Los nuevos gobiernos autonómicos se “apretarán el cinturón”

Hacer más con menos. Eso es lo que van a intentar los trece presidentes regionales recién elegidos, algunos ya viejos en estas lides, en la nueva legislatura autonómica que ha comenzado con un objetivo común: superar la crisis avanzando un agujero más en un cinturón ya de por sí bastante ajustado.

Y en esa tarea de optimizar los recursos se van a emplear los gobiernos autonómicos surgidos tras las elecciones del 22-M, algunos de ellos con la dificultad añadida de estar en minoría en sus parlamentos, como el que dirige ya José Antonio Monago (PP) en Extremadura o el de Francisco Álvarez Cascos (FAC) en Asturias.

Otros, como el canario de Paulino Rivero, de CC, o el navarro de Yolanda Barcina, de UPN, lo tendrán más fácil al haber conseguido sus partidos el apoyo de los socialistas, eso sí, a cambio de hacerse cargo de algunas consejerías.

El de Luisa Fernanda Rudi (PP) en Aragón no parece que vaya a tener problema alguno para sacar adelante sus iniciativas, toda vez que, a pesar de no haber logrado la mayoría absoluta, su investidura contó con el apoyo del PAR, aunque el partido regionalista no ha querido entrar en el Gobierno y ha avisado de que el pacto alcanzado no es un “cheque en blanco”, sino “una UTE” (unión temporal de empresas).

CON LA MITAD BASTABA

Una palabra, austeridad, ha sido el denominador común de los discursos de investidura de los presidentes de las comunidades que el 22-M celebraron comicios -todas menos Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco-.

Para hacer efectivo ese compromiso, casi todos han adoptado una primera medida: reducir el número de consejeros, que a partir de ahora tendrán más trabajo porque en un solo departamento se han integrado varias “carteras”.

Sólo Castilla-La Mancha, cuyo anterior Gobierno socialista ya había adelgazado su estructura hasta dejarla en siete consejerías, y Canarias, que también la redujo a ocho en octubre de 2010, han mantenido el número de departamentos.

Las demás lo han reducido y en algunos casos, casi a la mitad, como ha hecho el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá (PP), con un Gobierno que ha pasado de trece consejerías a seis más una vicepresidencia.

También Monago ha metido la tijera al Ejecutivo extremeño, formado por siete consejeros frente a los once del anterior Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara.

Después de estos tijeretazos es la valenciana la comunidad que cuenta con más departamentos, diez, por delante de los nueve de Aragón, Asturias y Castilla y León, los ocho de Canarias, Cantabria, Madrid, Murcia y Navarra y los siete de Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

Ha sido la primera medida adoptada por todos y cada uno de los presidentes, acompañada de un drástica disminución del número de altos cargos y de otras más simbólicas, como la reducción de coches oficiales.

PROPUESTAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Pero además de esta “operación bikini” para la administración, los nuevos presidentes -diez del PP, uno de CC, otro de FAC y otro de UPN- han ido desgranando sus diferentes propuestas para la legislatura desde el convencimiento generalizado de que el empleo es la prioridad y con la decisión común de controlar el gasto.

¿Cómo lo van a hacer? Muchos dirigentes autonómicos han propuesto como primera medida la aprobación de una ley de estabilidad y transparencia que fije el techo de gasto e imponga restricciones al endeudamiento.

Así quieren hacerlo Rudi en Aragón, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Juan Vicente Herrera en Castilla y León o Francisco Camps en la Comunidad Valenciana.

En cualquier caso, todos han prometido hacer lo imposible para gestionar mejor los recursos y no tocar el gasto social.

Pero además de las medidas comunes para incentivar el empleo y favorecer a los emprendedores, cada uno se ha despachado con propuestas específicas, muchas de ellas adaptadas a las peculiaridades de la región.

Rudi, por ejemplo, reducirá los tributos que penalizan, entre otras actividades, el turismo de nieve, bonificará al máximo la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ente cónyuges y de padres a hijos y reformará la ley de Lenguas para derogar los aspectos que “imponen la denominada normalización del catalán y aragonés”.

VUELVE EL PREMIO A LA NATALIDAD

Son 500 euros menos que la ayuda que concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la natalidad, pero algo es algo. Con el mismo fin Álvarez Cascos ha prometido 2.000 euros por hijo “a gastar en comercios del Principado”. Pero también, se ha comprometido a bajar los impuestos, a suprimir el “céntimo sanitario” y a enajenar el ente púbico de Radio Televisión del Principado.

Por el contrario, Bauzá, el presidente balear, reconoció que no tenía “ningún proyecto estrella bajo la chistera” y que no haría anuncios “a bombo y platillo”. Sí expresó en su discurso de investidura algunos de sus mayores objetivos: generar empleo y alcanzar pactos de estado en educación y turismo.

Paulino Rivero, por su parte, se ha marcado diez tareas para gestionar Canarias, entre ellas relanzar el pacto por la calidad y competitividad del turismo, principal ingreso de las islas; poner al día el Régimen Económico y Fiscal y concretar la reforma del Estatuto de autonomía después de que no pasara el trámite en el Congreso.

En Cantabria, Ignacio Diego, además de ofrecer “trabajo, trabajo y trabajo”, ha anunciado su intención de potenciar el Centro Internacional de Estudios del Español de Comillas, el proyecto “estrella” de su antecesor, Miguel Ángel Revilla desarrollar la energía eólica y favorecer el resto de las renovables, pero con un “blindaje jurídico”.

Enfrascada en solucionar los 1.472 millones de euros en facturas sin pagar que le ha dejado su antecesor y en espera de la auditoría que ha encargado, Cospedal ha propuesto, entre otras medidas, eliminar órganos como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social, sanear y privatizar después la televisión de la región, la libre elección de médico o la reforma de la ley electoral.

MENOS REGALOS Y COMIDAS DE TRABAJO

Juan Vicente Herrera se ha propuesto reducir al máximo el gasto de la administración. Tanto es así, que quiere fijar por ley que el número de consejerías no exceda de diez. Pero también se ha detenido en gastos menores y ya ha avisado que mirará con lupa las comidas de trabajo de sus consejeros y que los regalos institucionales sean sólo libros editados por la Junta o productos hechos por la administración.

Todo un listado de medidas de austeridad permitirán al Gobierno valenciano ahorrar más de 1.150 millones de euros, según los cálculos de Camps, que también quiere reformar la ley electoral y crear un junta general de contratación y compras.

Una de las primeras cosas que hará el extremeño José Antonio Monago es pedirle al Gobierno que le anticipe el 50 por ciento de la deuda histórica. Además, eliminará el céntimo sanitario.

En Madrid, Esperanza Aguirre, que pide listas abiertas, no dudará en vender edificios de la administración que sean prescindibles para reducir costes y generar ingresos, y entregará a los pacientes una factura informativa para que sepan lo que les ha costado el tratamiento en la sanidad pública.

Otro presidente del PP, el murciano Ramón Luis Valcárcel, va a revisar todas las subvenciones púbicas, aunque las ONGs pueden estar tranquilas porque las ayudas destinadas a ellas serán prioritarias. Los proveedores de la administración también se verán beneficiados de las medidas del Gobierno regional, ya que verán acortarse los plazos para cobrar.

En Navarra, Yolanda Barcina dice que ajustará los gastos a los ingresos que se obtengan, pero promete que no buscará más recursos con subidas de impuestos e incluso asegura que favorecerá fiscalmente a las rentas más bajas y a las empresas para que puedan crear empleo.

Pedro Sanz

implantará en La Rioja un cheque-empleo para cada joven que busca trabajo. En un plazo determinado, la empresa que le contrate de forma indefinida podrá cobrar de inmediato de 4.000 a 7.500 euros.