La Junta de Castilla y León tiene cinco universidades públicas: León, Salamanca, Burgos, Valladolid, y la UNED, a las cuales les exige cumplir con unos índices de calidad, que traducido a lenguaje común, implica tener el mejor profesorado para el mejor alumnado. No sólo las plazas del profesorado están congeladas, sino que el alumnado no se conforma con terminar su carrera, porque quiere completar la misma a través de un Master, una oferta de todas las universidades.
Yo formo parte de la Comisión docente, es decir, de la comisión de admisión de uno de los más de 60 másteres que propone la Universidad de Salamanca. Los alumnos tienen que aportar su curriculum vitae, así como otros méritos, pero en los últimos dos años hemos comprobado que no basta con un buen expediente y con una acreditada experiencia. Al final sólo entrarán aquellos que puedan pagar una matrícula, y ahí los alumnos becados ganan la partida.
Bien, pues ante este panorama, la Junta de Castilla y León ha destinado sólo 1.000.000 de euros en total para subvencionar las becas destinadas a sufragar el acceso a un master. Los másteres tienen un precio variable, pero que no bajan de los 1.200 euros. Por eso no es de extrañar que España ocupe el puesto 22 en la Unión Europea en inversión en educación, un 4,2 por ciento.
La primera posición, seguro que se lo imaginan, corresponde a un país nórdico, Dinamarca, con un 7,8 por ciento de su PIB, pero nuestra vecina Francia destina un 6,2 por ciento. Los gobiernos de estos países saben muy bien que la educación no es un gasto, sino una inversión inteligente. Y de las mejores, porque el conocimiento es acumulativo, por lo que se multiplican sus beneficios. Así lo advierte la OCDE, porque de cada 1 euro invertido se ganan casi 4 euros, 3,9 por ciento.
Para todas las familias, la educación es mucho más que adquirir habilidades o una mayor competitividad en el mercado de trabajo, aunque ahora este binomio sea más incierto que nunca, para las familias representa mucho más. Es un logro entre generaciones, una buena sensación de progreso, porque en la mayoría de las historias de cada familia, los abuelos o los padres se ganaron la vida al margen de la Universidad.
No es una frase hecha. Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 46 por ciento de la población adulta no supera la primera etapa de la Educación Secundaria, mientras que en la Unión Europea sólo es un 24 por ciento, pero también es cierto que nuestra democracia es muy joven, por eso la educación se valora más y no invertir en ella por parte de las instituciones, es un error gravísimo.
Y eso a pesar de que la Junta de Castilla y León nos presenta a su familia como su máxima prioridad. Sin embargo, cuando entramos en los domicilios de cada una de ellas, la realidad es muy distinta a la propaganda institucional. La familia está abandonada a su suerte. Si sus hijos quieren completar un ciclo universitario y hacer un Master, los gastos se disparan. Habrán de comprar libros o, en la mayoría de los casos, desplazarse a las ciudades que los ofertan. Porque todos los Máster, menos los de la Universidad a Distancia, son presenciales y es obligatoria la asistencia.
Las familias con rentas fluctuantes, donde los cónyuges no disfrutan de un empleo estable, están sometidas al terrible dilema de saberse en la obligación de dar una educación y, a la vez, contabilizar sus recursos disponibles; sin olvidarnos de la sensación de fracaso y de culpa que experimentan padres y madres cuando se ven incapaces de atender demandas educativas.
Además, el Gobierno siempre insiste en que los padres “eligen” la educación que quieran ofrecer a sus hijos, como si esto fuera cierto. ¿Acaso todas las familias tienen opciones? O sólo esto es posible para aquellas cuya estabilidad en el empleo siga intacta. El paro en Castilla y León, para hombres mayores de 30 años, es de un 19,8 por ciento y para las mujeres de un 23,5 por ciento, según datos de la EPA 2013. Pero en el último trimestre de la EPA del 2014 nada mejora.
El desempleo es una peste que ha afectado a las provincias de nuestra Comunidad sin excepción y, lo peor, es que ha aumentado en todas ellas. Pero tener padres o madres en situación de desempleo no ha supuesto ninguna estimación por parte de la Junta, cuando si la educación está transferida bien se podría haber estimado el impacto de la crisis. Pero no ha sido así, y a pesar de que tienen un buen expediente, no tengan que luchar por la miseria de un 1.000.000 de euros, sabiendo que muchos se quedarán fuera y, lo peor quizás sea que se desanimen y abandonen el proyecto de seguir estudiando como se merecen.
Se nota que quienes nos gobiernan hace mucho que no se acercan a un aula o hacen un hueco en su agenda para asistir a una conferencia, de las miles que imparten las universidades públicas de su Comunidad.
