El pasado 24 de diciembre, Alan, un chico de 17 años que vivía en Barcelona, se quitó la vida acorralado ante el terrible acoso que sufría por parte de sus compañeros y compañeras. Apenas un mes antes había logrado que, por decisión judicial, en su DNI apareciera reflejada su verdadera identidad de género. Su vida nunca fue fácil, pero siempre contó con todo el apoyo de su familia y de numerosas organizaciones y colectivos LGTBI que estuvieron a su lado. Todo este apoyo fue insuficiente.
Cuando lees algo así, aun habiendo trabajado durante años con alumnado adolescente y comprendiendo la complejidad emocional y social que se arrastra en estas edades en la construcción de la personalidad, este caso resulta más doloroso si cabe, especialmente cuando el motivo del acoso era, al parecer, la intolerancia social ante el trabajo de búsqueda de la identidad transgénero que había ocupado a un ser humano tan especial como Alan. Con franqueza, me resulta muy difícil imaginar el nivel de sufrimiento al que ha tenido que estar sometido, el nivel de estrés y acoso al que le pudieron someter sus compañeros y compañeras de aula para que tomara tan dramática decisión.
El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género en su ultimo estudio informaba sobre el aumento del número de jóvenes víctimas de acoso por razón de violencia de género que precisan incluso medidas cautelares. Otros estudios nos indican que entre los jóvenes encuestados, un 80% reconoce la existencia de actos de violencia entre parejas de su edad. Por otro lado, en el informe del Observatorio contra los Delitos por Orientación en Identidad Sexual, de mayo de 2015, se pone en cifras el acoso sobre estos menores: de los 1.285 delitos de odio -ataques o agresiones por raza, identidad sexual, orientación sexual, sexo, país de origen, discapacidad-, el 39,9% se cometieron por motivos de orientación e identidad sexual. Estas cifras han disparado todas las alarmas: no sólo porque están aumentando sino porque esta cifra también es cada vez mayor entre jóvenes y, preocupantemente, también en los centros educativos.
El sistema educativo no puede permanecer impasible ante estas situaciones de violencia sobre nuestros menores. Estoy convencido de que toda la comunidad educativa y los grupos parlamentarios que somos conscientes de ello vamos a poner todo nuestro tiempo en trabajar para remediarla. Tenemos que saber cuántos casos se han producido en la Región de Murcia y con qué motivos, e intervenir sin más dilación para atenderlos intentado en lo posible que no se vuelvan a producir en el futuro. Necesitamos formación para el profesorado, alumnado y familias, cuidado mutuo y vigilancia de quienes no quieren respetar las reglas de juego.
Por ello, desde Podemos presentamos una moción en el mes de enero orientada a la exigencia de cuidado psíquico y físico de los niños y niñas que, como Alan, se podían ver acosados por motivos de género o transgénero, y con el mismo convencimiento apoyamos hace un mes una enmienda de C's a los presupuestos generales de la Comunidad, que habilitaba recursos más que suficientes para implementar un 'plan antibullying' en la Región de Murcia.
La única diferencia que nos separaba de C's es que que no compartíamos que la solución tuviera que ser el Plan KIVA que emplea el gobierno de Finlandia, no porque tengamos algo contra el KIVA, sino porque efectuar una inversión de cerca de 100.000 euros en un programa privado, diseñado por la universidad finlandesa para Finlandia, para un contexto educativo y cultural concreto y distinto, y adquirirlo sin concurso público, sin más información que la explicación de un folleto, no nos parecía lo más adecuado. Es verdad que es potestad de la Consejería de Educación poner a disposición de sus profesionales las mejores herramientas. No obstante, somos conscientes de que existen muy buenos instrumentos técnicos y muy buenos profesionales en nuestro país y en nuestra Región para trabajar en la lucha contra el acoso escolar. Solo hace falta voluntad política para llevarlo a cabo.
Por eso no nos opusimos al Plan KIVA sin más: por el contrario apostamos por un 'plan antibullying regional' que recogiera, entre otras, una propuesta garantista de protección al derecho a la integridad física y psíquica de los menores en nuestras escuelas que comprendiera, con el recuerdo de Alan en nuestra memoria, de modo especial al alumnado víctima de acoso por razón de género y transgénero, una propuesta que fue enmendada por C's y PSOE, y sobre la que buscamos con interés una transaccional a la que C's se negó. De este modo, nuestra propuesta recogía medidas planteadas por todos los grupos a excepción del PP:
-Que la Consejería de Educación desarrolle en los centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, y dentro de los respectivos Planes de Convivencia, planes específicos 'antibullying', con medidas tutoriales -que atiendan al alumnado, al grupo-clase y a las familias- y curriculares -con la implementación de metodologías, trabajo de contenidos funcionales-actitudinales, desarrollo de programas de habilidades sociales, etc. Así como los propios contenidos curriculares de ciertas materias-, que se desarrollarán dentro de un apartado específico del mismo y con actuaciones dirigidas a la prevención del acoso escolar.
-Que los planes 'antibullying' recojan de modo específico programas de prevención cuya finalidad sea la evitación de toda la tipología del acoso, mediante la información, la sensibilización y la formación de todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, docentes y familias, haciendo mención de modo especial al tratamiento de grupos de riesgo como los de carácter social, étnico o de dimensión afectiva sexual y de género.
-Que la Consejería de Educación desarrolle planes a lo largo de todas las etapas educativas y en todos los centros sostenidos con fondos públicos, que promuevan acciones dirigidas hacia la plena aceptación de la diversidad afectiva sexual, de género y de modelos familiares que eviten el acoso escolar, consensuando con todos los colectivos y la comunidad educativa protocolos de actuación contra la transfobia y la homofobia en el ámbito escolar.
-Que se desarrollen programas específicos de formación del profesorado en Educación Sexual, Orientación Sexual, Identidad de Género y Diversidad Familiar, con objeto de prevenir y evitar el acoso y la discriminación en los entornos escolares.
-Que se elaboren estudios que permitan la objetivación de los casos de acoso y violencia escolar para articular una respuesta integral a los mismos.
-Que se inste a los municipios de la Región a potenciar la figura del Agente Tutor entre los policías locales comprometidos.
-Que se inste a las Universidades Públicas y Privadas de la Región de Murcia en el refuerzo de contenidos y formación específica en materia de convivencia escolar en los grados de Infantil y Primaria y en los másteres universitarios de formación del profesorado.
-Que la formación específica en violencia escolar se introduzca de modo diferenciado como mérito en todas las convocatorias de Oferta de Empleo Público Docente, en la promoción interna docente, en los concursos de traslados, en los procesos de selección de Directores de Centros Educativos públicos, así como en cualesquiera proceso de promoción administrativa o profesional que evalúe la actividad docente y profesional.
Pese a todo, C's no quiso aceptar el texto de consenso. Por el contrario, se posicionó junto al PP y votó en contra de nuestra moción y de la transacción propuesta, eliminando del texto final la atención especial que quisimos prestar a las víctimas de acoso por razón de género o transgénero. Sin ninguna duda, lo que ocurrió en la Comisión de Educación la pasada semana no fue sino un fracaso en términos políticos, un fracaso que no debería repetirse y que tiene que volvernos más exigentes en la búsqueda de acuerdos comunes para el cuidado de nuestros menores.
Óscar Urralburu es secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia
