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Pública o concertada. Cuestión de prioridades

Es aconsejable abordar la controversia educación pública-educación concertada desde el desapasionamiento y dejando a un lado la ideología para evitar que nuestra postura quede supeditada a aquella. Que uno considere que los servicios públicos son esenciales en toda democracia avanzada no debe ser impedimento para admitir que, en función de las circunstancias, se ha de ser flexible en las convicciones y admitir situaciones excepcionales. Una de estas situaciones fue la necesidad de concertar determinados centros privados, pues así lo requería el exceso de matrícula que los centros públicos, en su día, no podían absorber. La red concertada nació pues como subsidiaria de la pública en un contexto en el que parecía razonable que el erario público se dedicara a cubrir parte de su presupuesto para cumplir con el objetivo de “universalizar la educación”.

Pero aceptar lo anterior no significa que uno tenga que comulgar con ruedas de molino. En un momento de crisis como este, con durísimos recortes en los servicios públicos, graves carencias en infraestructuras y serios problemas derivados de la falta de recursos, no parece que la tan manida “libertad de elección de centro” sea suficiente para convencernos de que esto es así porque “así debe ser”, como aquel Muß es sein del último cuarteto de Beethoven, o sea, porque el Destino así lo ha querido. ¿De verdad tiene que ser así? Yo creo que no, sobre todo porque la libertad de elección de centro no está en cuestión. Cualquier padre y cualquier madre pueden matricular a sus hijos en un centro público o privado; en el primero de forma totalmente gratuita. Nadie les impide hacerlo donde consideren. Esto es libertad. Lo otro es pretender que a una familia que (legítimamente) opta por la enseñanza privada, se le financie su elección. Nada reprocho, quiero dejarlo bien claro, a quien prefiere un centro privado a uno público por el motivo que fuere: laicidad o religiosidad, perfil del profesorado, cercanía, resultados académicos... Lo que no encuentro sensato es que se exija, apelando a la libertad, que se le pague.

Más doloroso resulta comprobar cómo el consejero de Educación del Gobierno de Navarra da la sensación de defender con más ahínco la red concertada que la pública, por supuesto enarbolando también la bandera de la libertad. Y más inaceptable aún que de sus declaraciones se pueda sospechar que intenta condicionar el voto de los ciudadanos advirtiendo de lo que otros harían en contra de la concertada, sobre todo porque él mismo se ha empeñado en endosarnos sus píldoras plurilingües para frenar el avance de la matriculación en el modelo D (su presidenta lo reconoció públicamente). Motivación política se llama eso. Y no difiere del “si no ganamos las elecciones vosotros no trabajáis en la Junta” que la entonces delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Irene Sabalete, arrojó a un grupo de trabajadores de la Administración andaluza poco antes de los comicios autonómicos, grabación que ha circulado estos días por las redes sociales. 

Cuando se defiende la concertación, ¿se hace en busca de un equilibrio entre redes o con el fin de proporcionar a una de ellas cierta exclusividad social?

No estoy discutiendo aquí la conveniencia o no de disponer de una red de centros concertados sino de la importancia de establecer prioridades en la gestión política de los servicios públicos. Sin entrar a valorar lo que otros partidos, si llegaran al Gobierno, defenderían en materia educativa, lo que pido a nuestros dirigentes, a estos o a los que los sustituyan en unos meses, es que tengan claras sus prioridades y valoren si es prudente mantener un gasto tan elevado en la red concertada (los recientes 459 millones de euros para la renovación de conciertos educativos en Primaria, ESO y FP y los 107,5 millones en  Infantil y Bachillerato, del año pasado), pese a los continuos recortes en la pública.

Como digo, se trata de establecer prioridades. Y esto debe hacerse en todos los ámbitos: ¿es más importante fomentar que nuestros alumnos aprendan a amar el conocimiento, que se despierte en ellos la curiosidad por saber, que desarrollen la sensibilidad artística, que se cultiven cultural, humanística y científicamente o que canten el himno de Navarra, aprendan a emprender y estudien Religión?  ¿es mejor robustecer la red pública y que la concertada sea, tal y como fue concebida, auxiliar, o dejar que la educación pública se apague mientras la privada, con ayuda de nuestros impuestos, se robustece al tiempo que segrega por sexos o acoge un número menor de inmigrantes? Una pregunta más: cuando se defiende la concertación, ¿se hace en busca de un equilibrio entre redes o con el fin de proporcionar a una de ellas cierta exclusividad social? En mi opinión, toda administración educativa debe corregir los desequilibrios en lugar de incentivarlos, evitar la fractura social y garantizar la igualdad de oportunidades y la posibilidad de que cualquiera, en base a su esfuerzo y su formación, pueda ascender socialmente y progresar.  Este y no otro debe ser el objetivo de la enseñanza pública. Y esta es la gran responsabilidad de nuestros gobernantes. Ojalá lo tengan claro.

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