Obras que se alargan o directamente no existen para conseguir ingresos de hasta 50.000 euros por semana en anuncios. Es la acusación que lanza el PSOE de Madrid después de recibir una denuncia particular y tirar del hilo. El concejal socialista Antonio Giraldo avisa de una trampa burocrática por la que, sugiere, hay gente lucrándose hace tiempo a costa de una gestión municipal “desastrosa”. Según el edil, algunos de las lonas publicitarias que cubren andamios en edificios del centro de la capital han permanecido expuestos durante meses sin control ni registrando trabajos reales en la fachada, pese a que la normativa municipal impide explícitamente publicitarse antes, después o mientras se paralizan unas obras. El primer caso del que tuvieron constancia fue en la calle de Carretas, en el número 14. Está a escasos metros de la Puerta del Sol.
Ahí se encuentra el Centro Gallego de Madrid. Un persona que vive en la zona les alertó de que “las dos fachadas del edificio habían estado cubiertas por un gran andamio con dos lonas publicitarias durante meses sin que hubiera obras”. El PSOE, que llevará el caso al próximo pleno del distrito Centro en mayo, asegura que entonces comenzaron a pedir los expedientes de este y otros casos similares de los que iban teniendo conocimiento. ¿Cuál ha sido su conclusión? “En muchos de ellos se están cometiendo irregularidades difíciles de abarcar en su conjunto. Y posiblemente seas así desde hace décadas”, afirman los socialistas.
Giraldo cuestiona al Ayuntamiento si, en caso de demostrarse que existe una tendencia sostenida en el tiempo para sortear la ley, habrá sanciones. Incluso de haberlas, la suma extra que hayan obtenido los beneficiarios –aseguran que en Carretas 14 la práctica se extendió durante un año– puede llegar a eclipsarlo. Independientemente de lo que ocurra, que situaciones como esta puedan llegar a ocurrir supone para los socialistas una prueba del “desastroso sistema de declaraciones responsables y licencias” que gestiona el Ayuntamiento de Madrid, al que acusan de tener una “escasa capacidad de control sobre la legalidad o la disciplina”.
Pero también de la existencia de una “vocación de rentabilizar el espacio público al máximo”, incluso si para ello hay que bordear la legalidad. Además del Centro Gallego, su partido ha inspeccionado otros lugares del corazón de Madrid en los que olían un tufo similar. En este sentido, insisten en que en el número 5 de la Plaza de Pedro Zerolo también hubo un gran andamio publicitario que permaneció in situ, al menos, “desde noviembre de 2022” aunque “no tuvo autorización hasta mayo de el año siguiente”.
Otro caso sospechoso lo hallaron en la calle Mayor, 3. “Tenían un andamio instalado desde cinco meses antes de obtener la autorización”, determinan, en base a la consulta de expedientes que pedirán deliberar a la Junta Municipal del Distrito. Según el planteamiento de los socialistas, el modus operandi sería el siguiente: “Se valieron de diversas declaraciones responsables para irse autoconcediendo autorizaciones para ocupa la vía pública. Y antes de que el Ayuntamiento de Madrid las comprobara y las considerara ineficaces, introducían una nueva solicitud que les amparaba”.
La declaración responsable es el mecanismo administrativo exprés por el que un solicitante afirma cumplir con los requisitos exigibles y se presta a entregar cualquier documentación para obtener un permiso o licencia. Por otro lado, la ordenanza municipal que regula la publicidad exterior en la ciudad de Madrid especifica en uno de sus puntos que para instalarla debe haber licencias en vigor para las obras o el vallado que puedan ser “legalmente exigibles”. Además, se añade que la vigencia de estas autorizaciones quedará vinculada a la duración las obras, salvo si son para instalaciones de soportes flexibles sobre andamios, como es el caso.
Para este supuesto se especifica que los trabajos tienen que extenderse, al menos en un inicio, a seis meses como tope. El plazo es prorrogable aunque solo una única vez, alcanzando el año completo. Desde ese momento “no se concederá una nueva licencia hasta transcurridos cinco años, con independencia de la realización de nuevas obras durante ese periodo”, se especifica en la ley. Y Giraldo añade: “El Ayuntamiento de Madrid ha ingresado durante todo ese año por concepto de ocupación de la vía pública por andamios en torno a 17.000 euros. El andamio ha sido finalmente desmontado, revelando en la fachada los mismos desperfectos que tenía un año antes. ¿Ahora qué?”.