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MADRID

La justicia obliga a la Comunidad de Madrid a explicar por qué ha masificado las aulas

La administración inadmitió los recursos de CCOO por el sobrecarga por encima de lo que marca la ley en 2015-2016 aduciendo "falta de legitimación" 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba este argumento y obliga al Gobierno de Cifuentes a responder a dichos recursos

La sentencia afirma que el número de niños y niñas por aula afecta a la "calidad", a la "atención" y a las circunstancias del profesorado

Cristina Cifuentes en la inauguración del curso escolar 2015-2016. / Madrid.org

Cristina Cifuentes en la inauguración del curso escolar 2015-2016. / Madrid.org

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Gobierno de Cristina Cifuentes a justificar por qué masificó las aulas en el curso 2015-2016. La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, parte de un recurso de Comisiones Obreras que terminó en los tribunales ordinarios ante la falta de respuesta de la Consejería de Educación por la vía administrativa. El sindicato denunció (en este caso concreto) que el número de alumnos y alumnas por aula se excedía los límites legales en el área norte de la región, con datos recabados colegio a colegio.

"Pedíamos que nos justificaran el porqué la subida y en virtud de qué normativa. Y pusimos en conocimiento que había centros por encima del 20% más que permitió circunstancialmente el Gobierno por la reducción de la tasa de reposición del profesorado de 2012 a 2016", explica Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid. La administración respondió que el sindicato no estaba legitimado para presentar un recurso de este tipo, argumento que ha tumbado la justicia.

Las juezas de la Sección Octava del TSJM entienden que el número de niños y niñas por aula "es una cuestión que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza, en tanto en cuanto atañe a su calidad y a las circunstancias concretas en que el profesorado desempeña su actividad, y en particular a la atención que puede dedicar al alumnado". 

En 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un real decreto de medidas de racionalización del gasto público que avaló hasta 2016-2017 la sobrecarga de las aulas. Pero desde ese curso los máximos son los establecidos por la Lomce: 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. El curso pasado la Comunidad de Madrid siguió, pese a que ya no estaba permitido, manteniendo aulas con más alumnado del permitido, como publicó eldiario.es, irregularidad que también ha sido denunciada por CCOO ante la administración. 

Fuentes de la Consejería de Educación explican a eldiario.es que "los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid consideraron que el recurso planteado por Comisiones Obreras no invocaba la relación entre las ratios y las condiciones de los docentes representados por el sindicato". Las mismas fuentes dicen que los abogados se encuentran "estudiando" esta sentencia, sin entrar en más valoraciones. 

Otros cuatro recursos pendientes

CCOO admite que esta primera sentencia es "muy importante". "Es un buen precedente para nosotras porque abre la puerta para otras veces que nos han dicho lo mismo, que no estamos legitimadas". El sindicato tiene presentados otros cuatro recursos en otros juzgados y todos menos uno se han inhibido en favor del TSJM.

"Ahora sabemos que la administración está obligada a darnos la información. Iniciamos el trámite jurídico porque teníamos las pruebas de que estaba incumpliendo", dice Galvín, que asegura que las ratios en este último curso ya se están ajustando a la legalidad. "Se nota que estamos impulsando una denuncia que está obligando al Gobierno a pensárselo, sobre todo en los primeros cursos, porque han visto que la justicia les ha pedido cuentas y papeles. Antes o después van a tener que bajar", añade.

En el curso 2016-2017 el Gobierno de Cifuentes empleó un mecanismo previsto por Lomce para circunstancias excepcionales para justificar la masificación de más de 5.000 aulas, una de cada diez en la región, según una respuesta del Gobierno de Cristina Cifuentes al grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid.  Varios sindicatos, también CGT, denuncian que "la excepción se ha convertido en norma".  

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