“Esta condena no nos repara. Los inquilinos seguimos en la misma situación con Blackstone”

Beatriz Rodríguez tenía 25 años cuando su marido llamó a la peluquería en la que trabajaba para darle la noticia: habían sido adjudicatarios de una vivienda del plan Joven del Ayuntamiento de Madrid. “Lloraba de alegría. Fue como un regalo. No nos podíamos imaginar que esto iba a terminar así”, dice al otro lado del teléfono. Es una de las inquilinas de las viviendas que en 2013 fueron vendidas por la exalcaldesa Ana Botella al fondo buitre Blackstone y la secretaria de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de la EMVS. 

Una operación por la que la regidora del PP y otros seis concejales, además del consejero delegado de la EMVS, han sido condenados por responsabilidad contable. Según la sentencia del Tribunal de Cuentas conocida este viernes, la venta se efectuó por un precio inferior al de mercado, sin una tasación fiable, sin publicidad, facilitando información privilegiada y obviando el interés público. 

¿Cómo ha recibido la sentencia del Tribunal de Cuentas? 

La noticia me ha sacado de la cama por un mensaje de Arancha Mejías, la presidenta de la asociación de afectadas por la venta. Esto pone en evidencia lo que ya sabíamos: que las cosas no se han hecho bien y que hay muchas negligencias. Estaos contentas porque se empieza a hacer justicia. 

¿El fallo le repara de alguna manera?

Nosotros seguimos en la misma situación. Esta condena no nos repara. No se ha tenido el cuenta el daño a los inquilinos que seguimos resistiendo y todo el que se ha hecho a los que ya se han tenido que marchar por las subidas de más del 40%. La gente no puede asumir la subida y se va. O se mete en procesos judiciales con demandas de desahucio. La llegada del Blackstone te obliga a tomar una decisión: o te plantas y te quedas, con todas las consecuencias; o asumes la derrota y te vas. A mí me costó, no teníamos información. Ha sido todo un proceso de irnos enterando a través de la asociación, entre las vecinas... 

¿Cuál es su situación ahora? 

Fidere (la socimi dependiente de Blackstone que gestiona las viviendas) nos demandó por expiración de contrato y tuvimos un juicio en octubre que no salió muy bien. Nosotros nos negamos a firmar el último contrato porque suponía una subida más que ya no podíamos asumir. Cuando entramos pagábamos menos de 300 euros y ahora casi 600. Yo sigo consignando mi renta mensual, la del último contrato, en el juzgado, así que no pueden echarme por impago. Nos mantenemos así en la vivienda porque no nos queda otra. No me quiero ir ni quedarme de okupa. 

¿Qué supone vivir así el día a día?

Esto me ha cambiado la vida. No puedes hacer planes de futuro. Vivimos en el día a día. El día que vinieron los concejales a darnos las llaves nos dijeron que a los diez años serían nuestras. Que qué suerte teníamos. Nos vendieron que era un regalo que pudiéramos comprar estas casas de calidad. Eso nunca pasó porque con la venta perdimos el derecho a compra. Fue un engaño en toda regla. Nunca llegamos a imaginar esto. Todavía me acuerdo del día que mi marido me llamó a la peluquería para contarme que nos había tocado, que éramos adjudicatarios. Yo lloraba. Nos podíamos independizar, era una ilusión tremenda. Yo tenía 25 años. 

Ahora tengo una hija pequeña y en estos años nos hemos gastado en el alquiler y las subidas los ahorros que teníamos para esa hipotética compra. El tema del trabajo no nos ha acompañado durante la crisis. Ahora estamos un poco mejor pero no estoy segura de que pudiera hacer frente a un alquiler a precio de mercado ahí afuera. Todos los días pienso en lo injusto que es esto. No hemos hecho nada malo. Optamos a una vivienda y luego nos han cambiado todas las condiciones porque unos políticos han tomado una decisión que ha impactado en nuestra vida. Ya solo por eso quiero lucharlo hasta el final. 

¿Cómo se enteró de que la casa en la que vivía ya no era pública?

Lo hicieron todo a nuestras espaldas. No no avisaron de nada. Ni siquiera con los primeros recibos. Durante diez años archivaba mi recibo mensual y no me di ni cuenta. No sospechaba que nada de eso fuera a ocurrir. Hasta que uno de los vecinos se dio cuenta del cambio del emisor. ¿Pero quién es esta gente? Y así nos enteramos. No te haces a la idea de que te han vendido a una empresa. No tienes ni idea de qué va esto y cuando empiezas a tirar el hilo te das cuenta. Poco después de saberlo, la alcaldesa de Madrid nos dijo en nuestra cara en un pleno que solo cambiaba el emisor del recibo. Eso lo tengo guardado. Nos engañaron. 

La investigación penal por la venta sigue abierta, ¿qué esperan del proceso y de la justicia? 

Ahí lo que esperamos es que después de todo el trabajo y la lucha que este avance ayude, que abra la vía para que vaya hacia adelante. Con esto ha quedado claro, aunque la recurran, que Ana Botella y su equipo cometió irregularidades graves. Que esto nos sirva para que el juez que instruye lo tenga en cuenta. 

Lo único que pedimos y necesitamos es que se revierta la venta. Estas viviendas no pueden ser de una empresa privada. Se han pagado con dinero público y el fondo buitre se está enriqueciendo a costa de unas viviendas que no se hicieron con este fin. Se construyeron para personas como yo, que no teníamos posibilidad de acceso a una vivienda libre.