UGT rechaza el despido colectivo de Vodafone, que tiene 30 trabajadores en Cantabria

El máximo órgano entre congresos de la formación ugetista señala que aunque la empresa no ha aclarado cómo se distribuiría por territorios el despido colectivo propuesto, en la región afectaría a una plantilla integrada en la actualidad por 30 trabajadores.

“Los continuos errores de gestión y estratégicos cometidos a lo largo de estos tres últimos años, junto con la agresiva competitividad del sector, nos han llevado a esta situación que ahora se pretende paliar con la reducción de plantilla”, señala UGT en un comunicado.

El Comité Regional de FeSMC también aprobó otra resolución en la que reitera la petición del sindicato de derogar las reformas laborales de 2010 y de 2012 “que han abierto las puertas a los mayores niveles de precariedad laboral conocidos hasta ahora”.

En esta resolución, la federación ugetista se congratula del incremento del salario mínimo interprofesional aprobado para este año de 2019, aunque precisa que este aumento tiene que ser sólo un “primer paso” hasta alcanzar “como mínimo” los 1.000 euros mensuales, la misma cuantía que el último Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva recomienda para los salarios mínimos de convenio colectivo.

CLÁUSULAS PARA 13.000 TRABAJADORES DE CONCESIONES PÚBLICAS

Por otro lado, el Comité Regional de FeSMC-UGT aprobó otra resolución en la que insiste en incluir en los contratos de licitación de las administraciones públicas a empresas privadas cláusulas sociales, laborales y medioambientales que garanticen los derechos de más de 13.000 personas que en Cantabria trabajan para alguna adjudicataria de un servicio público.

Esta propuesta, que UGT ya trasladó a la Concertación Social, al Gobierno regional y a la Federación de Municipios, pretende evitar la “creciente conflictividad laboral” en muchas de estas adjudicaciones de servicios públicos a empresas privadas por no cumplirse las condiciones estipuladas en los pliegos de concesión.

La propuesta de UGT se refiere a la inclusión de cláusulas que permitan el cumplimiento del convenio colectivo, el pago de los salarios, la subrogación de las plantillas cuando cambie el titular de la concesión, límites en los precios, la eliminación de ofertas temerarias, la prohibición de subcontratación, la exclusión por infracciones y la creación de una comisión de seguimiento y control de las adjudicaciones.

En este sentido, el máximo órgano entre congresos de la federación de UGT, sindicato mayoritario en Cantabria en los sectores de su competencia, insta a las administraciones públicas cántabras a “no prorrogar los contratos de concesión a aquellas empresas adjudicatarias que están incumpliendo la legislación laboral y generando una conflictividad inaceptable”.