La promotora de la Operación Chamartín asegura que los contratos con Adif “se ajustan plenamente a la legalidad”

Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad privada formada por el banco BBVA y la constructora San José para la Operación Chamartín, ha emitido un comunicado este viernes “ante las informaciones que se han publicado en los últimos días” desveladas por eldiario.es. La promotora privada defiende, en su escrito, que los contratos con Adif, la empresa pública propietaria de los terrenos, que hasta ahora habían sido secretos, “se ajustan plenamente a la legalidad y no contienen irregularidad alguna”.

“Ninguna de las condiciones recogidas en estos documentos supone menoscabo alguno del patrimonio del Estado, ni busca beneficiar al promotor privado a costa del interés público”, asegura DCN en su comunicado.

La empresa privada que tiene la concesión de los terrenos no menciona a lo largo del escrito el acta del consejo de administración que este jueves publica eldiario.es y por la que amenazaba a este medio con emprender acciones legales si se hacía pública. Sobre esa pretensión, la sociedad no ha hecho ninguna apreciación.

DCN solo hace referencia a la noticia que este diario publicó el pasado mes de diciembre cuando se hizo público el contrato que iba a firmar con Adif el 28 de ese mes. La promotora de la Operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, asegura que la afirmación de que se vende suelo público a la mitad de lo que fija el mercado es “infundada” porque “estos cálculos no tienen en cuenta” circunstancias como “el volumen total de suelo, los dilatados plazos de ejecución del proyecto, las elevadas cargas de urbanización y los riesgos asociados a los múltiples y complejos procedimientos administrativos”.

Distrito Castellana Norte también se refiere a la forma de pago de 20 años anualidades, a un interés “muy bajo” del 3%, según calificó el presidente de la compañía en el consejo de administración del 30 de enero de 2015. A este respecto, “los cambios en la forma de pago no han supuesto pérdida económica alguna para Adif”, asegura la promotora.

La filial de BBVA y la constructora San José también hace referencia a los numerosos cambios en las condiciones del contrato inicial que se han ido produciendo a lo largo de 25 años, pese a que la adjudicación partía de un concurso público. 

“Cabe recordar que el objeto del contrato, tal y como se concibió en el concurso público de 1993, estaba muy abierto, pues se refería a aprovechamientos urbanísticos futuros no concretados, por lo que la superficie, el precio y la forma de pago de los terrenos se han ido concretando desde entonces. Todas estas variables se ajustan plenamente al interés general de la actuación, a la realidad del mercado, a los plazos de ejecución del proyecto y a su complejidad técnica y jurídica”, defiende la sociedad.

En un primer momento cuando se firma el contrato inicial en 1994, el terreno afectado era de 625.000 metros cuadrados, menos de la mitad del que finalmente será. A lo largo de los años, el terreno afectado se llegó a triplicar, el porcentaje sobre los beneficios se rebajó primero al 20% y después se cambió por un pago fijo. Y muchas otras cláusulas del acuerdo, que eran favorables al Estado, se cambiaron hasta convertir esa explotación conjunta en una venta de más de un millón de metros cuadrados; una enorme cantidad de terreno sobre el que ningún otro promotor inmobiliario ha podido presentar ofertas.

Según DCN, estos cambios en las condiciones del Estado “nunca han afectado a las condiciones esenciales del contrato original, por lo que no se ha considerado exigible la convocatoria de un nuevo concurso público”. La empresa asegura que así lo consideró la Abogacía del Estado, unos informes que a día de hoy siguen siendo secretos.

Este medio, sin embargo, publicó un informe jurídico de Renfe de 2001, que al contrario de lo que defiende DCN, pidió romper el contrato por los “graves incumplimientos” de la empresa sobre las cláusulas del contrato y porque generaba “graves perjuicios para el interés público” mantener la concesión que había cambiado significativamente desde el acuerdo firmado en 1994.

La empresa Distrito Castellana Norte termina su comunicando reiterando “su firme voluntad de seguir impulsando el proyecto de regeneración urbana del norte de Madrid”.