Claves del 'caso Davalor', por el que se investiga al exconsejero navarro del PNV Manuel Ayerdi

La sala segunda del Tribunal Supremo abrió en 2021 una causa penal para investigar al exconsejero navarro del PNV Manuel Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, que posteriormente pasó al juzgado de instrucción número dos de Pamplona, en relación con las subvenciones por valor de 2,6 millones de euros que concedió, presuntamente de manera irregular, a la empresa Davalor Salud, que se encontraba en situación de insolvencia. Lo hizo en la legislatura 2015-2019, cuando ocupaba el cargo de vicepresidente primero del Gobierno de Navarra de Uxue Barkos, así como el de consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA). elDiario.es/Navarra resume el caso en siete claves.

1 - El único consejero del PNV en el Gobierno de la socialista María Chivite

Manuel Ayerdi es el único consejero del PNV de los cuatro de la coalición Geroa Bai que están en el Gobierno de María Chivite; los otros tres (José María Aierdi, Ana Ollo e Itziar Gómez) están ligados al nuevo partido de Uxue Barkos, Geroa Socialverdes. Ayerdi fue también consejero y vicepresidente primero del Gobierno del cuatripartito de Barkos, etapa en la que presuntamente cometió los delitos que ahora investigará el Supremo. De hecho, para ocupar su cargo, Manuel Ayerdi tuvo que renunciar a su cargo de presidente del PNV en Navarra, el Napar Buru Batzar (NBB). En ese Gobierno de Geroa Bai, Podemos, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, a Ayerdi le acompañaba otra consejera del PNV, María Solana, al frente de la consejería de Educación.

2 - Una querella de UPN

El Tribunal Supremo ha declaró en 2021 su “competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del aforado” Manuel Ayerdi después de que Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentara el pasado mes de junio una querella contra el consejero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las subvenciones por valor de 2,6 millones de euros que concedió, presuntamente de manera irregular, a la empresa Davalor Salud. El PNV exprimirá que el caso lo origina un partido rival. La causa, tras la dimisión del consejero y su consiguiente pérdida de aforamiento, pasó al juzgado de instrucción número dos de Pamplona.

3 - Un mes en el cargo

Cuando Manuel Ayerdi, como presidente del Consejo de Administración de SODENA, concedió en septiembre de 2015 el primer préstamo de 1 millón de euros a Davalor, llevaba apenas un mes en el cargo de vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. Ayerdi tomó posesión de su cargo el 23 de julio de 2015 y, según la querella, en septiembre de ese mismo año el Ejecutivo foral aprobó en una sesión de Gobierno, “mediante un procedimiento extraordinario a propuesta del señor Ayerdi” instar a SODENA a que aportara el préstamo a Davalor. Unos meses antes, en junio, el administrador de Davalor, Marcos Muñoz, había contactado con SODENA para solicitar un aval de 4.000.000 euros. Los servicios técnicos de la entidad pública, tras los estudios y comprobaciones oportunas, emitió un informe en el que se ponían de manifiesto graves debilidades financieras de la empresa, rechazando el apoyo financiero.

4- Proyecto de “interés foral”

En su querella, UPN denuncia que Ayerdi aprobó la concesión del préstamo sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad, siendo conocedor de que Davalor no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia. Declarando el proyecto de “interés foral”, lo que supone el impulso preferente y urgente del proyecto y una simplificación de los plazos de los trámites administrativos, El Gobierno foral tramitó el proyecto del préstamo por el procedimiento de urgencia y sin recabar la autorización expresa del Parlamento de Navarra que exige la Ley Foral de la Hacienda Pública.

5 - Cinco nuevos préstamos

La querella señala que Davalor en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad. La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable en marzo de 2020 por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia, que según el informe de la Administración Concursal se produjo desde, al menos, diciembre de 2015.

UPN denuncia que Ayerdi, como presidente del Consejo de Administración de SODENA, y siendo conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social, no solo no hizo uso de la facultad de vencimiento anticipado, dando por extinguido el contrato y exigiendo la devolución del dinero, sino que aprobó conceder a Davalor cinco nuevos préstamos por importe total de 2.600.000 euros, financiados por el programa del Banco Europeo de Inversiones que SODENA tenía concertado.

6 - Una decisión tomada con un “carácter totalmente personal” fruto de una “corazonada”

En una comisión de investigación en el Parlamento foral en 2018 reconoció que la decisión de invertir en Davalor fue tomada con carácter totalmente personal“. El Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial señaló en esa comparecencia que ”era lo más responsable“ y que obedeció a una ”corazonada“, amparándose en un informe de 9 de septiembre de 2015. Ese informe fue emitido por la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico, Pilar Irigoien Ostiza, quien, denuncian los querellantes, unos días después, junto con otras dos directoras generales del Departamento fueron nombradas por Manuel Ayerdi consejeras de administración de SODENA, después de que se resolviera el cese de todos los consejeros del órgano de administración, tanto los de designación política como los miembros independientes.

7- Dimisión

El exconsejero dimitió a las pocas semanas de que se le abriera la causa en cumplimiento de una ley del Gobierno de Navarra, que fue modificada por el Gobierno de Uxue Barkos, y que recoge en su artículo 68 que “en el momento en que un cargo público electo o de libre designación conozca de forma fehaciente que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de la instituciones”.

¿Y en el partido? A raíz del 'caso de Miguel', la mayor trama de corrupción en Euskadi, el Euskadi Buru Batzar (EBB) introdujo en los estatutos del partido un artículo en el que en caso de que un miembro del PNV esté imputado por un delito de corrupción, la comisión de Garantías y control podrá abrir un trámite para que deje la afiliación. Se hizo así por las resistencias que encontró el entonces líder 'jeltzale', Iñigo Urkullu, para obligar a Alfredo de Miguel y a otros acusados a que cesaran temporalmente en su condición de militantes.