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El compromiso de Navarra con la memoria histórica

La memoria no es sólo una cuestión de pasado, sino también de futuro. Hay familias que 80 años después siguen sin tener noticias sobre la localización de los restos de sus seres queridos.

El cambio en política se ha convertido en un tópico, en un leit motiv, pero el cambio que llegó a Navarra en el verano de 2015 fue un cambio profundo que se ha manifestado en nuevas políticas públicas, como las de memoria.

Navarra fue la primera Comunidad con ley autonómica de memoria histórica (2013). Sin embargo, la Ley no se desarrolló. Ha sido el nuevo Gobierno el que, por primera vez, ha creado estructuras administrativas como la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y el Instituto Navarro de la Memoria; el que ha desarrollado políticas públicas de memoria y víctimas, y el que ha dotado de recursos para responder con convicción a dos compromisos: con el deber de memoria de toda sociedad democrática con quienes han sufrido la injusticia de la violencia; y con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Y todo ello con un doble objetivo: en un plano individual y familiar, reparar, en la medida de lo posible, a las víctimas y sus familiares; y en un plano social y colectivo, construir una convivencia verdadera, pacífica y justa, desde la memoria, nunca desde el olvido.

Nuestras políticas en memoria histórica caminan en 5 ejes fundamentales. En primer lugar, la localización e identificación de las personas desaparecidas como consecuencia del golpe militar de 1936. Es el propio Gobierno quien ha asumido esta responsabilidad por medio de un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para las exhumaciones, y por medio de la empresa pública NASERTIC para la creación de un Banco de ADN. Desde 2015, hemos recuperado 66 cuerpos en fosas clandestinas, y hemos identificado y entregado a sus familias a 21 personas.

La organización de actos de reconocimiento y reparación institucionales es el segundo eje. El Gobierno, con la presencia de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barkos, ha organizado tres actos: en 2015, se homenajeó a los 33 trabajadores de la Diputación Foral asesinados; en 2016, al magisterio represaliado (33 profesionales asesinados y casi 350 represaliados); y en 2017 a los casi 500 navarros y navarras que pasaron por el campo de concentración de Gurs.

El tercer eje es el que camina hacia una democratización del espacio público de Navarra por medio de un "Programa de retirada de simbología franquista" en colaboración con las entidades locales. El objetivo es retirar nombres del callejero, símbolos y menciones honoríficas; símbolos, en definitiva, de exaltación de la violencia como instrumento político y que representan una ofensa a las víctimas.

El cuarto eje quiere resignificar lugares vinculados al terror y a la violencia como espacios de memoria y convivencia que permitan, por su simbolismo, transmitir a la sociedad actual y a las futuras generaciones la memoria de lo ocurrido en el marco de una reflexión sobre una cultura de paz, no violencia y respeto a los Derechos Humanos. Ahora mismo el Gobierno está elaborando un Proyecto de Ley de Lugares de la Memoria Histórica en Navarra que proteja, conserve y difunda estos espacios.

Y el quinto eje es el de la transmisión intergeneracional de la memoria, especialmente en el ámbito de la Educación. La memoria es una cuestión de futuro, no solo del pasado. En el marco del Programa “Escuelas con Memoria, por la Paz y la Convivencia” varios cientos de escolares han podido participar en iniciativas vinculadas a la memoria y en visitas a exhumaciones o a lugares de memoria.

En definitiva, un cambio verdadero y profundo llegó a Navarra en 2015; un cambio que, desde la voluntad y el compromiso con la memoria histórica, ha permitido impulsar políticas públicas nuevas que respondan institucionalmente a familias que llevaban casi 80 años esperando. Como sociedad, tenemos una deuda con ellas. Recuperar, conocer y difundir la memoria es un acto de justicia con ellas, y es, además, la mejor manera de construir una sociedad más ética, más justa y más democrática, en la que algo así nunca pueda volver a repetirse.

*Álvaro Baraibar es director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra

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