AMBE denuncia irregularidades en la adjudicación de BiciMad
Por si no fueran suficientes los problemas que está ocasionando el nuevo servicio público de alquiler de bicicletas (BiciMad) y el hackeo que algunos de sus totems sufrieron este mismo domingo (donde se podía ver la imagen de la entrepierna de un hombre desnudo), ahora es la sombra de irregularidades en su adjudicación la que se cierne sobre el proyecto estrella del Ayuntamiento.
Según ha denunciado la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el concurso presenta indicios de «conductas prohibidas» que vulnerarían el derecho a la libre competencia e insta a este organismo a actuar de oficio.
Todo comenzó el 26 de julio de 2013, cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobaba el concurso “Contrato Integral de Movilidad de las ciudad de Madrid”. En el texto se establecía como valor para determinar la solvencia de los licitadores «Un contrato gestionado en los últimos tres años de gestión de bicicleta pública, con un despliegue de bicicletas gestionadas por contrato de al menos 2.000 unidades», algo que según AMBE no cumple Bonopark S.L., la empresa ganadora del concurso.
Con informes financieros y una copia del depósito de sus Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, constataron su total falta de solvencia, tanto técnica como financiera. «El capital suscrito de Bonopark S.L. es de 625.000 euros, cuando el importe del contrato asciende a 25 millones de euros. Sus últimas ventas del balance de 2012 son de 18.000 euros y su resultado es negativo (-20.792,80 €)», denuncian desde AMBE.
Del estudio aportado además se constata la situación financiera de la empresa «a todas luces deficitaria» y advierte de su “elevado” riesgo comercial. En cuando al análisis de la situación financiera, la empresa que elabora el informe sugiere un endeudamiento “Importante”, una “muy negativa” rentabilidad financiera y una solidez “deteriorada”. Además, «la evolución de las ventas y resultados ha sido negativa y la situación financiera es desfavorable», advierten desde la asociación.
¿Cómo es posible entonces que ganara el concurso una empresa sin la fiabilidad ni la solvencia económica para poder garantizar un servicio de tal envergadura en una ciudad como Madrid? La explicación la encontramos en otra empresa, Alta Bicycle Share, una sociedad estadounidense con varios sistemas similares de préstamo de bicicletas en ciudades como Nueva York, que respaldaba la propuesta de Bonopark.
Sin embargo, en enero AMBE conoció «que BIXI, la empresa proveedora de software de Alta Bicycle Share, se encontraba en situación de quiebra, con el consiguiente peligro para el cumplimiento del contrato». Decidieron entonces comunicárselo a lo responsables del Ayuntamiento de Madrid, pero el proyecto siguió adelante.
Ante la impasividad municipal, saltaron todas las alarmas. «Esta noticia nos dejó muy desconcertados, puesto que no nos parece de recibo que el Ayuntamiento de Madrid haya concedido un contrato por valor de 25 millones de euros a una empresa insolvente que viene de la mano de otra empresa que no figura como concesionaria del contrato y cuyo proveedor de la tecnología necesaria para prestar el servicio ha quebrado», explican desde AMBE.
Por este motivo, el 24 de enero remitieron un escrito de solicitud de consulta del expediente de adjudicación a la Secretaría General Técnica del Área de Medio Ambiente, con el fin de comprobar qué tipo de relación contractual, societaria o mercantil vinculaba a la empresa adjudicataria con Alta Bycicle Share y que se justificara la solvencia económica y técnica que ha determinado la adjudicación del citado concurso.
El día 18 de febrero la Secretaría contestaba a su petición vía correo electrónico, comunicándoles que «dicha empresa resultó admitida a la licitación por la mesa, por considerar acreditados los extremos anteriores y, concretamente, su solvencia, de acuerdo con lo previsto en el art. 63 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a la integración de la solvencia por medios externos».
También se exponía en el texto que «los documentos que obran en el expediente referidos a esta acreditación suponen el compromiso de la empresa Alta Bycicle Share de cesión de su solvencia para la gestión y explotación de sistemas de bicicletas públicas a todos los efectos considerados en la legislación» y se comunicaba que «no constan en el expediente documentos referidos a la relación contractual, societaria o mercantil entre ambas empresas y que, en ningún caso, estas relaciones han sido determinantes de la adjudicación del lote 5 del contrato a favor de la empresa Bonopark».
Sin poder acceder a la documentación para su análisis, AMBE entiende que «se ha vulnerado el derecho a la libre competencia, ya que se ha resuelto por parte del Ayuntamiento de Madrid imponer unas condiciones inasumibles para cualquier empresa española del sector y, es más, se ha adjudicado un contrato de esta envergadura a una empresa que no cumple ninguna de las condiciones del pliego, dejando en manos el contrato “de facto”, y sin que haya concursado, a una empresa distinta de las que licitaron, vulnerando el principio de seguridad jurídica, con perjuicio de las competidoras», denuncian.
Según su criterio, se habría vulnerado el principio de libre competencia «porque las empresas que conforman AMBE podrían haber concurrido al concurso de haber explicitado el pliego las condiciones que luego fueron aceptadas para la adjudicación del contrato, puesto que Bonopark incumple los requisitos, como es obvio, y sin embargo se le ha concedido el contrato». Además, alegan que «hubo falta de transparencia y eso afectó a la libre competencia» y que podrían «haber entrado como asociación o pool de empresas».
El Ayuntamiento de Madrid habría concedido el contrato a esa empresa estadounidense «mediante la interposición de la figura de un intermediario insolvente y sin saber mediante qué acuerdos esas empresas van a trabajar juntas», algo totalmente inadmisible para la asociación denunciante.
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