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El despido de un periodista le costará a la Junta de Castilla y León más de 147.000 euros
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, no gana para disgustos. Si hace unas semanas aparecía en la portada de la revista Interviú con el título de “De derrochona a reina del recorte’, ahora conoce, a través del Tribunal Supremo, que debe pagar por un despido más de 140.000 euros. Un despido que acometió hace cerca de dos años y que ahora debe hacer frente económicamente.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso La Meseta, el Supremo no ha admitido a trámite el recurso por parte de la Junta de Castilla y León y, encima, le impone las costas procesales.
De esta manera, el máximo órgano judicial hace buena la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en mayo de 2012, condenó a la Consejería de Agricultura y Ganadería a abonar más de 147.000 euros por el despido de uno de sus periodistas.
En el fallo, que rectifica la sentencia notificada por un Juzgado de lo Social de Valladolid, se revelaba que el departamento que dirige Silvia Clemente tendría que pagar 110.430,30 euros, además de los salarios de tramitación “a razón de 124,78 euros diarios” -37.933 euros, ya que fue despedido el 4 de julio de 2011-, al considerar que es un despido improcedente. A esa cantidad, el Supremo le impone ahora las costas procesales.
El periodista, que en los círculos cercanos a Silvia Clemente se le apuntó como la persona que había filtrado un dossier contra la propia consejera aunque nunca fue probado, pertenecía a una empresa autónomo de la Consejería de Agricultura, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), aunque su centro de trabajo estaba, desde el 1 de octubre de 2005, en la sede de la Consejería en Valladolid.
El 1 de julio de 2011 se aprobaron una medidas de austeridad, entre ellas la de prescindir del periodista, quien había tenido enfrentamientos con la dirección de la Consejería. La crisis volvió a ser utilizada como argumento para despedir a díscolos.
Este periodista era uno de los históricos en la Junta de Castilla y León, ya que desde diciembre de 1991 ha trabajado en diversos departamentos: Presidencia y Agricultura. Y el mismo día que se le despide a él, el Gobierno regional, que preside Juan Vicente Herrera, dio la orden de contratar a 13 periodistas más.
En este caso, el Tribunal Supremo da valor a la versión del periodista despedido, al afirmar que tenía “derecho” a que se tomen en consideración todos los servicios prestados para los distintos servicios de la Junta de Castilla y León, pues “se ha producido una circulación de personal dentro de dichas consejerías e institutos desde el año 1991 al año 2002 con interrupciones en la prestación de servicios por breve tiempo y con múltiples prórrogas de dicha contratación temporal, de lo que se deduce la existencia de unidad esencial del vínculo”.
El adjetivo de “derrochona” que la revista Interviú utilizó para definirla se basaba en que hizo una “campaña publicitaria multimillonaria sobre los productos” de Castilla y León, “sufragó obras ajenas a su departamento o hizo extraños gastos en regalos de protocolo”. Otra publicación de Valladolid, ultimocero.com, desveló días después que la consejera Silvia Clemente, “además de conceder llamativas subvenciones a una empresa de su pareja, firmó con ella un contrato de investigación en el que la Administración cedía todos los derechos de explotación de las posibles patentes”.
Y con anterioridad, en 2011, la Consejería de Agricultura era condenada a pagar 324.000 euros a cuatro trabajadores de este departamento y del Instituto Tecnológico Agrario por despidos improcedentes o traslados forzosos.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, no gana para disgustos. Si hace unas semanas aparecía en la portada de la revista Interviú con el título de “De derrochona a reina del recorte’, ahora conoce, a través del Tribunal Supremo, que debe pagar por un despido más de 140.000 euros. Un despido que acometió hace cerca de dos años y que ahora debe hacer frente económicamente.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso La Meseta, el Supremo no ha admitido a trámite el recurso por parte de la Junta de Castilla y León y, encima, le impone las costas procesales.