Los hechos que han desatado el choque de trenes entre Cifuentes y Carmena por el transporte en Madrid
El detonante han sido los presupuestos. Pero la pugna entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento por el transporte de Madrid arrancó a los pocos días de celebrarse las elecciones, cuando aún ni siquiera habían tomado posesión Cristina Cifuentes y Manuela Carmena. Y ha ido creciendo con el paso de los meses.
Golpe de mano en el Consorcio
Desde su creación en 1985, el Consorcio de Transportes tiene una comisión delegada nombrada por el consejo de administración. Es como un consejo de administración reducido, que cuenta con tres representantes de la Comunidad y tres representantes del Ayuntamiento, y que toma las decisiones ejecutivas del Consorcio.
Pues bien, ocho días después de las elecciones del 24 de mayo, el entonces consejero saliente de Transportes de Ignacio González y actual concejal de Esperanza Aguirre, Pablo Cavero, convocó como presidente el consejo de administración del Consorcio de Transportes, que contaba con una mayoría de vocales en funciones, y modificó las reglas de juego. ¿Cómo? Pues, a partir de entonces, el presidente del Consorcio tiene voto de calidad, se termina con el espíritu de que la comisión sea paritaria y que los asuntos tengan que aprobarse por mayoría absoluta tras un obligado consenso. “Al Presidente le corresponde dirimir con su voto los empates, a efectos de la adopción de Acuerdos”, dice el nuevo texto. Así, a partir de ese momento, la comisión delegada pasa a estar controlada por quien controle el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Metro en verano
El primer escollo surgió en junio y julio a raíz de la reducción del servicio de Metro de Madrid S. A. El metro es una empresa de la Comunidad de Madrid, que se quedó con el 100% de ella cuando Esperanza Aguirre compró la parte que tenía el Ayuntamiento de Madrid –el 75%– en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón tras ganar las elecciones de 2011.
El Ayuntamiento, así, calculaba un ahorro de unos 140 millones anuales a unas arcas municipales exiguas por la obra de la M-30, pero, a cambio, se quedaba sin la titularidad de la empresa, integrada en el Consorcio Regional de Transportes. El Consorcio depende orgánicamente de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, propietaria desde entonces del metro, que se comprometió a asumir el 100% del déficit de tarifa del Metro.
En el consejo de administración del Consorcio, además de la Comunidad, están representadas asociaciones de empresarios, el Estado, RENFE, el Ayuntamiento de Madrid, los sindicatos CCOO y UGT, representantes de usuarios, y un representante de los Ayuntamientos de la región.
Pues bien, en el pasado verano, el Ayuntamiento denunció el “incumplimiento” en los meses de junio y julio las tablas de trenes. Es decir, la reducción de las frecuencias de paso en las diferentes líneas: la concejalía de Movilidad, de Inés Sabanés, entendía que la reducción excedía los límites previstos. Y, según la documentación, el Ayuntamiento no obtuvo contestación a su protesta, ni se trató “explícitamente en la comisión delegada ni en el consejo de administración” del Consorcio de Transportes.
Tarifas
¿Qué repercusión económica va a tener la congelación de las tarifas para la legislatura? Esta es una pregunta que, según ha podido saber eldiario.es, el Ayuntamiento ha trasladado a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, según las fuentes, no se ha realizado ningún análisis en los órganos de gestión del Consorcio de Transportes.
Abono Joven
La presidenta regional concurrió a las elecciones con la promesa electoral de que el abono joven hasta los 26 años tendría un precio de 20 euros. Y en julio anunció que entraría en vigor a principios de octubre, coincidiendo con el inicio del curso universitario.
Pero, claro, la rebaja del precio, que beneficia a sectores amplios de la población, suponía, según cálculos del Gobierno regional, una aportación extra al Consorcio de 64 millones de euros.
El asunto fue tratado y aprobado por el Consorcio el 14 de septiembre. Sin embargo, entre la convocatoria y entrega de la documentación a la comisión delegada y el consejo de administración “hubo solo dos días laborables para analizar los papeles, que eran insuficientes”. “Nos tememos que las previsiones de coste queden ampliamente rebasadas y originen un importante agujero en los presupuestos”, sostienen miembros del Consorcio.
Abono Intermodal de 10 viajes
Es el abono que pide el Ayuntamiento, para que no haya que picar dos veces si, justo después de haber cogido un metro –o metro ligero–, se coge un autobús de la EMT, o viceversa. La idea es crear una tarjeta recargable sin contacto, es decir, que funciona simplemente aproximándola a un lector electrónico.
Sin embargo, aunque el Ayuntamiento ha pedido abordarlo en los órganos directivos del Consorcio y se ha aprobado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de la Comunidad a trasladar este asunto, aún no se ha tratado explícitamente en la comisión delegada ni en el consejo de administración.
La falta de respuesta también ha existido, según miembros del Consorcio, a las preguntas del Ayuntamiento sobre las consecuencias de una posible huelga de metro convocada por CCOO y UGT. Así como de la solicitud de información sobre el abono para personas acogidas al Plan de Activación de Empleo con tarifa plana. “Se solicitó información al respecto sin haber recibido la más mínima documentación al respecto”, explican las fuentes: “El próximo 6 de noviembre se tratará el tema en la comisión delegada y el consejo de administración, pero la documentación ha sido remitida el lunes 2 de noviembre junto con la convocatoria”.
Nuevo protocolo de calidad del aire
El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un nuevo protocolo de calidad del aire más restrictivo según el cual se puede llegar a restringir el tráfico en caso de contaminación elevada. De ser así, el protocolo prevé que el transporte público sea gratuito.
Tras el anuncio de las nuevas medidas a mediados de septiembre, el Consorcio de Transportes se quejó por no haber sido consultado. Sin embargo, aún no se ha discutido el tema, aunque el Ayuntamiento afirma haberlo solicitado en dos ocasiones.
Este lunes, no obstante, El País publicaba en exclusiva “un informe estimativo del Consorcio” que cifra en “4 millones diarios el coste del cierre del tráfico por contaminación” que el Ayuntamiento afirma no tener y que, tras solicitarlo a la Consejería y al Consorcio, “se contesta que dicho informe no existe”.
Autobuses a los hospitales Infanta Leonor y Ramón y Cajal
Llegar en autobús a los hospitales Infanta Leonor de Vallecas y el Ramón y Cajal requiere de trasbordos para los vecinos de la zona. En junio, nada más tomar posesión del cargo como concejal presidente del distrito de Vallecas, Francisco Pérez se dirgió al Consorcio para que fuera gratuita la línea H1 para aquellos viajeros que hubieran cogido otro autobús previamente y se dirigieran al hospital. Al final, así será, pero el 100% del coste de la medida correrá a cargo del Ayuntamiento.
Una idea parecida es que exista una línea exprés San Blas-Canillejas-Hospital Ramón y Cajal, pero de momento sólo se ha abordado en octubre por el Consorcio y aún no se ha aprobado.
Aunque la titularidad de la EMT es municipal, es el Consorcio de Transportes el que toma las decisiones y decide modificaciones de trayectos, cambios, aperturas y cierres de líneas.
Presupuestos
Es el detonante final. El anteproyecto de presupuesto del Consorcio de Transportes aprobado el 28 de octubre de 2015 con el voto en contra de los vocales representantes del Ayuntamiento de Madrid, de los sindicatos y un representante de Ayuntamientos de la región. ¿Por qué?
Las relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio de Transportes se rigen por un convenio. El último, servía para los años 2013, 2014 y 2015, y establecía que se pasaba de una financiación 50%-50% de las operaciones de la EMT (vigente hasta 2013) a un progresivo 55%-45% en 2015, siendo el Ayuntamiento el que aportaba el 55% y la Comunidad el 45%.
El Ayuntamiento de Madrid reclama que se regrese a ese 50%-50%, un 50%-50% que, según el Anexo I del convenio, también regía para las inversiones –compra de autobuses, por ejemplo–. Dice así: “Gastos de capital de la EMT: Cincuenta por ciento de las necesidades”.
Sin embargo, además de que los presupuestos del Consorcio consolidan ese 55%-45% para los gastos del funcionamiento de la EMT, establecen que el 100% de la inversión para nuevos autobuses, unos 42 millones, recaigan enteramente en el Ayuntamiento. Y todo ello sin que exista un convenio para el año 2016 y sucesivos.
¿Y qué dice la Comunidad?
La Comunidad defiende que los recursos para el Metro, empresa de la que es única propietaria, aumentan en un 9% (70 millones más). Y que los de los autobuses interurbanos y las líneas ferroviarias se incrementan respectivamente en un 2,8% y un 1,3%. Además, el equipo de Cristina Cifuentes ha defendido que su aportación al Consorcio de Transportes se incrementa en un 19% (176 millones más), mientras que la del Ayuntamiento solo crece un 4% (4 millones adicionales).
Según cifras aportadas por la Comunidad, esta aporta el 78% del presupuesto administrativo del Consorcio de Transportes, mientras que el Ayuntamiento pone el 10%. El Estado contribuye con el 11% y el resto de corporaciones locales y comunidades autónomas, con el 1%.
Por contra, esta es la tabla de cómo se distribuye el gasto en la EMT elaborada por el Ayuntamiento a raíz de los presupuestos del Consorcio:
