Juan Federico nació antes de tiempo, tras un embarazo de menos de seis meses. Fue un gran prematuro, con un montón de complicaciones médicas, que hoy, con 17 años, es un muchacho feliz, pese a sus limitaciones. Juan o Juanillo, como lo conocen en casa, es un dependiente de grado 3, el más severo, va a un colegio especial y debería estar vacunado ya contra la COVID-19, según las directrices estatales y el plan de la Comunidad de Madrid, donde vive. Pero el joven sigue sin saber cuándo ni dónde recibirá el pinchazo. “Cualquier enfermedad del sistema respiratorio puede ser mortal para él. Me da terror, después de todo lo que ha pasado”, se alarma al teléfono Inés Ibáñez, su madre. Como Juan, unos 35.000 grandes dependientes que no están internados en residencias, cuya vacunación debería haber empezado paralelamente a la de los mayores de 80 años, si no antes, esperan noticias, mientras sigue sin haber protocolos ni listados para proceder a la inoculación, sea en casa o e los centros de salud, según denuncian los propios dependientes y los profesionales del sector.
El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, anunciaba este viernes que la vacuna a este colectivo de población se iniciará el lunes. Una semana de retraso respecto a los planes iniciales y diez días después de que hayan empezado a vacunar a los mayores de 80 años y a profesores. Los 7.925 dependientes inmovilizados recibirán la visita de las enfermeras en sus domicilios, donde también serán inyectados sus cuidadores, explicó el viceconsejero. Los otros casi 23.000 con capacidad serán citados en sus centros de salud. Los grandes dependientes inmovilizados mayores de 55 años (7.360) recibirán durante el mes de marzo la primera dosis de la vacuna de Pfizer. El resto, 565 grandes dependientes inmovilizados de entre 18 y 55 años se les administrará la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, dado que ésta solo se administra a ese grupo de edad.
La espera ha sido larga. “Si están encamados o inmovilizados, estos pacientes se están dejando en 'standby' hasta que tengamos instrucciones”, lamenta los retrasos Juan José Jurado, portavoz de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (Femap), y enfermero en un centro de salud de Fuenlabrada. “No tenemos ninguna información, ni como sociedad científica ni como enfermeros asistenciales”, insiste. “No se nos deja controlar la vacunación como siempre se ha hecho; con las campañas de la gripe nunca ha venido Salud Pública con el listado. No entendemos esta desconfianza de la Consejería de Sanidad y la Gerencia de Atención Primaria”, señala Víctor Jiménez, de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente. Jurado abunda: “Tenemos cartografiados los domicilios, sabemos dónde están los pacientes y podríamos planificarnos”.
Vacunar a dependientes en sus casas tenía cierta complicación, porque los compuestos tienen que conservarse en frío, y una vez preparados los viales, no se pueden agitar, recuerda Víctor Jurado. En esto se ha escudado la Comunidad de Madrid. “Pfizer [fabricante de una de las vacunas] acaba de cambiar la ficha, quedaba que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos lo trasladara oficialmente”, alegan desde la consejería de Sanidad. Pero el cambio de la ficha solo afecta a esta vacuna en concreto, y lo que permitiría es conservar las dosis a mayor temperatura. En todo caso, esto no ha supuesto impedimentos en otras comunidades autónomas. En Asturias, hasta la televisión pública ha hecho un reportaje acompañando a enfermeros que visitan a los mayores del rural para aplicar los viales.
El documento informativo de vacunación de la Comunidad de Madrid señala que los grandes dependientes se deberían vacunar incluso antes que los mayores de 80 años. La semana pasada, Sanidad comunicó que la campaña empezaría al mismo tiempo para los dos grupos. Mientras tanto, ya se está inoculando a policías y bomberos, otro de los colectivos que a priori iban por detrás en el orden de preferencia, en el llamado 'vacunódromo' del estadio Metropolitano.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi Madrid) señaló el miércoles en un comunicado que ya no se puede esperar más: “El no inmunizar cuanto antes a estas personas supone un gran retroceso en su calidad de vida, y en muchos casos, si contrajeran la enfermedad es probable un desenlace no deseado”, advierte la nota. “Estamos viviendo con mucha incertidumbre”, dice David Fernández, presidente de la Asociación Madrileña de Personas con Enfermedades Neuromusculares, que critica: “Si dicen que se va a actuar de una manera, que se haga”. Fernández también es dependiente de grado tres, y padece problemas respiratorios. “Si en circunstancias normales tenemos que tener cuidado con los catarros, ahora muchísimo más. Las relaciones sociales están a cero”, explica.
“Estamos improvisando sistemáticamente, achacándolo a que no hay vacunas. Tendría que existir una estrategia desde hace meses, que no ha existido”, censura Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Fanma), que llama la atención sobre el limbo en el que se encuentran quienes, estando en situación de dependencia, no la tienen reconocida como tal. La estrategia estatal los incluye en el grupo prioritario, pero en la práctica no hay un procedimiento para cruzar datos entre centros de salud y servicios sociales, apunta Font, que resume: “En la Comunidad de Madrid estamos completamente olvidados”.
Los relatos personales de impotencia se suceden, con sus matices. “Si tienes la suerte de tener confianza con el enfermero que te toca y conoce tu situación, a lo mejor tiene la posibilidad de que si sobra alguna de las dosis de la vacuna de AstraZeneca que ese día ha puesto a otras personas, te llame y te inocule a ti”, apunta por correo electrónico Ángel Lozano, con un 87% de discapacidad reconocida. Manuel Giménez, universitario, sí consiguió que le dieran cita y lo vacunaron el lunes. A él sí lo pudieron acompañar al centro de salud. A esto se agarran los más desesperados. “Mejor coger un taxi arrastrado que estar en casa esperando a que 'en breve’ llamen”, opina Inés Ibáñez, la madre de Juan. Carmelo Dorado, presidente de la Asociación de Discapacitados Físicos de Alcobendas, no está siquiera en el grupo 3; su discapacidad es de grado 2 alto. Así que tendrá que esperar aún más. “A ver si voy a caer en la orilla”, se teme, y compara: “Te sientes como el náufrago que está frente al oleaje y grita que le lancen un salvavidas, a ver si puede salvar el pellejo”.