El PP propone eliminar la obligatoriedad de certificar que agricultores y ganaderos del Mar Menor cumplen la ley
En la propuesta de reforma de la Ley de Recuperación y Protección Integral del Mar Menor presentada este lunes por el PP en el registro de la Asamblea regional se han introducido algunos cambios respecto de su último documento, de diciembre de 2025. En línea con los planteamientos de Vox y del sector agrario, una de las modificaciones que han incluido ha sido la de eliminar la obligatoriedad de que las explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran en el Campo de Cartagena, en el entorno del Mar Menor, estén obligadas a certificar a través de una ECARM (Entidad Colaboradora de la Administración Agraria) que cumplen con la normativa medioambiental, en concreto en el capítulo de la contaminación por nitratos.
Este punto, que se recoge en la disposición adicional décima, es uno de los que ha defendido también la ultraderecha en su proposición de reforma de la Ley y una demanda apoyada por el sector agrario, ya que hasta ahora eran las explotaciones las que tenían que correr con los gastos de estas inspecciones.
La intención de la propuesta es que ya no sean preceptivas, pero sí voluntarias y que aquellas empresas del sector tanto ganadero como agrícola que continúen sometiéndose a las inspecciones anuales y el resultado sea favorable opten al Distintivo para la Agricultura Sostenible del Mar Menor de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
En la argumentación de la modificación, el PP recuerda que el Gobierno dispone de planes de inspección a las explotaciones agrícolas y ganaderas, que velan por el cumplimiento de la ley del Mar Menor: “La Administración ha asumido el control del cumplimiento de las medidas de la ley, por lo que es preciso adecuar el papel de las ECARM a las necesidades y realidad actual”.
Además, señalan que después de cinco años aplicando la ley, “el sector agrario regional ha realizado un esfuerzo para adaptar sus explotaciones agrarias, realizando importantes inversiones para la implantación de barreras vegetales, para el control de la fertilización, reduciendo sus ciclos de cultivo e implantando tecnologías de riego de precisión, así como otras relativas a la adaptación de la gestión de estiércoles y purines a lo previsto en la ley”.
En cuanto al régimen sancionador, no ha habido en esta nueva propuesta cambios con la anterior de diciembre y en la que ya se rebajaron las cuantías: “Durante cinco años -recogen en la exposición de motivos-, los titulares de las explotaciones agrarias han estado sometidos a un estricto régimen sancionador más exigente que la legislación estatal en la materia, entre otros aspectos, en lo referente a la potestad de imposición de sanciones accesorias”.
Con el cambio de marco se produce un descenso considerable de la cuantía económica de las sanciones: las sanciones leves con la actual legislación tenían multas de hasta diez mil euros, y con la modificación pasarían a una horquilla de entre 600 y 1.000 euros.
Con esta del PP, ya son tres las propuestas de reforma registradas en la Asamblea regional. Las otras dos, de Podemos y Vox. En 2024 fueron cuatro los grupos que presentaron propuestas de reforma, pero ninguna salió adelante.