Vida y muerte de un desahuciado: los últimos meses de Patxi en Móstoles

Víctor Honorato

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El agente se acerca al grupo. Son unas 60 personas, de pie ante el Ayuntamiento de Móstoles, la segunda ciudad de Madrid por número de habitantes. Traen caras largas. De tristeza, de rabia. El hombre se cuadra, saluda a José Torralbo, portavoz de la plataforma Stop Desahucios en la ciudad. La Policía Municipal se muestra contrita hoy. “Quería transmitirle el pésame”, dice el uniformado. 

El viernes murió Francisco de Regis Saz López. Para todos, Patxi. Era originario de Teruel, tenía 59 años y vivía en la calle tras el desalojo en julio del año pasado de las 18 familias del edificio okupado de La Dignidad, refugio durante una década de los muy humildes. Patxi tenía una discapacidad del 65%, venía de un ictus, padecía de problemas circulatorios y sufría de úlceras en las piernas. Cobraba una ayuda de 430 euros y llevaba en la calle desde el desahucio, esperando por una vivienda pública. Murió cuando estaba a punto de recibirla.

El relato televisivo del okupa avieso no encajaba con la realidad de La Dignidad, un bloque que simbolizaba los excesos de la burbuja inmobiliaria. Construido sin cédula de habitabilidad, quebrada la empresa constructora al hundirse el mercado del ladrillo en 2008, el edificio, vacío, empezaba a deteriorarse hasta que fue okupado en 2014. Desde entonces se convirtió en un último recurso para familias pobres. Hasta Cruz Roja lo señalaba como alternativa para quienes llegaban desesperados a pedir cobijo. La Sareb, el llamado banco malo del Estado, se hizo cargo del inmueble y lo acabó vendiendo a la baja a un fondo de inversión con sede en Miami. Ahí empezaron los exhortos, las comunicaciones agresivas, las visitas de los matones de la ‘desokupación’.

También llegó el desapego del funcionario. El decreto antidesahucios aprobado en la pandemia, en vigor hasta que acabe este año, prohíbe desalojar a las personas vulnerables sin alternativa habitacional, pero no previó el escepticismo del titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Móstoles. “Aun cuando el informe de los Servicios Sociales [del Ayuntamiento] refiere una discapacidad reconocida del 65% en el caso D. Francisco […], nada se aprecia ni acredita al respecto, de forma que no puede valorarse en qué medida dicho reconocimiento efectivamente concurre y puede influir en dificultades para el acceso al mercado laboral”, despachó el juez en el auto con el que rechazaba parar el lanzamiento.

Por uno u otro motivo no encontró causa para suspender el desahucio de ninguna de las otras 17 familias del bloque. Las resoluciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU tampoco impresionan a la judicatura española, que, como en este caso, no suele acceder a los reclamos internacionales de que no se mande a la calle a gente sin recursos.

Sin casa, los expulsados de La Dignidad acamparon en el parque durante semanas para presionar al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La policía los aguijoneaba, los políticos daban largas. La protesta languideció y las familias se fueron buscando la vida. En casa de familiares, de amigos, incluso del exmarido, en uno de los casos. Una mujer encontró un contrato en otra ciudad. Otra regresó a València con su madre. Algunos ocuparon otros pisos vacíos. 

En la calle seguían hasta la semana pasada Patxi y su pareja, Antonia García, 'Toñi', de 63 años. Sentada en una silla, con las muletas a un lado, portando una flor luctuosa, Toñi escucha a los compañeros de la lucha por la vivienda repetir las consignas de siempre ante el consistorio. “No son muertes, son asesinatos”, claman ante los balcones municipales, donde se publicita la próxima feria taurina y la candidatura de Móstoles a Ciudad Europea del Deporte para 2026.

“En Móstoles se vive muy bien, pero se muere muy mal”

Los manifestantes recuerdan al fallecido. “Querido Patxi, te echamos de menos”, lee por el megáfono una compañera. José Torralbo se acuerda del economista socialista que en un debate de televisión en 2022 dijo que los jóvenes que no se pudiesen pagar un piso en Madrid bien podrían irse a Móstoles, donde se vivía “muy bien”. “Pero se muere muy mal”, opone el activista. 

Los pobres de Móstoles se encuentran con que aquí los pisos también son caros, que los alquileres en seguida se van a los 900 euros, que los caseros piden garantías, que mucha gente se está yendo a Humanes, que con los 430 euros de ingresos mensuales de Patxi no hay forma de firmar un contrato, según explica Torralbo. Además, la Comunidad de Madrid excluye a los okupas de sus listados de solicitantes de vivienda.

En el Ayuntamiento se escudan en la ley de protección de datos para no dar detalles concretos sobre el caso, pero afirman: “Desde Servicios Sociales se realizó un acompañamiento constante a través de una trabajadora social de referencia desde el pasado verano, fecha en la que se produce el desalojo. Dentro del Plan de Intervención se ofrecieron recursos y prestaciones sociales, acorde a las necesidades detectadas en cada momento”. El PP gobierna en Móstoles desde las elecciones municipales de junio, pero el problema de La Dignidad ya estaba enquistado con el anterior equipo, encabezado por el PSOE. Los manifestantes no hacen distinciones. “El Ayuntamiento odia a los pobres”, grita uno de los presentes.

El ruido, enemigo del sueño en las noches al raso

Patxi era un “luchador”, ilustran sus compañeros. Estaba empeñado en que le reconociesen el derecho a un piso para él, Toñi y la perra Luna, así llamada porque en las noches en el parque se acurrucaba y a sus dueños les recordaba al astro. Los males de Patxi lo llevaron al hospital, pero Toñi no se esperaba el desenlace. “Cuando me lo dijeron no me lo creía, estaba en ‘shock'”, cuenta. Habla con entereza y refiere los sinsabores de dormir al raso. “Esto es durísimo, es estrechísimo”, dice sobre el banco en el que duerme. “En cuanto oigo un ruido me despierto, me muevo, y me caigo, hasta diez veces en una noche”, explica.

Junto a Toñi siguen en el parque José Antonio García Mendoza, alias ‘Papi’, de 73 años, y Manolo Salazar, que va a cumplir 61. Ambos señalan que, con la ayuda de una trabajadora social “que ha puesto toda la carne en el asador”, les han informado de que pronto accederán a un piso. Hace unas pocas semanas, a Patxi también le habían comunicado que tendría techo propio, aunque no le dio tiempo a disfrutarlo. A Toñi la espera ahora una residencia de mayores, aunque no se fía. “Esta gente [los políticos] son unos mentirosos, luego no cumplen”, recela. Manolo reflexiona: “La burocracia es muy lenta. Los fríos, las lluvias, el agotamiento. Hay que vivirlo. Se lo ha llevado a Patxi y nos pudo llevar a nosotros”.