Esta semana la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha señalado más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras por parte del Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Pero, ¿qué es esta oficina? ¿Cúando surgió? ¿Qué otros casos con irregularidades ha destapado? En esta cronología explicamos sus fechas clave.
Tras casi dos décadas en el Gobierno y tras una última legislatura convulsa con la ruptura del Gobierno de coalición entre UPN y el PSN y el estallido del escándalo de las dietas de Caja Navarra, los regionalistas abandonaron en verano del 2015 el Palacio de Navarra. Su lugar lo ocupó un cuatripartito conformado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra y liderado por Uxue Barkos. A esos comicios, EH Bildu se presentó con la propuesta de impulsar una oficina de anticorrupción que complementara el trabajo de auditorías que realiza la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, con el afán de “sacudir las alfombras” y sacar a la luz posibles casos de corrupción de los gobiernos regionalistas.
Con el cuatripartito ya formado, la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, propuesta por EH Bildu, anunció la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción con el objeto de “garantizar la participación ciudadana en el control eficaz de las instituciones y asegurar la rendición de cuentas de los responsables políticos ante la sociedad y sus órganos de representación”. La directora general de Presidencia de Beaumont era Edurne Eginoa, actual directora de la Oficina.
Pero no fue hasta el año 2018, y tras la aplicación de varios cambios a propuesta del Consejo de Navarra, cuando el Parlamento navarro aprobó la ley de creación de este ente, con los votos favorables de los socios del Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra) así como los del PSN. UPN y PP se abstuvieron.
En 2019, el último año de la legislatura, el Gobierno de Barkos trató de poner en marcha la oficina proponiendo como directora a Isabel Urzainqui Zozaya, pero su elección no prosperó en el pleno del Parlamento.
Con la llegada de la socialista María Chivite al Palacio de Navarra en agosto de 2019 la puesta en marcha de la oficina quedó aparcada. Así se desprende de los presupuestos generales de la comunidad foral hasta el año 2023, en los que la partida para esta oficina era de solo 10 euros. Desde el Gobierno de PSN, Geroa Bai y Podemos explicaron entonces que la partida simbólica respondía a la falta de consenso en el Parlamento para la designación de la persona encargada de dirigirla.
En mayo de 2022 los socios del Ejecutivo de Chivite y EH Bildu aprobaron en el Parlamento el nombramiento de Edurne Eginoa como directora de la OANA. Esta semana, la expresidenta y senadora por Geroa Bai, Uxue Barkos, ha recordado que fue EH Bildu quien propuso el nombre de Eginoa para dirigir la oficina, después de que el diputado de la coalición abertzale Oskar Matute asegurara en el Congreso, según él “de forma irónica”, que la OANA está “controlada” por EH Bildu.
En 2023, ya con Edurne Eginoa como directora, la Oficina fue dotada de recursos, con un presupuesto de 644.360 euros, y se creó un canal de denuncias anónimas. El presupuesto de la OANA se ha incrementado año a año y en 2025 ha sido de 997.710 euros.
La primera resolución de relevancia de esta Oficina llegó en 2024, cuando señaló que el consejero de Cohesión Territorial y tío de la presidenta, Óscar Chivite, había incurrido en una “incompatibilidad” en su toma de posesión como consejero en agosto de 2023 porque al mismo tiempo era administrador de una sociedad mercantil. Con todo, apuntó que “no se puede afirmar que se haya producido daño manifiesto a la Administración de la Comunidad foral o se haya producido un beneficio en el patrimonio propio o de terceras personas”.
Ha sido esta semana cuando la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha publicado los informes más duros contra el Gobierno de Navarra, institución que los encargó como parte de la “triple auditoría” que anunció María Chivite para todos los contratos que se adjudicaron a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.
En los cuatro informes, la OANA apunta que la adjudicación a esta UTE de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate por 62,8 millones de euros es “nula de pleno derecho” por diferentes irregularidades como la del hecho de que el presidente de la mesa de contratación emitiera su voto después de conocer el voto de cuatro miembros de la mesa. Esta Oficina además, afeó meses antes al Gobierno de Navarra por “represaliar” al secretario de la mesa que emitió un voto desfavorable a la adjudicación y que denunció las presuntas irregularidades.
Anticorrupción también ha señalado otras dos obras, las de construcción de viviendas protegidas en el barrio de Erripagaña. Según la Oficina, Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda en Navarra, cuando la cartera estaba controlada por Geroa Bai, con José María Aierdi primero como gerente de la entidad y luego ya como consejero, no debió adjudicar las obras a la UTE de Acciona con Servinabar.
Otro posible caso de irregularidades que está investigando la OANA es el del alcalde de Ujué, Rubén Sánchez, que presuntamente adjudicó once contratos de obra pública a su propia empresa constructora.
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