No a la Educación para la Ciudadanía
La Rioja ha sido la primera comunidad autónoma en reconocer el derecho de los padres a objetar al conjunto de las asignaturas que engloba el término 'Educación para Ciudadanía', de forma que los alumnos afectados quedan formalmente exentos de asistir a las clases de estas asignaturas y de ser evaluados de las mismas.
Según indicaron las asociaciones 'Profesionales por la ética' y 'La Rioja, educación en libertad' en una nota de prensa, la Consejería de Educación de La Rioja empezó ayer a notificar a los padres objetores las resoluciones en las que la Administración riojana rectifica su anterior postura, en la que se declaraba incompetente para declarar directamente este derecho.
Ahora la Consejería acepta expresamente, sin dejar a un lado algunas cautelas formales, que el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura ha sido directamente reconocido y amparado por los Tribunales de Justicia, motivo por el que acoge la solicitud planteada.
La Rioja es, con Andalucía, Aragón y, muy recientemente Castilla-La Mancha, una de las cuatro comunidades en las que se han dictado fallos judiciales favorables a la objeción de conciencia a 'Educación para la ciudadanía'.
En concreto, La Rioja acumula 21 sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los padres, al declarar que la nueva asignatura impone una concepción moral e ideológica que supera los límites constitucionales y que, por lo tanto, oprime la libertad de conciencia de los padres de los alumnos.
Las resoluciones conocidas ayer han sido recibidas con gran satisfacción por el movimiento objetor a 'Educación para la Ciudadanía', así como por la plataforma de padres 'La Rioja educa en libertad', que considera que la decisión de la Conserjería implica un compromiso “claro y valiente” con los derechos fundamentales de los ciudadanos y con la libertad de educación.
Desde 'Profesionales por la Ética', una de las entidades nacionales que apoya la objeción de conciencia de los padres, también han valorado muy positivamente las resoluciones del Gobierno riojano, puesto que, a su parecer, representan un avance fundamental desde el punto de vista de los derechos cívicos.
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