Cartagena se encuentra en una encrucijada crucial. Mientras instituciones públicas y tejido empresarial trabajan para que la ciudad avance hacia un modelo económico competitivo, verde y alineado con su vocación portuaria y logística, un proyecto amenaza con desviar esa hoja de ruta: la instalación de una macroplanta de biogás promovida por la empresa Heygaz en el Polígono de Los Camachos. Un proyecto que, lejos de encajar en la estrategia de futuro del municipio, choca frontalmente con la planificación urbanística, con la protección de la salud pública, con las expectativas del sector empresarial y con el sentido de la planificación territorial que proyectan y anuncian desde el gobierno del Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno regional.
En este sentido, las siguientes tesis, no consisten en un rechazo ideológico ni en una negación a la transición energética y al desarrollo de la comarca. Por el contrario, consisten en un posicionamiento de la sociedad civil organizada fundamentado en criterios técnicos, ambientales, urbanísticos, económicos y humanos, dirigidos hacia objetivos de desarrollo y de transición energética ecológicamente sostenible y socialmente justa, en una defensa de Cartagena y su comarca frente a decisiones que comprometen el futuro industrial de la ciudad, la calidad de vida y la salud de sus ciudadanos y su reputación como nodo logístico del sureste español.
A continuación, exponemos, de manera clara y basada en documentación científica y oficial, la tesis por las que este proyecto no puede ejecutarse en Los Camachos:
La Región de Murcia acumula una planificación masiva de macroplantas de biogás, con previsiones de hasta 40 instalaciones en distintos municipios. En el campo de Cartagena están proyectadas una macroplanta en San Javier, tres más en Fuente Álamo, otra en Escombreras y la macroplanta de los Camachos que nos ocupa, macroinstalaciones de biogás que cercarán literalmente la ciudad y su comarca dentro de un cinturón de residuos biológicos de gran toxicidad. Lejos de una estrategia de desarrollo equilibrada, esta expansión genera una distribución territorial profundamente desigual: el Campo de Cartagena aparece nuevamente como un área de sacrificio industrial. Un territorio a sacrificar.
Cartagena ha soportado durante décadas un volumen desproporcionado de actividades contaminantes: refinería, plantas químicas, vertederos, emisarios, industrias energéticas y crecimiento desmesurado de la actividad agroindustrial. La huella ambiental y social de estas actividades es de sobra conocida. La instalación de una macroplanta de biogás en el corazón de su expansión logística reproduce un patrón extremadamente injusto y anacrónico: volver a cargar sobre Cartagena y su comarca una actividad que genera impactos sin aportar valor añadido ni empleo cualificado.
La situación resulta todavía más incoherente si recordamos que el Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado recientemente una inversión pública de casi 200.000 euros para revitalizar los polígonos industriales y convertirlos en motores de empleo y atracción empresarial. ¿Cómo encaja en esa estrategia colocar, justo en el centro de la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL), una actividad de tratamiento de residuos que ahuyenta inversiones y genera rechazo empresarial? Cartagena no necesita más carga contaminante. Necesita desarrollo logístico, innovación y un entorno industrial limpio y competitivo.
Pocos lugares en España acumulan un historial de contaminación tan documentado como el Campo de Cartagena y la Sierra Minera, donde persisten niveles elevados de metales pesados o partículas tóxicas en aire y suelo. Añadir nuevas fuentes de emisiones supone incrementar un riesgo ya existente.
Según la literatura científica y los propios Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que las empresas tienen que presentar en sus expedientes, las macroplantas de biogás generan emisiones asociadas a la descomposición de materia orgánica: purines, lodos y restos de animales que liberan gases como: metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles. Todos ellos con efectos directos sobre la salud de las personas.
Siguiendo con la literatura científica. El sulfuro de hidrógeno (Hâ‚‚S), culpable del olor a huevo podrido, es tóxico incluso en bajas concentraciones. El metano (CHâ‚„), además de inflamable, contribuye a la formación de partículas finas, las cuales penetran en los pulmones y están asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El amoníaco (NH₃) es irritante y puede producir episodios de tos, dolor torácico y dificultades respiratorias. Y los compuestos orgánicos volátiles incluyen sustancias tan peligrosas como el formaldehído (CHâ‚‚O), clasificado como cancerígeno.
A lo expuesto, se añade un riesgo igualmente grave: la generación de bioaerosoles cargados de bacterias, hongos y virus procedentes de los residuos orgánicos. Microorganismos como Salmonella, Clostridium o virus entéricos pueden liberarse al ambiente durante el manejo de residuos, creando un riesgo sanitario, inexistente ahora en la comarca, que afectaría tanto a trabajadores como a vecinos. Estos procesos, documentados en estudios científicos recientes, son especialmente preocupantes cuando la instalación se ubica tan cerca de viviendas y centros educativos y de formación como lo está la macroplanta de biogás de los Camachos.
Por otro lado, como es conocido, el biogás es altamente inflamable. Europa ha registrado más de 60 incidentes graves en plantas de biogás en la última década, incluyendo incendios y explosiones. Es por estos motivos que esta macroplanta de los Camachos resulta en una actividad altamente peligrosa y por descontado constituye una gran irresponsabilidad por parte de las autoridades autorizar y, por tanto, facilitar la instalación de una industria de riesgo como es una macroplanta de biogás junto a un área residencial e industrial.
Las molestias que genera una macroplanta de biogás están bien documentadas en estudios científicos, la hemeroteca y por múltiples comunidades que ya conviven con instalaciones similares a las que nos hemos acercado. El olor persistente de la fermentación de residuos puede impregnar barrios enteros, reducir el bienestar emocional, la calidad de vida de la población y deteriorar la relación de las personas con el entorno donde desarrollan sus vidas individuales y colectivas. Según análisis presentados en las alegaciones del proyecto, el radio de afectación alcanzará gran parte de las ciudades de Cartagena y la Unión y pedanías como: el Algar, los Nietos, Roche Bajo y Alto, la Aparecida, la Puebla, los Urrutias, el Garbanzal, la Media Legua, los Beatos y los Camachos, entre otras comunidades próximas, así como instalaciones sensibles como una gasolinera y varios colegios e Institutos de Enseñanza Media y el Hospital de Santa Lucía.
A esto se suma el tráfico pesado: entre 40 y 80 trayectos diarios de camiones transportando purines, lodos y restos de cadáveres de animales, atravesando carreteras locales y zonas interconectadas con barrios residenciales. Más ruido, más polvo, más contaminación, más deterioro de las infraestructuras públicas y aumento, tanto de la frecuencia de los accidentes, como de los impactos ambientales de estos últimos por el aumento de tráfico pesado cargado de sustancias biológicas tóxicas, así como la degradación del paisaje, aún más de lo que lo tenemos en la comarca de Cartagena.
Una cuestión fundamental es la cercanía a viviendas, a apenas 350 metros y 150 metros de una gasolinera, distancias que contravienen el sentido común y las recomendaciones del manual de buenas prácticas diseñado por las propias empresas, que establece distancias superiores a 2.500 metros para instalaciones de este tipo, el cual incumplen de manera sistemática.
La ubicación proyectada se encuentra en la cuenca vertiente del Mar Menor conectada por la Rambla de Miranda, uno de los cauces naturales que drena directamente hacia la laguna salada más grande de Europa. Cualquier lixiviado a los acuíferos subterráneos, vertido accidental de digestato, lodos o aguas residuales, ya sea por negligencia, fallo técnico, accidente de tráfico o episodio de lluvias torrenciales y otros episodios naturales, acabaría canalizado por este cauce directamente hacia el Mar Menor.
Esto supone un riesgo inasumible para un ecosistema cuya fragilidad es sobradamente conocida y que cuenta con un marco jurídico específico de protección: la Ley 19/2022, de Reconocimiento de la Personalidad Jurídica del Mar Menor. Esta norma obliga a todas las administraciones a aplicar el principio de precaución, evitando cualquier actividad que pueda agravar su deterioro ecológico o introducir nuevas presiones en su cuenca vertiente.
Una macroplanta de biogás situada a escasa distancia de una rambla que vierte a la laguna es, por definición, incompatible con los derechos reconocidos al Mar Menor y con los deberes legales de protección que pesan sobre las instituciones. Cualquier error, fuga o siniestro tendría consecuencias irreversibles.
El suelo donde se pretende construir la macroplanta está clasificado como suelo urbanizable sin sectorizar, lo que implica que no puede albergar instalaciones permanentes ni actividades industriales de tratamiento de residuos. Mientras no se apruebe un plan de desarrollo (plan parcial), ese suelo conserva la naturaleza rural y solo puede acoger usos provisionales.
La Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia es clara: en este tipo de suelo solo pueden autorizarse instalaciones provisionales, infraestructuras públicas o actuaciones declaradas de interés público, ninguna de las cuales es aplicable al proyecto de Heygaz.
Además, la parcela se integra dentro del ámbito de la Actuación de Interés Regional (AIR) de la ZAL Los Camachos, cuya finalidad es crear una plataforma logística intermodal conectada con el puerto, el ferrocarril y la AP-7. La manzana específica donde se quiere ubicar la macroplanta está catalogada para usos logísticos: almacenamiento, distribución, depósito franco o centro integral de transporte, no para actividades de tratamiento de residuos.
Pero hay más:
En 2022, SEPES vendió 276.000 m² a la Autoridad Portuaria por un precio simbólico (10 €/m²), muy por debajo de su valor real, precisamente porque el destino era logístico y estratégico, dentro del futuro desarrollo de la ZAL de Los Camachos y, no para usos industriales o energéticos de alto impacto. La implantación de una macroplanta de biogás desnaturaliza la finalidad pública del acuerdo.
Sin embargo, estos mismos terrenos han sido posteriormente cedidos por la Autoridad Portuaria de Cartagena a la empresa promotora de la macroplanta de biogás mediante un procedimiento opaco, del cual desconocemos los documentos, criterios y pasos administrativos seguidos, pese a haberlos solicitado formalmente. Esta falta de transparencia podría constituir una vulneración de las obligaciones legales de publicidad y acceso a la información que obligan a cualquier entidad pública.
Además, la revisión del Plan General (2024), aprobada inicialmente, mantiene la clasificación como suelo sin sectorizar dentro del ámbito ZAL y activa la suspensión de licencias, lo que impide conceder autorizaciones de obras o actividad mientras dura la tramitación. En conjunto, la cesión oscura de suelo público y la incompatibilidad urbanística vigente ponen de manifiesto que la implantación de esta macroplanta desnaturaliza la finalidad pública del acuerdo original y contraviene la planificación territorial anunciada para Cartagena.
Los párrafos anteriores nos muestran de manera normativamente contundente que: el proyecto es legalmente inviable.
Más allá de los riesgos ambientales e incongruencias urbanísticas, la propuesta supone un serio perjuicio económico para Cartagena. Las empresas instaladas en Los Camachos y en áreas próximas ya han mostrado su preocupación: convivir con una macroplanta de biogás implica un riesgo reputacional, logístico y sanitario. Y, en consecuencia, muchas empresas podrían deslocalizarse o renunciar a establecerse en la ZAL.
El biogás no genera empleo cualificado ni valor añadido comparable al de las actividades logísticas o tecnológicas previstas. Por el contrario, desincentiva la llegada de operadores, reduce la competitividad del territorio y bloquea la capacidad de Cartagena para consolidarse como un referente logístico regional y estatal.
La ZAL está diseñada para crear empleo estable, atraer empresas innovadoras y fortalecer el vínculo entre el puerto y estas empresas. Convertirla en un polo de tratamiento de residuos constituye un error estratégico manifiesto que comprometerá la economía local durante décadas.
Recordar que la competencia para autorizar la macroplanta de biogás de los Camachos recae exclusivamente en:
Cartagena merece un futuro limpio, seguro y próspero. El proyecto de Heygaz no responde a ninguna necesidad estratégica del municipio. No aporta valor logístico. No genera empleo cualificado. No encaja en la planificación urbanística. No cumple las distancias de seguridad. No respeta la finalidad pública de la ZAL. No protege la salud de los vecinos. No favorece el desarrollo económico del tejido empresarial cercano. Por el contrario, genera olores, riesgos biológicos, emisiones contaminantes, tráfico pesado, pérdida de atractivo industrial y un daño irreparable a la imagen de Cartagena como ciudad innovadora, portuaria y sostenible.
Por todo ello, desde la Plataforma Stop Biogás los Camachos–Cartagena–Mar Menor, configurada por gran parte de la sociedad civil movilizada de la comarca de Cartagena y de la Región de Murcia, EXIGIMOS:
Cartagena tiene una oportunidad histórica de decidir su futuro y dirigirse hacia la que ciudad quiere ser. No podemos permitir que una macroplanta de biogás de alto impacto condicione nuestro desarrollo durante generaciones.