“El director médico del Gregorio Marañón sabía que se estaban analizando biopsias de pacientes privados y no hizo nada”

Juan Carlos Martínez (Madrid, 1953) denunció en 2015 que en su hospital, el Gregorio Marañón de Madrid, había una trama para analizar biopsias de pacientes privados con máquinas del centro público y con su personal. Martínez formaba parte de la plantilla del servicio de Anatomía Patológica. La Fiscalía abrió una investigación y, cuatro años después, hay cuatro acusados por el Ministerio Público –el jefe de servicio, dos patólogas y una técnica de laboratorio– esperando fecha de juicio. Se enfrentan a un año de cárcel por presunta malversación de caudales públicos. 

¿Cómo se dio cuenta de que el hospital estaba usando sus máquinas para analizar biopsias de pacientes privados, según afirma la Fiscalía en su escrito de acusación? 

Cuando llegué al laboratorio del Marañón me llamó la atención que había unos sobres con un membrete de Clínica del Rosario. Dentro estaban los bloques de parafina, donde se insertan las muestras y vi que eran de otro color, no como las nuestras y tenían otra numeración que era distinta a la del hospital. También estaban ahí apuntadas las técnicas que se pedían y me di cuenta de que estaban trayendo biopsias de fuera para analizar aquí, las pruebas más caras del servicio. 

Lo hablé con algún compañero, que me dijo que eso se venía haciendo desde hacía mucho años. Que era vox populi en el hospital. Yo tomé fotos con el móvil durante varios meses. Me indignó y quería contarlo. Emilio Álvarez –el jefe de servicio de Anatomía Patológica entonces y uno de los acusados por la Fiscalía– se jubiló en 2014. Había organizado toda esa red y había autorizado a otros médicos jubilados del servicio a seguir llevando sus biopsias privadas. Había barra libre.

¿Qué hizo con las fotos? 

Dudé mucho en si hacer pública la denuncia por el desprestigio que supone para la sanidad pública. Esperé porque Álvarez iba a jubilarse y pensaba que con su marcha,dejaría de hacerse. Pero no fue así, siguió ocurriendo. Así que dos o tres meses después de la jubilación me dirigí al que era director médico, Eduardo Junco, que había sido nombrado jefe de servicio en funciones –actualmente es jefe de Estudios–. Era como septiembre u octubre de 2014. Y yo llevaba en el hospital desde abril de 2013. Le dije que sabía que él no tenía que ver y le comenté que tenía idea de denunciarlo pero que si la práctica se cortaba, no lo haría. Lo que yo quería era que se dejara de producir. Me dijo que me llamaría pero nunca me volvió a llamar. No hizo nada, así que hablé con Comisiones Obreras, sindicato al que era afiliado, para ver cómo podía denunciarlo. Luego lo conté a la prensa, cuando presentamos el escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015.

¿La Consejería de Sanidad sabía algo? 

Una persona de Comisiones Obreras se reunió con el consejero de entonces, Javier Maldonado. Todavía no se había publicado la noticia en El Confidencial, sería una o dos semanas antes. Como no se tomaron medidas salió adelante la denuncia. El consejero sí nos dijo que lo llevaría al Director General de Recursos Humanos y les facilitamos las fotos que yo había hecho, pero no se movió un dedo. 

Una vez se hizo pública la noticia, ¿cómo reaccionó el hospital y los acusados como parte de la trama de malversación que se juzga?

El jefe de servicio, que daba clases como profesor emérito en el pabellón docente pero seguía teniendo despacho y secretaria, desapareció. No prorrogó su condición de docente y no volvió por el servicio. Y el fraude cesó, dejaron de llegar esos sobres. 

¿La Consejería de Sanidad impuso sanciones a los denunciados?

Recuerdo que les suspendieron de empleo y sueldo un mes. Para hacer práctica privada hay que solicitar permiso y  ninguno de ellos la habían hecho. A veces pienso que la Consejería lo hizo por salvar la cara. Fue un poco deprimente que la sanción fuera esa para gente con una corruptela tan gorda. Sí recuerdo que la inspección de la Consejería fue muy correcta, vinieron dos inspectoras y estuvieron entrevistando a los compañeros como 15 días después de la denuncia. 

¿Y cómo vivió usted el tiempo posterior a la denuncia cuando tenía que convivir con compañeros a los que había señalado?

Era desagradable, la verdad. Hubo gente que dejó de hablarme, me hostigaba y me desacreditaba. Tenía buenos amigos a los que empezaron también a pinchar. Una amiga un día me dijo que no podían verme con ella. Otros me insultaban y me decían que era basura. Los menos me apoyaban. La dirección se rasgaba las vestiduras de que no era posible, que era gravísimo. No me decían nada pero me buscaban las vueltas. Me acuerdo de un detalle muy chusco. Yo participaba en el coro que cantaba cuando había jubilaciones y dejaron de llamarme para ir a los actos. Era borrarme del mapa. Ya ha pasado mucho tiempo, yo me jubilé un año y medio después de aquello. El proceso ha sido largo y la defensa de los acusados han puesto muchos obstáculos para que no se celebrara el juicio. Me acusaban de invadir la intimidad por tener acceso a las biopsias. 

¿Cómo pudo ocurrir que nadie en el hospital, si era tan evidente el fraude que usted relata, actuara? 

Era algo muy descarado. Yo creo que tiene que ver con que hay mucha gente contratada como eventual, con contratos de tres meses. Se les despide y se les vuelve a contratar a propuesta del jefe de servicio, que era Emilio Álvarez. Si quieres tener un contrato no te puedes enfrentar porque no te van a volver a proponer. Cuando yo estaba, de los 12 médicos solo cinco teníamos plaza en propiedad y solo cuatro no teníamos práctica privada. Los demás eran temporales y eso es una espada de damocles tremenda.

La gente lo sabía y no hacía nada. Estaban asustados y en el juicio muchos lo han negado. Algunas personas, como dos médicas que están acusadas por la Fiscalía, se beneficiaban.Las dos trabajaban en la Clínica del Rosario por las tardes. En realidad con ellas había, creo yo, un doble mecanismo de control. Estaban atrapadas pero se sacaban un dinero porque facturaban las biopsias a los pacientes y a las aseguradoras y se lo quedaban. Luego también se permitía que la gente jubilada que estaba en la privada siguiera mandando biopsias. Lo hacía el anterior jefe de servicio. 

La jueza que investiga el caso sostiene que el mayor perjuicio fue que se retrasaban los resultados de los pacientes del hospital público. 

Yo lo viví. Una de las cosas que más me indignó es que había técnicos que se quejaban de que las biopsias privadas eran las primeras que se procesaban y, cuando acababan con las privadas, se ponían a hacer las del hospital. Me lo contaron varias personas, que hasta que no llegaban estas biopsias no se ponía en marcha la máquina.

Además, el servicio estaba muy deteriorado pese a que el hospital era muy prestigioso. Nuestra plantilla era la mitad que en otros servicios de hospitales similares como el Ramón y Cajal o el 12 de Octubre. Las jubilaciones no se cubrían y llevaban años sin dar dotación para la renovación de material. Recuerdo que venían técnicos de hospitales pequeños que se quedaron sorprendidos. Estaba en una situación de abandono tremendo. Eso no sé a qué responde. Como el gasto del servicio era muy alto y estas técnicas son caras, supongo que recortaban por el personal. Cada una de las biopsias costaban en 2014 entre 13 y 15 euros por técnica aplicada. 

En el proceso de investigación, ¿las clínicas privadas han declarado? ¿Han asumido alguna responsabilidad en todo lo que relata el Ministerio Público?

A las clínicas privadas no se les ha exigido nada. Ellas no eran las que mandaban las pruebas al Marañón. En la inspección que hizo la Consejería de Sanidad, las personas encargadas sí acudieron a las clínicas para rastrear si el material del Marañón correspondía con historiales de San Rafael, del Rosario, San Juan de Dios... Los máquinas que se usan en laboratorio están controladas por ordenador y hay un listado de todo lo que se hace. Las inspectoras recibieron una copia, hay constancia documental que fue contrastada. 

Me acuerdo de que en una rueda de prensa convocada por CCOO apareció un representante de las clínicas privadas de Madrid y dijo que habían prescindido de los médicos señalados en la denuncia porque les perjudicaba a su imagen.