Naciones Unidas somete a examen a España

Naciones Unidas examinará este miércoles el estado de los Derechos Humanos en España en una sesión de tres horas en Ginebra, donde cualquier Estado miembro de la ONU podrá plantear preguntas sobre torturas, racismo, la situación de los menores inmigrantes no acompañados, los demandantes de asilo o el proceso abierto contra Baltasar Garzón por intentar juzgar los crímenes del franquismo.

El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José de Francisco, encabezará la delegación española, integrada también por la Abogacía del Estado y representantes de casi todos los Ministerios.

La Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de las Civilizaciones que decoró el artista mallorquín Miquel Barceló acogerá desde las 9.00 horas este primer examen a España, al que se someterán el mismo día otros 14 países y por el que habrán pasado todos los miembros de la ONU para diciembre de 2011, después de que esta prueba, denominada Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos, fuera una de las novedades más destacadas que conllevó la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2008.

La delegación española dispondrá de un total de sesenta minutos para tomar la palabra, tanto para una primera intervención como para responder a las preguntas de los Estados miembros que deseen intervenir, y que no se conocerán hasta hoy, informaron ayer a Europa Press fuentes diplomáticas.

Las preguntas se basarán en la documentación aportada por España, distintos organismos de la ONU y ONG. Fuentes del Ministerio de la Presidencia de la que depende la Secretaría de José de Francisco confirmaron a Europa Press que la delegación está preparada para hacer frente a preguntas sobre “prevención de la tortura, igualdad de género, discapacidad, racismo, derecho de asilo”, así como la situación de las prisiones y centros de menores. Tampoco descartaron que salga a colación el proceso abierto contra Garzón por intentar juzgar los crímenes del franquismo.

En este último punto, es previsible que la respuesta de la delegación española no diste mucho del mensaje en el que ha insistido la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en los últimos tiempos, con respecto a que se trata de una cuestión judicial que no pone en duda la fortaleza de las instituciones españolas.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) consideró una “amenaza a la independencia judicial la reciente apertura de una causa contra un juez por haber investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después de la Guerra Civil española”, según recoge la documentación con las aportaciones de las ONG.

Amnistía Internacional , por su parte, insta en su informe a España a que localice, exhume e identifique los restos de personas enterradas en fosas comunes y tipifique como delito la desaparición forzada en la legislación española, “ya sea obra de actores estatales o de personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

España pondrá en valor, añaden las fuentes del Ministerio de la Presidencia, su “firme defensa de los DDHH”, que son una parte sustancial y uno de los ejes de la acción del Gobierno, tanto dentro de las fronteras de la nación como en su acción exterior.

Recordará además que ha ido suscribiendo distintos convenios internacionales en la materia, que ha desarrollado leyes como la de Igualdad, contra la Violencia de Género, de Dependencia, y que es uno de los países más comprometidos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas que la comunidad internacional se fijó en el año 2000 para reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en el horizonte de 2015.

Desde el Ministerio de la Presidencia se destaca que la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH ha reconocido la seriedad, el esfuerzo y los recursos que aplica España a estas políticas, en la recopilación que ha preparado para este examen.