspecciones más rigurosas.
Ante esta situación, la OCU actúa en defensa de todos los usuarios: en primer lugar presentando, una acción judicial por cesación, con el objetivo de eliminar los tres abusos detectados: cobro por bloques, minuto de oro y cobro de acceso. En segundo lugar, solicitando al Ministerio de Sanidad y Consumo la modificación de la ley y que promueva, junto con las administraciones competentes, un plan de acción para incrementar las inspecciones.
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