Las recientes protestas protagonizadas por agricultores presentan un aspecto perturbador: la calificación del “oponente” como totalitario.
Así, desde los sectores cercanos a los organizadores de la protesta, y muchos de sus portavoces, se habla de una “dictadura del activismo ambiental”, como antes se habló de las “feminazis”. Con ambos se pretende señalar una supuesta imposición de medidas, en este caso en defensa del medio ambiente, de forma poco democrática y que cercena los derechos de una supuesta “minoría”, sea esta la de los agricultores, los cazadores, o... De hecho, parte de este sentido se sigue manteniendo en algunas de las reclamaciones que el colectivo de agricultores está presentando estos días. El uso del término “ecolojeta” y el rechazo a la Agenda 2030 se articulan alrededor de esta idea.
Por su parte, son muchos los que califican de “fachas” a los manifestantes y de “ecofascistas” a algunas de sus propuestas. Se señala, nuevamente, la proximidad de sus organizadores con Vox y otros colectivos de extrema derecha y negacionistas, así como el contenido negacionista del cambio climático de muchas de sus propuestas. Por mi parte, creo que calificar estas manifestaciones como “fascistas” es, como mínimo, arriesgado. Pero, sobre todo, no creo que sea esta una respuesta interesante o, incluso, conveniente a sus demandas que, por otra parte, son variadas, como lo son las formas de protesta. No es lo mismo cortar el Puerto de la Cadena, impidiendo el paso a otros trabajadores y a ambulancias, que bloquear un centro de distribución de Mercadona, como han hecho en Euskadi. Apuntan a dos direcciones muy distintas y, sobre todo, a dos explicaciones de los problemas que sufre el mundo rural casi opuestas.
Escondida en este maremágnum de peticiones de cambio de ley electoral, de reprobaciones a los políticos y de impugnaciones de la Agenda 2030, se esconde un núcleo de verdad al que deberíamos dar una respuesta que no fuera únicamente el señalamiento. Los trabajadores y trabajadoras del campo lo que quieren es vivir dignamente del fruto de su trabajo, algo que, lo estamos viendo, el sistema actual no puede garantizar.
En primer lugar, por sus propias dinámicas internas que implican un elevado consumo de materias primas –en forma de fertilizantes, insecticidas, etc.– y de energía. Por no hablar del agua. Implicación dependiente de las exigencias transmitidas desde una agroindustria que no busca otra cosa que maximizar una producción que les permita competir en el mercado global de la alimentación. En segundo lugar, la cadena agroalimentaria se encuentra dominada por las empresas dedicadas a la distribución y comercialización de la producción, que en muchos casos forman parte del mismo grupo financiero. Esto hace que el pequeño y mediano agricultor vea cómo muchos de sus productos deben venderse por debajo del precio de producción, ante la alternativa de no recoger lo plantado. Esta práctica, la venta a pérdidas, está prohibida por la ley de cadena alimentaria (Ley 16/2021), pero es una práctica todavía presente que debe ser perseguida y erradicada, reduciendo el peso de los intermediarios en el proceso. En tercer lugar, la política agraria de la UE, que es incapaz de hacer valer los criterios científicos frente a las exigencias del agronegocio apoyadas en los Tratados de Libre Comercio firmados por la UE con diversos países, donde los compromisos para garantizar la seguridad alimentaria no están tan arraigados como en los pertenecientes a la Unión. Esto debería regularse de otra forma, no sólo para evitar una posible competencia desleal, sino para extender el compromiso en defensa del Medio Ambiente de la UE a los países proveedores. No podemos olvidar que muchas de esas explotaciones son propiedad de empresas españolas y europeas.
Todo esto se produce, además, en un contexto marcado por el Cambio Climático, donde las condiciones ambientales y de habitabilidad del planeta que hicieron posible, entre otras cosas, la extensión de la agricultura, se encuentran claramente amenazadas. Que la Región se encuentra en una zona altamente vulnerable al cambio climático es cosa sabida, y que la severidad de la actual sequía está, también, relacionada con este es algo cada vez más plausible. Ignorar estas condiciones para defender un regreso imposible e irresponsable a las prácticas del pasado sólo nos conducen al desastre.
Más allá del diagnóstico, existen alternativas viables, que son conocidas y están funcionando en muchos lugares, que nos permitirían vislumbrar un horizonte que favorezca una transición hacia un sistema de producción de alimentos que sea más respetuoso con el medio ambiente y que permita, esto es fundamental, a los y las trabajadoras del sector primario vivir dignamente, partiendo del convencimiento de que ambos objetivos no sólo no son excluyentes, sino que se refuerzan mutuamente. El enfrentamiento entre “campo” y “ecología” no sólo es falso, sino que es, también, dañino para los intereses de todos menos de sus promotores.
Alcanzar estos objetivos requiere de un liderazgo que no se limite a señalar las incongruencias de la manifestación, sino que proponga medidas concretas y señale un camino hacia ese cambio de modelo productivo que necesitan no sólo los agricultores y agricultoras, sino todos y todas los y las habitantes de la Región.