El Gobierno navarro, dispuesto a pleitear con la Iglesia para recuperar su patrimonio
El Gobierno que preside Uxue Barkos quiere que la Iglesia Católica devuelva en Navarra al patrimonio público las casi 1.100 propiedades que sus obispos han registrado a nombre de la institución religiosa desde 1946 hasta hoy. Para conseguirlo, está dispuesto a revisar la política de subvenciones públicas que se conceden para el mantenimiento y conservación de dichos bienes. Porque, aunque se trate de inmuebles a nombre de la Iglesia, también el Gobierno invierte dinero público en conservarlos, rehabilitarlos y mantenerlos. Además, el Gobierno de Barkos advierte que está dispuesto a personarse en los procedimientos judiciales que ya han iniciado diversos ayuntamientos navarros con el propósito de recuperar para el patrimonio público los bienes de los que se ha apropiado la Iglesia.
Toda esta declaración de intenciones ha sido aprobada en sede parlamentaria con el apoyo de los cuatro grupos que sustentan el Gobierno de Barkos y el apoyo de los socialistas navarros. Se trata, por tanto, de una seria advertencia a la Iglesia en Navarra que, por primera vez, se encuentra frente a un Ejecutivo que se dice dispuesto a litigar con la institución católica en los juzgados para recuperar la propiedad de unos bienes que deberían formar parte del patrimonio público de Navarra.
Si la voluntad expresada en el Parlamento por la mayoría de los grupos se queda en un mero aviso a navegantes, el Gobierno de Barkos no sólo estará defraudando a los más de 200 consistorios navarros que han unido sus fuerzas en la Plataforma de defensa del Patrimonio navarro, sino que también estará incumpliendo el acuerdo programático que suscribieron las formaciones del cuatripartito y en el que se comprometen a “apoyar activamente la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica”.
Según los últimos datos de la Plataforma, que no están actualizados puesto que los obispos no ponen precisamente un cartel para anunciar cada inmatriculación, la Iglesia católica en Navarra ha registrado por primera vez 1.078 bienes inmuebles a su nombre. El 78% son lugares dedicados al culto, templos, capillas, iglesias, ermitas, etc. Pero entre el resto del patrimonio que ha registrado a su nombre la Iglesia figuran viviendas, terrenos descampados, cementerios y hasta un frontón.
Una ley franquista, la ley Hipotecaria de 1946, lo hizo posible. Pero no fue hasta 2007 cuando el Gobierno de José María Aznar introdujo una modificación en dicha ley que eliminaba la excepción que Franco había impuesto. Y es que, durante la dictadura, la Iglesia no podía registrar a su nombre los lugares de culto. Hasta que Aznar consideró que aquello debía corregirse y lo permitió por ley. El grueso de las inmatriculaciones que ha llevado a cabo la Iglesia en Navarra se produjo, precisamente, a partir de la modificación legal de Aznar. Finalmente, en 2015, se ha vuelto a modificar la ley y la Iglesia ya no puede inmatricular más bienes sin más condición que la de que un obispo diga que el inmueble en cuestión pertenece a la Iglesia. Ahora, si la institución religiosa quiere registrar bienes a su nombre, deberá acreditar la propiedad del inmueble como debe hacerlo el resto de los mortales, con documentos oficiales.
La amnistía registral
La amnistía registralSin embargo, el cambio normativo de 2015 incluyó una cláusula que, en la práctica, ha supuesto una especie de “amnistía registral” para la Iglesia. Y es que la ley dice que “lo hecho, hecho está” y no obliga a la Iglesia a devolver los bienes inmatriculados antes de 2015. Y, además, deja sin argumentos jurídicos a las instituciones públicas que están pleiteando para que dichos inmuebles vuelvan a formar parte del patrimonio público.
Por esta razón, la Plataforma pidió a los grupos parlamentarios que el Ejecutivo y el Legislativo tomaran la iniciativa judicial para revertir el patrimonio indebidamente inmatriculado por la Iglesia en Navarra. Su petición se ha transformado en la citada resolución que han aprobado los partidos del cuatripartito con el apoyo socialista y los votos en contra de UPN y PP. Los socialistas, no obstante, votaron en contra del punto de la resolución en la que se reclamaba la inconstitucionalidad de la “amnistía registral”. Los partidos que apoyan al Gobierno entienden, por su parte, que no es de recibo reconocer que la ley daba trato de favor a la Iglesia y, al mismo tiempo, perdonar y dejar sin resolver todas las inmatriculaciones que se han llevado a cabo de forma indebida.
En el fondo, explican los partidos firmantes, se trata de que la aconfesionalidad del Estado español que consagra la Constitución “dista mucho de haber conseguido una efectiva separación entre la Iglesia y el Estado”. No es sólo que “la Iglesia católica sigue siendo favorecida frente a otras confesiones e instituciones sociales”, tanto por los beneficios fiscales de los que disfruta como por el nivel de ingresos de dinero público que recibe; es que también se ha consentido un procedimiento, el de inmatriculaciones de bienes inmuebles de dominio público a favor de la Iglesia católica, “que equipara a la jerarquía eclesial y a los funcionarios del Estado y las autoridades públicas”. Es decir, para que la Iglesia católica pueda inscribir a su nombre en los registros públicos un inmueble, la palabra de un obispo, además de ir a misa, sirve tanto como la de un fedatario público.
Es cierto que la última modificación legal ha corregido este vicio de la norma y la Iglesia ya no puede ejercer ese privilegio. Pero también es cierto que lo ha ejercido durante muchos años, haciéndose con un patrimonio que debería ser público, y que la ley le permite que no lo devuelva. Este es el frente jurídico en el que el Gobierno foral debe pleitear, o al menos, en el que ha anunciado que tiene intención de pelear para recuperar el patrimonio de todos los navarros.
