Tres meses de trabajo para volver a investigar lo ocurrido con la CAN
Tres meses de trabajo y “prioridad absoluta” a sus labores de investigación frente al resto de la actividad parlamentaria. Es el plan que se ha propuesto llevar a cabo la comisión de investigación que estudiará, de nuevo, lo ocurrido durante el proceso en el que la antigua Caja Navarra quedó absorbida por Caixabank. Dos parlamentarios por grupo constituirán esta comisión especial que comenzará su trabajo el próximo día 27 y tendrá que tener preparadas sus conclusiones el 30 de abril (julio y agosto son inhábiles en la Cámara foral, por lo que tienen por delante 3 meses hábiles), si bien los grupos se han concedido la facultad de prorrogar este plazo.
Esta será la puesta en marcha de la segunda comisión de investigación parlamentaria para que sus señorías esclarezcan lo ocurrido con la entidad de ahorro navarra, ahora integrada en el banco catalán. Los grupos de la oposición han pedido hasta en cinco ocasiones la creación de una comisión de investigación en torno a CAN, pero el PSN se opuso a ello las tres primeras veces. Los socialistas cambiaron a la cuarta, y su apoyo supuso la creación de la primera comisión de investigación. Un grupo, no obstante, que tuvo que disolverse ante la llegada del fin de la anterior legislatura y lo hizo tras dos meses de infructuoso trabajo: solicitar documentación a diversas entidades que los grupos consideraban implicadas en la cuestión.
Ante la falta de colaboración y la ausencia de documentación que investigar, la comisión redactó unas conclusiones contradictorias entre sí y que, en el último pleno de la legislatura, no fueron apoyadas por ningún grupo. Con la intención de mitigar la pobre imagen que como parlamentarios habían ofrecido con esta comisión de investigación, los grupos que la habían propuesto se comprometieron a reeditarla en esta legislatura. Ahora han aprobado sus normas de funcionamiento, el número de parlamentarios que la integrarán, su calendario y la fecha de estreno, el próximo 27 de abril.
A pesar del renovado interés de los grupos por arrojar luz sobre los hechos ocurridos en la CAN, es muy posible que sus señorías vuelvan a encontrarse con los mismos problemas que ya sufrieron la pasada legislatura al solicitar documentación a determinadas entidades. El Gobierno foral es el único obligado a facilitar los datos que le requiera la comisión, pero el resto de las entidades (fundaciones, bancos, organismos de control económicos o incluso juzgados) pueden alegar que no remiten la documentación solicitada para no vulnerar las leyes de protección de datos, o pueden responder, simplemente, que la Cámara foral carece de competencia para solicitar dicha información.
En cualquier caso, los grupos confían en que, esta vez sí, tanto el gobierno como otras entidades se muestren más colaboradores y la comisión pueda disponer en plazo de los documentos que requiera. Esperan también poder citar a tiempo a las personas que consideran relevantes para el esclarecimiento del proceso de inclusión de la CAN en Banca Cívica primero y en Caixabank finalmente. Incluso han elaborado un modelo de citación en el que se recuerda al entrevistado su obligación de acudir ante la comisión si no quiere incumplir la ley.
El portavoz de Bildu Adolfo Araiz ha negado que las conclusiones de esta comisión de investigación que arrancará su actividad a finales de mes estén ya escritas, como mantiene el grupo parlamentario de UPN. El de Bildu ha señalado que tres meses de trabajo son un tiempo suficiente para analizar a fondo el asunto y que la comisión tiene “prioridad absoluta” en el Legislativo, “sin que eso vaya a paralizar el resto de la actividad parlamentaria”, matiza Araiz.
