Los partidos políticos devoran los restos de romanticismo del gaztetxe Maravillas
El desalojo y la reocupación del palacio Marqués de Rozalejo el pasado mes de agosto situó el gaztetxe Maravillas “en medio de una tormenta política que se ve agravada por el tempo político preelectoral”, opina el profesor de Sociología de la Universidad Pública de Navarra Ricardo Feliú. La polémica generada en torno a la memoria histórica, al programar la asamblea del gaztetxe una charla -que víctimas de la banda terrorista y asociaciones memorialistas consideraron “homenaje”- sobre el etarra Mikel Castillo -muerto en un enfrentamiento con la Policía el 18 de septiembre de 1990, mientras esperaba para presuntamente asesinar a un camello en un coche junto a la catedral de Pamplona- ha terminado de crispar una situación en la que confluyen intereses partidistas, conflictos institucionales -entre el Gobierno de Navarra, propietario del edificio, y el Ayuntamiento de Pamplona, responsable de la seguridad ciudadana y las políticas de juventud- y un pasado reciente de violencia política capaz todavía de inflamar los ánimos de diversos colectivos.
“Es un ejemplo de mala gestión del Gobierno, de Geroa Bai”, sentencia Ricardo Feliú, que recuerda que el gaztetxe Maravillas llevaba okupado desde septiembre de 2017, pero no fue hasta este verano cuando un tema local saltó a la primera línea de la política navarra, “y en clave preelectoral”, subraya el sociólogo. “Los partidos políticos buscan un posicionamiento de cara a los electores”, indica, para también remarcar que los espacios políticos en Navarra están muy definidos y resultan poco permeables.
El experto considera que el “doble enfrentamiento” -por un mismo espacio político por un lado, fundamentalmente entre Geroa Bai y Bildu; e institucional, por otro, entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, instituciones además en las que ambos partidos son socios y ostentan el poder- ha contribuido a que el conflicto “se encone”. “Se convierte en un territorio de pugna, instrumental, en el que se genera una confusión interesada”. Y a esa pugna por el espacio electoral se suman los ataques de la oposición, que ha detectado un filón para desestabilizar a los partidos en el poder. Feliú recomienda “separar la política el partidismo”, puesto que el movimiento okupa “es fundamentalmente político, pero más amplio que los partidos políticos”.
En medio del fuego cruzado partidista, la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, calificó esta semana de “vergüenza” el “intento de hacer de la violencia un asunto electoral en la recta final de la legislatura” y preguntó al líder de UPN, Javier Esparza, “si está utilizando el enaltecimiento al terrorismo y el dolor de las víctimas con vocación de rédito electoral”.
Decisión “prudente y responsable” o “hacer el ridículo”
En ese marco de pugna con sus socios, Barkos ha desempeñado esta semana en el Parlamento el difícil papel de defender ante la oposición la gestión conjunta del asunto con sus cada vez menos aliados políticos. Por ejemplo, la solicitud de suspensión de la orden de desalojo que realizó en agosto el Ejecutivo y que provocó que el juez archivara la causa al entender que la nueva okpuación era “tolerada”. Barkos recalcó que era la decisión “más procedente, prudente y responsable”, mientras que UPN y PPN le acusan de “claudicar” y “hacer el ridículo”.
La presidenta defendió que el objetivo del Gobierno no es otro que “preservar y asegurar el mantenimiento de la seguridad ciudadana y, sobre todo, buscando la garantía de que podamos hacer efectiva esa acción de desalojo, que se pueda extender en el tiempo por las circunstancias propias del edificio”.
Remarcó que se trata de una decisión “compartida por el conjunto” del Gobierno y que se adoptó “sin dejar a nadie a los pies de los caballos”. Barkos también aseguró que con la petición de suspensión el Ejecutivo no renuncia a que el Palacio del Marqués de Rozalejo sea la sede del Instituto de la Memoria e insistió en que se pidió la suspensión hasta que “podamos garantizar ese desalojo definitivo”.
“El Gobierno pide la suspensión de la orden de desalojo, no pide que se archive la denuncia que habíamos puesto un año antes y no compartimos la decisión de archivar la denuncia”, expuso la jefa del Ejecutivo foral, para recordar que el Gobierno de Navarra ha recurrido el auto en el que se archiva la causa.
Por su parte, el portavoz de UPN y líder de la oposición, Javier Esparza, le dijo que el Gobierno de Navarra “ha hecho el ridículo” y se preguntó “si la mejor defensa de los intereses generales es mirar 11 meses para otro lado porque son los amigos de EH Bildu y son los que sostienen al Gobierno”.
“Mira para otro lado porque le ha hecho presidenta EH Bildu y esos homenajes los impulsa, los ampara y los bendice EH Bildu y no quiere hacerle un feo a su principal socio”, insistió Esparza, que considera que el edificio “se ha convertido en una Herriko Taberna y es lo que es porque Barkos está atada de pies y manos desde el inicio de la legislatura”.
Ricardo Feliú considera estas discusiones inflamadas “consecuencia de la mala gestión”, y critica que el Ejecutivo “se saque de la manga la propuesta de situar en el edificio el Instituto de la Memoria, un proyecto que no existe”. El sociólogo recuerda el desalojo final del gaztetxe Euskal Jai en 2004, que la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de Pamplona, mandó derribar para crear “una piscina climatizada pública”. Frente al “ordeno y mando”, apuesta por “una cultura política de participación y resolución de conflictos a través de la mediación”. “La ciudadanía no es un sujeto pasivo, debe poder tomar un papel activo en decisiones como esta”, concluye.
