Para el Gobierno regional de López Miras, el medio ambiente y el patrimonio natural, así como la legislación de protección medioambiental, han sido chinas en el zapato de cara a un desarrollismo sin límite, depredador de recursos (suelo, agua), que ha aumentado la degradación de nuestro patrimonio natural y contaminado nuestros ecosistemas.
El Gobierno de López Miras da una vuelta de tuerca más en la desregulación ambiental con el proyecto de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA). Esta última ocurrencia no es solamente un paso más, culmina así el objetivo del PP de desmontar la administración ambiental, externalizando funciones administrativas incluidas las de control y sancionadoras; con el objetivo de la disminución progresiva de las medidas protectoras y preventivas medioambientales.
El discurso sobre la creación de la Agencia pretende usar un lenguaje políticamente correcto: “teñir de verde la actividad empresarial” “una administración ágil y respetuosa con el medio ambiente”, “eliminar burocracia y simplificar la tramitación ambiental”.
Sin embargo la ARCA, que asumirá las funciones de las actuales direcciones generales de Medio Ambiente y Medio Natural, deja la puerta abierta a que entidades de control ambiental, externas a la consejería, puedan revisar las autorizaciones de proyectos. Esto significa, en la práctica, que el Gobierno regional acaba de un plumazo con la estructura medioambiental de la administración regional y deja las normativas de protección ambiental al criterio de las organizaciones empresariales. La ARCA expresa la privatización encubierta del medio ambiente al servicio de las organizaciones empresariales que configuran tradicionalmente el bloque de poder en la región, unos usuarios de prebendas y privilegios en detrimento de los derechos de la ciudadanía.
El organismo nace viciado, totalmente encaminado a defender los intereses empresariales en detrimento de la defensa del interés general medioambiental. Se pone en manos de personal de contratación externa la prevención y gestión sobre residuos, suelos contaminados, vertidos, calidad del aire, y la lucha contra el cambio climático.
Se externaliza fuera de la Consejería y del control del funcionariado independiente, la parte de la legislación ambiental que más conflicto genera con las empresas, para ponerla en manos de una agencia con personal contratado, precarizando el trabajo técnico y haciéndolo menos independiente al ser más sensible a las presiones políticas y empresariales. Además el propio funcionamiento de la ARCA estará controlado por el sector empresarial, al que se otorga poder de influencia máximo y sin control.
En el proyecto presentado, el Consejo Asesor de la ARCA, el órgano de asesoramiento, no contará con miembros de las organizaciones ecologistas, mientras que sí tendrá cuatro vocales en representación de las organizaciones empresariales (CROEM), uno de la Cámara de Comercio y otro de las empresas de economía social. Con esta propuesta, la ARCA será un instrumento para poner disposición del urbanismo depredador y la agroindustria, el medio ambiente y el patrimonio natural de nuestra región.
El proceso de creación de esta agencia culmina la voluntad desreguladora del PP y termina de desmontar la administración ambiental, externalizando funciones administrativas incluidas las de control y sancionadoras. Supone asumir, en la práctica el discurso de la patronal, que considera que el medio ambiente es, fundamentalmente, un problema.
López Miras señaló que tener que cumplir la legislación ambiental era un problema para la salvación del Mar Menor, y el propio consejero Celdrán ha afirmado que, con esta nueva agencia, la administración dejará de ser un freno para la actividad empresarial.
Las normativas de protección del Medio Ambiente no solamente protegen el medio natural y las especies silvestres, también la salud pública y la calidad de vida de la gente. El Gobierno regional lleva años reduciendo a la mínima expresión el presupuesto y el personal funcionario dedicado a las funciones medioambientales El camino es justo el contrario al establecimiento de la ARCA.
López Miras necesita un giro de 180 grados en la desregulación de las salvaguardas de la política ambiental. Destinar el presupuesto y personal suficientes para la gestión medioambiental en función de los intereses generales de todos/as es una cuestión de voluntad política. Es una necesidad urgente crear una Consejería específica de Medio Ambiente, aumentar los medios y recursos humanos y preservar la independencia de su cuerpo técnico-administrativo. López Miras no lo hará, esperemos que la ciudadanía se lo reclame.
