La reforma de la Ley del Mar Menor que impulsa el Gobierno regional de Fernando López Miras no es un error técnico ni una discrepancia legítima sobre cómo gestionar un ecosistema frágil. Es el resultado directo de un pacto político entre el PP y Vox que tiene un objetivo claro: desactivar las pocas barreras legales que incomodan a quienes llevan años contaminando sin consecuencias reales.
Conviene llamar a las cosas por su nombre. Esta reforma no nace del interés general ni de criterios científicos. Nace de una alianza parlamentaria que intercambia protección ambiental por estabilidad política, y que vuelve a utilizar el Mar Menor como moneda de cambio. El ecosistema, una vez más, paga el precio de los acuerdos de despacho.
Permitir que empresas sancionadas por contaminar sigan accediendo a subvenciones públicas es una decisión profundamente ideológica. No es “defender al sector primario”, como repiten de forma mecánica PP y Vox. Es blindar a los infractores, premiar el incumplimiento y castigar indirectamente a quienes sí respetan la ley. Es instaurar una competencia desleal financiada con dinero público.
El mensaje es brutalmente claro: no importa cuánto dañes el medio ambiente; el Gobierno regional seguirá de tu lado. Si hay multa, se paga. Si hay protesta social, se ignora. Y si hay ayudas públicas, se reparten igual. Este no es un modelo de desarrollo: es un modelo de impunidad.
Resulta especialmente obsceno que esta contrarreforma llegue después de que el Mar Menor haya sufrido colapsos ecológicos documentados, mortandades masivas y una degradación reconocida internacionalmente. No se legisla desde la prevención ni desde la reparación, sino desde el negacionismo práctico: aceptar el daño como algo inevitable y, por tanto, asumible.
Vox nunca ha ocultado su desprecio por las políticas ambientales. Forma parte de su ADN ideológico: negar la crisis ecológica, ridiculizar la protección del medio ambiente y presentar cualquier límite legal como un ataque a la libertad económica. Lo grave es que el Partido Popular, lejos de marcar distancia, asume ese marco y lo traduce en leyes para mantenerse en el poder.
Porque esto va de poder. De conservar mayorías. De no molestar a determinados intereses económicos. Y de trasladar el coste político y ambiental al conjunto de la ciudadanía y a las generaciones futuras. Mientras tanto, se invoca el empleo, el campo o la economía como coartadas emocionales para justificar lo injustificable.
Pero gobernar no es obedecer a los más ruidosos ni a los más influyentes. Gobernar es poner límites, especialmente cuando está en juego un bien común irreemplazable. Y aquí el límite se ha cruzado hace tiempo: cuando se decide que contaminar no solo no excluye del sistema, sino que sigue dando acceso a ayudas públicas.
La reforma del PP con el apoyo de Vox no es solo un ataque al Mar Menor. Es un ataque al principio básico de igualdad ante la ley. Es decirle a la ciudadanía que hay dos reglas: una estricta para la mayoría y otra flexible para quienes contaminan con respaldo político.
El Mar Menor no necesita más pactos vergonzantes ni más cesiones a quienes lo han llevado al borde del colapso. Necesita exactamente lo contrario: leyes más duras, controles reales y responsabilidades personales, incluso penales, para quienes destruyen el medio ambiente.
Todo lo demás, reformas a la baja, discursos vacíos y alianzas con el negacionismo, no es gestión. Es una renuncia deliberada a proteger una joya que es de todos.