Por la estrecha acera de la vía Carpetana avanzan trabajosamente José Manuel, de 78 años, y María, su esposa, camino a la que desde hace 54 años ha sido su casa. No ha amanecido aún y hace frío en Carabanchel; el agua se condensa en las lunas de los coches aparcados en la calzada y las manos se agrietan rápido si uno no lleva guantes.
Son casi las ocho de la mañana y el matrimonio ha dormido fuera del hogar por primera vez en años. Se supone que hoy van a desahuciarlos y la familia vació esta semana el piso. Apenas quedan un sofá y una banqueta en el modesto salón al que ambos regresan para esperar acontecimientos. A que vengan los antidisturbios (finalmente no lo harán), a que aparezca el Samur Social, a que se presente la comisión del juzgado a decirles si finalmente se tienen que ir. Tras unas horas de zozobra, un respiro. El desalojo se paraliza hasta el 18 de febrero.
Pasadas las fiestas, la temporada de desalojos de inquilinos de 2022 empezó en Madrid con José Manuel y María, que llegaron al bloque desde Extremadura, en una de las oleadas del éxodo rural de los sesenta. Al principio lo compartían con otras tres familias. Después se quedaron ellos solos. Aquí nació su hijo, José, que hoy mira con cara de pena la estancia vacía en la que nació.
La familia abona un alquiler de renta antigua y José Manuel, que fue electricista municipal, siempre ha ido pagando. Pero hace unos años tuvo problemas de salud. Sufrió tres microinfartos y, en aquella debilidad, dejó de abonar algún recibo de la comunidad. Unos 800 euros, en total. La casera original ya había fallecido y el heredero que hoy encabeza las reclamaciones no tuvo contemplaciones. Aunque la renta en sí nunca se había dejado de pagar y la deuda se acabó saldando, el juzgado dio la razón al propietario.
Suben a la casa fotógrafos de prensa, vecinos, hasta el cura del barrio, Antonio, que viene a dar ánimos y recordar que al Señor no hay que intentar entenderlo. José María, que de joven corría maratones, conserva en una estantería un fajo con billetes viejos de lotería. Nunca tocó el premio gordo. Desde la calle se oyen gritos, el hombre sale a saludar, la treintena de personas que abajo esperan, jóvenes y mayores, activistas por el derecho a la vivienda, le aclaman. Los vítores le azoran, se pone un poco nervioso. María lo llama: ¡Pepe, Pepe! El marido vuelve adentro, se sienta, se relaja. “Me he salido y de la emoción me ha dado un…”, explica.
“Son de otra generación, no se dejan ayudar”, suspira el hijo, que tampoco vive en el lujo, parado y enfermo de párkinson. Anoche cedieron el dormitorio de su piso a sus padres. Él durmió con el nieto en el salón, la madre en el cuarto del chaval. Ahora tiene ojeras.
Los técnicos de los servicios sociales suben hacia las nueve y media de la mañana. Hacen las preguntas de rigor: “¿Tienen alguna discapacidad? ¿Tienen dónde quedarse?”. María, más achacosa, explica que ella se arregla con el bastón, aunque le cueste caminar, pero que no la pueden operar, porque tiene la columna desviada y el riesgo no compensa el beneficio.
Llega al portal la comisión judicial. Tras unos minutos de conversación con el abogado del sindicato, acceden a posponer el desahucio hasta el 18 de febrero. El letrado sube a dar la buena noticia, aunque en un aparte reconoce que la lucha judicial está muy decantada, que solo la movilización ciudadana y la publicidad puede hacer que el casero recapacite y se avenga a negociar un nuevo alquiler, aun a precio de mercado. “Les dicen si no se pueden ir a una residencia, pero con la edad que tienen, tras toda una vida…”, opone. Con todo, José Manuel y María respiran un poco. Tienen cinco semanas para seguir peleando.
CaixaBank contra Verónica
A 15 minutos a pie, aunque a más distancia vital, está Verónica Tejero, de 32 años, los últimos nueve en un piso de la calle Urgel que ahora es propiedad de Building Center, la sociedad a través de la que CaixaBank se va desprendiendo de su parque de viviendas. Verónica dice que un tiempo atrás sí dejó de pagar el alquiler, pero que ahora tiene trabajo y podría incluso optar a una hipoteca para comprar el piso, pero que la empresa no quiere ni lo uno ni lo otro. Desde el banco oponen que sí se avinieron a negociar, pero que era la inquilina la que retrasaba el acuerdo. “Menos mal que tengo todos los [mensajes de] WhatsApp”, replica ella.
Los mismos voluntarios que esperaban en casa de José Manuel y María han ido caminando aquí hasta las inmediaciones de la casa de Verónica. El resultado es similar, con una nota positiva. La nueva fecha de desahucio es el 11 de febrero, pero la mujer ha recibido una llamada de la empresa. Parece que sí se puede negociar. Dentro de un mes, si todo se tuerce de nuevo, el sindicato de vivienda volverá al portal.