Cuando se ocupa un cargo público, lo que dota de contenido al mismo es la preparación de quien lo va a desempeñar. Si no hubiera experiencia profesional, bien podría suplirse con una buena lectura de cualquier informe o documento que tuviera relación con la materia que tiene asignada. Estaremos de acuerdo que semejante ecuación no es habitual en la mayoría del espectro político. Sin embargo, hay un límite cuando la ignorancia, lejos de mantenerse bajo control, se exhibe sin pudor, como debió ocurrirle a la procuradora y concejala del Ayuntamiento de Béjar, Purificación Pozo, al describir como un “despilfarro” el gasto en la violencia de género. Total, supongo que debió pensar, si estas señoras retiran la denuncia o son unas inconsistentes que al final perdonan a su agresor, para qué ocuparnos.
En vez de derechos, éstos se plantean como favores que dispensan las Instituciones Públicas. Esta aptitud demuestra una indebida apropiación de las Instituciones, gobernadas como si fueran fincas privadas donde unos señores fabulan sobre quiénes son, o no, merecedores de sus competencias. El discurso institucional redunda en esta forma de pensar y los Servicios Sociales serán también concebidos como otro “despilfarro”. Un gasto que ni el Estado ni las CCAA pueden asumir dada la crisis actual.
Sin embargo, la cantidad destinada del presupuesto nacional para las CCAA es sólo de la cuarta parte, es decir un 1,5 del PIB. En otras palabras, de los 5.118 millones de euros que contabilizaba el Estado, 1.200 los ponían las CCAA. Por lo tanto, no debe quejarse aquel que aporta una guinda al pastel, y no la harina ni los huevos. Pero no siempre se es consciente de la propia ignorancia. Los directores y gerentes de Servicios Sociales se lamentan que el secretario de Estado de Administraciones Públicas sea “un indocumentado” al presentar a la UE un Plan del Presupuesto para 2014, cuya propuesta de ahorro es de 8.125 millones de euros en el periodo 2013-2019 ¿Y cómo lo justificaba?: como “gasto impropio” de las CCAA, un despilfarro que diría la Sra. Pozo, en relación a la cobertura de los Servicios Sociales.
La secuencia fue la siguiente: primero subrayó que no era una competencia estatal, sino autonómica y luego dejó de transferir a las CCAA la importante cantidad de 3.750 millones de euros. Pero ¿qué ocurrirá cuando los Ayuntamientos dejen de prestar servicios sociales en el año 2014, con la Ley de Reforma Local? Pues ya no se privatizarán, como era la práctica habitual de muchos Ayuntamientos, tampoco se delegarán en Asociaciones especializadas lo que debería ser un cometido municipal. Me refiero a la atención a personas con cáncer, familias de niños hiperactivos, violencia de género, sensibilización en las escuelas, y un largo etcétera. No, esta vez, directamente se suprimirán, ya no habrá ni profesionales, ni subvenciones.
Si es muy grave carecer de talento, más grave aún es la falta de voluntad política para considerar que las Políticas Sociales y la Red de Servicios, bien podrían constituir una forma de creación de empleo.
En Castilla y León, una Comunidad Autónoma con un envejecimiento más acusado que la media española (23%) y con un progresivo desarraigo poblacional, es urgente relacionar el grado de cobertura en servicios sociales para hacer un plan contra la pérdida de población.
Resulta preocupante la disminución del número de habitantes de nuestra Comunidad. Según sus propias estimaciones: el padrón a 1 de enero de 2013 de 2.516.473, ha disminuido un 1,2% en relación al año anterior (2.546.078). Y bien sabemos que las CCAA con menos población son las menos capaces de atraer recursos de los Presupuestos Generales del Estado y la Junta de CyL debería saber retener activos, personas, jóvenes, e incluso mayores. Estos nunca serán un despilfarro, sino una inversión a largo y medio plazo.
