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La investigación parlamentaria de la desaparición de Caja Navarra pincha en hueso

Los máximos responsables políticos de la gestión de la desaparecida entidad esquivan la responsabilidad que los partidos que hoy forman gobierno les achacan

La sede central de la antigua CAN, en la calle Carlos III.

La sede central de la antigua CAN, en la calle Carlos III. Pamplona

Geroa Bai esgrime los informes del Banco de España sobre CajaSol para denunciar la falta de supervisión de los responsables políticos navarros cuando asumieron la integración de la entidad andaluza en el conglomerado Banca Cívica en noviembre de 2010.  Pese a que cinco trimestres después Caixabank adquiría a precio de saldo un proyecto quebrado, la investigación parlamentaria no ha sido capaz de demostrar, como tampoco hizo la Justicia, ninguna negligencia de sus gestores. La desaparición de Caja Navarra pasará a la historia como una consecuencia de la gran crisis.

Y no será porque el Banco de España no advirtiera sobre un socio sevillano incapaz de aportar solvencia, con una cartera repleta de créditos incobrables, una plantilla sobredimensionada y la sorpresa final de Credifimo, la empresa en la que agrupó las hipotecas incobrables y que arrastró a la desaparición a Banca Cívica, lastrada por los 2.600 millones de euros de pérdidas.

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, se ha empleado a fondo a la hora de interrogar estas dos últimas semanas a Yolanda Barcina y Miguel Sanz en el Parlamento. Ha insistido en que cuando se tomó la decisión de asumir Cajasol como parte de Banca Cívica los informes del Banco de España mostraban muy a las claras que se trataba de una entidad quebrada a la que le quedaban como mucho dos años de vida, y que ya había sido rechazada por su vecina andaluza Unicaja, que sabía de sus debilidades.

La combinación de un consejero de Economía, Álvaro Miranda, que consideraba la fusión "deseable, asumible y buena para todos", y un gestor ambicioso como Enrique Goñi ratificó una fusión deseada por los supervisores, que peleaban a finales de 2010 por sanear la maltrecha arquitectura bancaria española.

Solo 9 meses después de la fusión estalló la crisis de Credifimo, la empresa en la que la caja andaluza había concentrado las hipotecas incobrables. Una reclamación de inversores demostró bien a las claras que las deudas eran inasumibles no ya por la propia Cajasol, sino por el grupo Banca Cívica al completo.

El Banco de España investigó el agujero, y encontró 500 millones de pérdidas no contemplados en la fusión: la decisión se tomó sin la información suficiente. Caja Navarra perdió 1.000 de los 1.200 millones de su patrimonio en los dos últimos años de su existencia, durante la aventura emprendida como Banca Cívica.

Y es que si el Estado rescató con dinero público otras cajas, como Bankia o Caixa Catalunya, a Cajasol la rescató el conglomerado Banca Cívica, si bien esa operación supuso poco tiempo después su desaparición, al verse absorbida por Caixabank.

La desaparición de Banca Cívica dejó a Navarra sin un instrumento financiero clave, pero permitió al sistema bancario digerir la quiebra de Cajasol, que sumaba activos por valor de casi 30.000 millones de euros, suficientes para que su caída descontrolada agravara más aún si cabe la crisis financiera española.

Los inspectores del Banco de España tenían claro que la caja andaluza no podía afrontar en solitario los siguientes ejercicios:  la sociedad inmobiliaria Credifimo presentaba pérdidas “difícilmente asumibles por la matriz”, y la fusión con Banca Cívica no hizo sino trasladarlas. A finales de verano de 2011 Banca Cívica descubre la realidad: el Banco de España desvela pérdidas de 500 millones de euros que finalmente debe asumir el conglomerado capitaneado por Caja Navarra, cuyos gestores se muestran incapaces de asumir. Supone la sentencia de muerte para Banca Cívica.

Los gestores, sin responsabilidad

Con todo, tanto el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, como su sucesora en el cargo, Yolanda Barcina, han sabido librarse, primero ante la Justicia y ahora frente al Parlamento, de cualquier responsabilidad.

Su relato insiste en que Caja Navarra "se ha transformado del mismo modo que lo han hecho todas las cajas de España" y aseguran que "no hay nada oscuro" ni ha habido "caso de corrupción" alguno.

Miguel Sanz fue muy claro al asegurar esta semana en sede parlamentaria que "aprovechando el estado emocional que generaron en la sociedad la crisis y algunos escándalos de corrupción relacionados con algunas cajas, ha tratado de ligarse a Caja Navarra en estos procesos y escándalos, intentando transmitir la idea que en CAN se ha generado un escándalo por la negligencia de sus gobernantes, cosa que es absolutamente falsa".

"Ni en Navarra ha habido asunto de corrupción ni en Caja Navarra ha habido caso de corrupción alguno. Ha habido un interés político de poner fin al dominio institucional de UPN en los últimos años y a la colaboración de los partidos constitucionalistas, que convirtieron su gestión colaborativa en una historia de éxito, porque durante el tiempo de colaboración de UPN y PSN Navarra ocupó los primeros lugares en el Estado de Bienestar en el Estado español", defendió. Además, recalcó que en el proceso "no se perdió ni un euro público y ningún impositor tuvo en riesgo su dinero".

En la misma línea, la  expresidenta Yolanda Barcina aseguró en el Parlamento que lo sucedido en Caja Navarra fue "perfectamente legal" y "la comisión de control, que ella presidió unos años, "hacía sus funciones de forma rigurosa y conforme a ley".

Incluso se permitió incidir en que "resulta muy difícil entender" el papel de la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra, ya que se trata de algo "perfectamente legal" y ocurrido hace años. La expresidenta recalcó que de las 45 cajas de España "han desaparecido todas menos dos" y CaixaBank es la fundación que más recursos destina de Europa a obra social, lo que sumado a los fondos de la Fundación CAN "da el mayor número de euros por habitante".

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