La presidenta de Navarra, María Chivite, ha aseverado que el reparo suspensivo de la Intervención General del Gobierno foral al sobrecoste de 8,5 millones de euros de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate (adjudicada a Acciona, Osés y Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán) “demuestra” que no hubo “participación política” en la adjudicación. Chivite ha comparecido este viernes en la comisión de Régimen Foral a petición de UPN para dar explicaciones sobre el reparo junto con los consejeros de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.
La jefa del Ejecutivo foral ha vuelto a reiterar que no hubo “injerencia” política en la mesa de contratación que valoró las ofertas, ni “ninguna instrucción” de a quién adjudicar la obra. El contrato, de 62,8 millones de euros más IVA, se lo llevó la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, si bien esta última empresa ha sido recientemente excluida del contrato tras conocerse su vinculación con Santos Cerdán. “Es obvio que en la mesa de contratación ha habido importantes diferencias de criterio técnico, pero nunca una indicación externa”, ha solemnizado María Chivite.
Al presupuesto total de 76 millones de euros para la ejecución de la obra, las empresas de la UTE anunciaron un sobrecoste inicial de 8,5 millones, que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. Pero la Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado. La decisión generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, del que el Gobierno todavía no ha anunciado su reemplazo.
Según ha explicado este viernes la presidenta las obras continúan en marcha “tras el parón navideño” y ha señalado que la excavación del nuevo túnel ha superado ya el 70%. Sobre las obras, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha avanzado un nuevo modificado que será enviado a la Intervención General para su autorización.
El consejero también ha explicado que el Gobierno de Navarra ha pagado ya 24,2 millones de euros a las empresas de la UTE para la ejecución del contrato, después de que la Intervención General emitiese un informe de fiscalización positivo para el abono de las certificaciones comprendidas entre mayo y noviembre de 2025 que suponen la cantidad de 11,7 millones de euros.
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