Mejoras fiscales para personas discapacitadas

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición en el Congreso para la aprobación de forma inmediata por parte del Gobierno de un proyecto de Ley para la mejora del tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, dado el incumplimiento por parte del Ejecutivo de su compromiso de hacerlo antes de que finalizara 2009.

Concretamente, el PP ha explicado que la ley de 25 de marzo del año pasado relativa al Registro Civil y protección patrimonial de personas con discapacidad establece, en su disposición final segunda, un mandato al Gobierno para que remitiera en el plazo de seis meses a las Cortes un proyecto de ley sobre mejora del régimen fiscal de dicho colectivo.

Así, la proposición no de ley registrada por el PP denuncia que el Gobierno, vencido el plazo de seis meses, no ha presentado ninguna iniciativa legislativa a pesar de que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) remitió al Ministerio de Economía un documento con propuestas para la reforma fiscal de los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

“Pero una vez más, este Gobierno incumple sus compromisos adquiridos con las personas con discapacidad, causándoles un enorme perjuicio”, añade la iniciativa.

Por todo ello, se reclama que el Congreso inste al Gobierno “a que cumpla con lo establecido en la Disposición final segunda de la Ley 1/2009, de 25 de marzo”, y remita en menos de un mes a la Cámara Baja “un proyecto de ley sobre la mejora del Régimen Fiscal de los Patrimonios Protegidos, recabando el parecer del Consejo Nacional de la Discapacidad y de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad”.

En esta línea, en la exposición de motivos se recuerda que en noviembre de 2008, en la Ponencia sobre la Ley de Registro Civil y Patrimonios Protegidos, el PSOE impidió que se aprobaran las enmiendas del PP para un régimen fiscal más favorable a las personas con discapacidad, por lo que los populares rechazaron el texto definitivo del informe de la ponencia.

Finalmente, añade que fue el PSOE el que presentó una enmienda en el Senado con el objeto de que el Gobierno presentará el proyecto de ley reclamado en un plazo de seis meses, plazo que ya se ha incumplido desde el Ejecutivo.

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha anunciado la constitución de un grupo de trabajo que estudiará la sostenibilidad financiera y los recortes de plantilla que sufre el Tercer Sector de la discapacidad con el objetivo buscar soluciones concretas y mejorar la financiación de las entidades que lo forman.

Según explicaron sus responsables, la iniciativa responde a la preocupación del colectivo ante la situación económica actual pues las compañías del sector se enfrentan a diversas consecuencias desde múltiples frentes: el descenso de las fuentes de financiación, el cambio en las necesidades de la población, las prioridades de los organismos financiadores y las repercusiones de las dificultades de las entidades de crédito, entre otras.

Este órgano estará liderado por el presidente de Aspace y vicepresidente de CERMI, Jaume Marí Pàmies, quien podrá en práctica las conclusiones del estudio 'El impacto de la crisis económica en las personas con discapacidad y sus familias', que el comité presentó recientemente para plasmar las repercusiones negativas que afectan a este colectivo en la actualidad.

En dicho estudio, el organismo ponía de manifiesto, entre otras cuestiones, cómo la coyuntura económica influye directamente a las unas entidades que resultan claves para las personas con discapacidad, llevando a muchas de ellas a situaciones de desempleo, pérdida de liquidez y gran dependencia de la financiación pública.