Los jubilados mantienen viva la llama de la reivindicación y vuelven a la calle

Los jubilados navarros no están dispuestos a dejar pasar el éxito de sus movilizaciones unitarias y están decididos a “mantener la llama” de la reivindicación que el pasado 17 de marzo sacó a 20.000 personas a las calles de Pamplona. Consideran que su presión “ha dado resultado”: el pacto presupuestario de PP y PNV contempla dos años de revalorizaciones de las pensiones vinculadas al IPC y retrasa el factor de sostenibilidad -que fija la cuantía de las pensiones en función de la expectativa de vida- de 2019 hasta 2023. Sin embargo, reconocen también que sus logros son “claramente insuficientes” y que “el riesgo no ha desaparecido”.

Por eso el próximo jueves volverán a recorrer unidos en manifestación la distancia que separa la plaza de Merindades de la estatua de los Fueros, donde leerán un comunicado. El logro es que siguen juntos: tanto la Coordinadora Navarra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones como la Coordinadora de Mayores Frente a la Crisis han logrado aparcar sus diferencias de matiz y centrarse en lo que los une. La segunda agrupación la componen la Asociación de Mayores Lacarra, la Asociación de Pensionistas y Jubilados SASOIA, la Asociación Navarra de Prejubilados y Pensionistas (ANAPP), la Federación de Pensionistas de CCOO y la Unión de Pensionistas de UGT.

Fernando Viedma, de la Coordinadora, explica que el acuerdo firmado por PP y PNV resulta “insuficiente”, pero no duda de que es consecuencia de las manifestaciones que han movilizado a miles de jubilados en los últimos meses. “Es necesario fortalecer el estado de bienestar social, ha costado muchos años levantarlo, no puede ser moneda de cambio partidista”, resume.

Su idea es “garantizar el presente y el futuro de las pensiones. Necesitamos consenso político y social, y que se plasme en la Constitución, un blindaje real y efectivo, lejos de los vaivenes políticos”, apunta. Consideran las promesas del Gobierno “pan para hoy y hambre para mañana” y reclaman que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que se deroguen las diferentes reformas laborales (2011 y 2013), y también que se acabe con la brecha de género en las pensiones. “Las mujeres cobran casi un 70% menos de media que los hombres”, recalca Viedma.

Piden asimismo “partidas presupuestarias suficientes para garantizar el sistema”. Como no son suficientes las cotizaciones de trabajadores y empresarios, exigen “un sistema impositivo para grandes empresas y grandes fortunas” que acabe con el déficit. “Los pensionistas ya hemos pagado nuestra propia pensión, pero nos quieren llevar al sistema mixto de pensiones privadas, al que nos oponemos. Las pensiones son un derecho, no un asunto mercantilista”, sentencia.

Resolución parlamentaria

La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra ha aprobado una resolución impulsada por Izquierda-Ezkerra, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN, la propia I-E y los votos en contra de UPN y PPN, en línea con las demandas de los pensionistas. Los grupos políticos navarros instan al Gobierno de España a “eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización contrarios al principio de suficiencia y al derecho a tener una pensión adecuada y actualizada recogidos en los artículos 50 y 41 de la CE”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, con la abstención de UPN y el voto en contra del PPN, se demanda al Ejecutivo de España “introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes”. El resto de formaciones han mantenido su apoyo.

En la exposición de motivos, Izquierda-Ezkerra cuestiona las “devastadoras consecuencias que la gestión neoliberal de la crisis ha ocasionado en las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social” y advierte sobre la “progresiva pérdida de poder adquisitivo que, a raíz de las reformas de 2011 y 2013 (un 6% entre 2010 y 2018), padecen los pensionistas, en muchos casos abocados a sobrevivir con subsidios de entre 600 y 650 euros, inferiores al umbral que marca la exclusión social”.