Siempre me gustó Astrud. Una de sus canciones habla, con ironía suave y demoledora, de una generación que lo hace todo, que nunca es vieja, que nunca se jubila y que siempre permanece en el centro del escenario. No es solo una intuición cultural: es una de las claves para entender el fracaso persistente de la política de vivienda en España y, de manera especialmente clara, en la Región de Murcia.
La crisis de la vivienda suele presentarse como una fatalidad, como el resultado inevitable del mercado, del turismo o de dinámicas globales imposibles de corregir. Sin embargo, no estamos ante un fenómeno natural, sino ante un error sostenido de diagnóstico, agravado tras la crisis de 2008, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria evidenció hasta qué punto el acceso a la vivienda estaba construido sobre bases profundamente injustas.
Aquella crisis no solo destruyó empleo y ahorros; expulsó a cientos de miles de personas de sus hogares y colocó en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿para quién estaba pensado el sistema? De ese colapso surgieron respuestas sociales y políticas inéditas, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que logró algo fundamental: nombrar el problema. No se trataba de errores individuales ni de mala suerte, sino de un marco legal —la ley hipotecaria— diseñado para proteger al sistema financiero incluso a costa de arruinar vidas enteras.
De ese mismo colapso nacieron también nuevas formaciones políticas. Tanto Podemos como Ciudadanos son hijos directos de la crisis de la burbuja inmobiliaria global, aunque respondieran a diagnósticos distintos. Ambos canalizaron un malestar social profundo que tenía en la vivienda uno de sus ejes centrales, aunque con el paso del tiempo ese conflicto material fue desplazado hacia otros registros. En lugar de resolverse políticamente, la crisis se culturalizó.
Ese desplazamiento no puede entenderse sin el papel de las redes sociales. La promesa inicial de unas redes abiertas y democratizadoras dio paso progresivamente a espacios controlados por la publicidad, la segmentación algorítmica y la explotación de datos. Casos como Cambridge Analytica marcaron un punto de inflexión: el conflicto social dejó de articularse en torno a derechos materiales para hacerlo mediante discursos identitarios y polarizantes. La posterior compra de Twitter por Elon Musk no hizo sino acelerar esa mutación: de espacio público imperfecto a herramienta privada de amplificación ideológica.
En ese contexto, el problema de la vivienda —también en Murcia— fue quedando relegado. La llegada de Podemos al Gobierno encarnó, para toda una generación, la posibilidad de que la lectura surgida de la PAH se tradujera en cambio institucional. No era casual que algunas de sus figuras más visibles procedieran directamente de ese movimiento. Sin embargo, esa expectativa chocó pronto con una realidad más compleja.
En lugar de situar la vivienda en el centro de la acción política, el impulso transformador se asentó en dinámicas culturales y simbólicas más que en una modificación sustantiva de las reglas del juego, con la excepción del Ministerio de Trabajo. Allí se demostró que, con voluntad política y respaldo social, era posible alterar equilibrios que parecían intocables. Pero ese cambio no fue suficiente para aliviar la presión sobre la vivienda. La mejora de las condiciones laborales y salariales, sin una reforma paralela del mercado inmobiliario, sin avanzar en la dación en pago y sin una modificación profunda de la legislación hipotecaria, terminó trasladándose a precios más altos y alquileres más inaccesibles. Trabajar mejor no bastó para vivir mejor.
A esta situación se ha sumado la ausencia de una política de vivienda regionalizada impulsada desde el Estado o desde aquellas comunidades con capacidad política real. En la Región de Murcia, ese vacío se expresa con especial crudeza. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que la Comunidad Autónoma solo ha construido cinco de las 566 viviendas asequibles comprometidas con Bruselas, un incumplimiento que no se ha producido en ninguna otra comunidad.
Es aquí donde reaparece con fuerza el problema generacional. Existe en España —y también en Murcia— una generación, la boomer, que no se jubila ni material ni simbólicamente. No se jubila de la política ni de los espacios de decisión. Es una generación que accedió a la vivienda en condiciones históricas irrepetibles y que, desde esa experiencia, ha impuesto un relato moralizador sobre quienes llegaron después, incapaz de asumir que las condiciones materiales han cambiado radicalmente.
De ese choque surge un desencanto profundo. Una generación que creyó que el cambio era posible constata que, pese a haber identificado correctamente el problema, las estructuras permanecen intactas. La frustración se desplaza entonces hacia otros conflictos —identitarios o culturales— mientras el núcleo material del problema, el acceso a la vivienda sigue sin resolverse. La política de vivienda queda así atrapada entre el miedo al conflicto y la renuncia a cambiar las reglas.
No es una cuestión de fatalidad. Es el resultado de haber diagnosticado bien el origen del problema y haberlo abandonado en favor de batallas más rentables en el terreno del relato. Ese desplazamiento ha convertido la falta de políticas de vivienda en un conflicto generacional, señalando a jubilaciones y mayores como responsables de la ausencia de inversión pública y poniendo en cuestión incluso el futuro del propio Estado del bienestar, olvidando que las generaciones desaparecen y también pueden hacerlo los derechos.