“Si las empresas respetan los Derechos Humanos por convicción mejor, pero lo importante es que cumplan”
“A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre”. Y más cuando representa a comunidades indígenas de América Latina en batallas legales con grandes empresas, esas que, según el abogado Mikel Berraondo (Pamplona, 1973), a menudo no tienen en cuenta los Derechos Humanos. Por esa sinceridad, casi reivindicativa, a Berraondo le sorprendió que el Gobierno Foral sugiriera su nombre como cooperante para representar a Navarra en una campaña, organizada (con motivo de la celebración en 2015 del Año Europeo del Desarrollo) por la Representación de la Comisión Europea en España y la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, para poner cara a la ayuda al desarrollo. De una forma literal. Porque su cara es una de las 19 que decoran la fachada de las instituciones europeas en el paseo de la Castellana de Madrid: “Ahora mucha gente se está enterando de lo que hago”.
¿Y en qué consiste ser un asesor legal en cuestión de Derechos Humanos? Berraondo trabaja sobre todo con organizaciones indígenas y de mujeres en América Latina, a quienes acompaña a organismos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos. El objetivo, ante todo, es que “conozcan sus derechos” y los ejerzan, porque a menudo sus territorios chocan con los intereses empresariales o con “el racismo”: “Vivimos en contextos muy racistas y con empresas que tienen mucha prisa por explotar recursos, y por eso hay trámites que no se hacen y se vulneran derechos”. Y reconoce que se trata de un tema “muy politizado”, que a menudo implica a los estados, enfrentados por tanto a personas vinculadas a la cooperación.
Esas reclamaciones vienen muy al hilo de debates como los efectos del TTIP, el Traslado Trasatlántico de Comercio e Inversiones que, según han denunciado organizaciones como Attac Nafarroa-Navarra, daría más poder a los intereses que controlan las finanzas, la industria o la política en Europa y Estados Unidos. Preguntado por esta cuestión, Berraondo apunta que “el TTIP es uno de los motivos que facilita la vulneración de derechos”.
Berraondo se ha centrado la actualidad, precisamente, en las tensiones entre las empresas y los Derechos Humanos en comunidades indígenas de América Latina, porque, en su opinión, es perceptible cómo los tratados de libre comercio “impactan en el ejercicio de derechos básicos”. Por tanto, cabe preguntarse si es posible luchar contra eso y contra grandes firmas: “Es cierto que hay empresas que tienen ejércitos de abogados y, en algunos casos, incluso de matones. Es una lucha de David contra Goliat. Hay casos incluso que afectan a empresas españolas en los que ha habido asesinatos (habla de un caso hace tres años, de oposición a una presa hidroeléctrica) de dirigentes indígenas y sindicales por parte de personal contratado directamente por la empresa. Por ejemplo, en Guatemala”. Este abogado asegura que también se recurre a las “amenazas” como una herramienta más.
Berraondo reconoce, no obstante, que cada vez es “menos habitual” porque hay empresas que “están cambiando de actitud” y porque “hay un marco de Derechos Humanos en Naciones Unidas que hace que haya empresas que empiezan a tener conciencia, sobre todo porque, desde el punto de vista de la inversión, es más rentable para ellas”. ¿Es eso convicción o por ahorro? Este experto asegura que “a mí me da lo mismo. Si están convencidos, mejor, es lo que me gustaría, pero lo importante es que cumplan”. “Si se ponen medallas diciendo que cumplen los Derechos Humanos me parece muy bien, pero si lo hacen realmente”, expresa.
La lejanía da sensación de “impunidad”
Lo dice alguien que asegura que se especializó en esta materia por “convicción” y que, ahora, “cada día me sorprendo de que pueda vivir de esto”. Berraondo estudió Derecho y, a través de Deusto, fue parte de la primera promoción del Máster Europeo de Derechos Humanos. También integró el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y ahora es miembro del patronato de Ipes (Instituto de Promoción de Estudios Sociales) y trabaja como asesor de Derechos Humanos y consultor. En la actualidad, trabaja sobre todo en la Patagonia (colabora con el Consejo Honorífico del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas de Neuquen), pero también lleva un caso en Paraguay (una deforestación presuntamente ilegal en la frontera con Bolivia), entre otras cuestiones, y es habitual que pase más de cinco meses fuera de Pamplona.
La lejanía de las actuaciones de esas empresas, también españolas, hace que se reduzca la reacción de la población y aumente la sensación de “impunidad”. “Es cuando lo que hacen allá trasciende aquí cuando empiezan a preocuparse. Que la gente acá sepan qué se hace allí es uno de los grandes retos”, apunta. En un momento en que, por ejemplo, la Coordinadora de ONGD de Navarra ha denunciado que las aportaciones a cooperación al desarrollo se han reducido en la Comunidad Foral en un 80% desde 2011, ¿se puede lograr la implicación de las instituciones y la ciudadanía en problemas ubicados al otro lado del océano? Berraondo reconoce que, además, en proyectos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos se ha recortado dentro de los propios recortes. Pero recuerda que “los derechos humanos son iguales para todos”, así que no hay excusas para saltárselos.
