El martes 30 de septiembre comenzaron en el Teatro de Barrio las Jornadas contra la tortura, que tendrán segunda parte el próximo 7 de octubre. Están organizadas por activistas pro derechos humanos con una larga trayectoria a sus espaldas, personas torturadas, científicos y juristas. Entre ellos cabe nombrar a Jorge del Cura (Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura), Pedro J. Larraia (que ha militado en Amnistía Internacional y trabajado en casos relacionados con la tortura), y Juan Ignacio Ruiz-Huerta (antiguo jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo).
Durante la primera jornada se proyectó el documental Arg(h)itzen, que recoge la realidad de la tortura en la región de Sakana (Nafarroa) durante el último medio siglo. A su término, hubo un coloquio moderado por el activista contra la tortura Jorge del Cura, con la intervención de Mikelatxo Urbi (director del documental), la doctora en derecho Laura Pego, Ainara Gorostiaga (integrante de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa) y Martxelo Otamendi, ex director de los diarios Egunkaria y Berria.
La jornada del próximo 7 de octubre constará de una mesa redonda sobre la tortura en el Estado Español desde la finalización del franquismo. Estarán presentes Sara López (Legal-Sol), el mencionado Juan Ignacio Ruiz-Huerta, Gabriela López (Centro SiRa) y Joaquín Urías (Profesor del Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla).
El encuentro se lleva a cabo después de que el pasado 4 de junio de 2024 los impulsores mantuvieran una entrevista con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para hacerle entrega de la documentación acreditativa de la tortura recabada por ellos mismos durante años, así como distintos informes académicos acerca de la presencia de tortura en el Estado español y, especialmente, en el País vasco y Navarra.
Se solicitó entonces al Defensor del Pueblo la elaboración de un informe extraordinario sobre la práctica de la tortura en España para ser presentado ante el Parlamento. Según explican los activistas, aunque en un primer momento la iniciativa fue bien recibida, posteriormente la institución se distanció de ella aduciendo que sus recursos deben enfocarse a los “derechos fundamentales en el momento actual”.
El acto se contextualiza en una serie de acciones que buscan desembocar algún día en la creación de una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español.