El 13,5% de los navarros estaba en riesgo de exclusión social en 2017, según la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza

Aproximadamente el 13,5% de la población de Navarra vivía en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social, unas 86.500 personas, lo que supone un aumento del 0,5% respecto al año anterior, un incremento que contrasta con el descenso del 1,13% a nivel nacional.

Así consta en el 8º Informe 'El estado de la pobreza', realizado por EAPN España, organización de la que forma parte la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Los datos de este estudio han sido presentados este jueves en rueda de prensa por los representantes de este colectivo Rubén Unanua y Gara González.

Unanua ha destacado especialmente los datos de pobreza severa, que “crece por quinto año consecutivo”. De esta manera, ha resaltado, “la mitad de las personas pobres en Navarra están en situación de pobreza severa, 26.000 personas, es decir, residen en hogares cuyos ingresos son inferiores a 355 euros por unidad de consumo”.

En contraste a estos datos, la tasa de pobreza, que se guía por otros indicadores, se ha reducido en un 8,3% en Navarra, lo que la sitúa como “la comunidad con menor índice de pobreza”. Sin embargo, Unanua ha indicado que la Comunidad foral cuenta con “unas de las rentas medias por unidad de consumo más altas, 20.022 euros, lo que hace que la brecha que las personas en situación precaria tienen que superar sea mayor”. Así, ha señalado que, desde el comienzo de la crisis, la situación de vulnerabilidad de las personas se ha incrementado casi un 5%, con 33.000 personas más en riesgo de pobreza, y Navarra es el territorio “en el que la pobreza más ha crecido” en el periodo 2008-2017, un 57%.

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza ha incidido también en la brecha de género. De esta manera, ha resaltado que mientras que la tasa masculina de riesgo de pobreza ha disminuido y se sitúa en el 11,9%, en el caso de las mujeres ha aumentado hasta un 4%, englobando al 15 de las mujeres.

Otros datos que se ha destacado en la comparecencia ha sido la disminución “significativa” de la Privación Material Severa, índice basado en la carencia de al menos cuatro ítems de consumo básico, y que se ha reducido en 20.000 personas (0,3%). En relación con el empleo, ha criticado que “la precariedad laboral se asienta en Navarra” ya que el 30% de las nuevas contrataciones realizadas mediante ETT y el 40% de nuevos contratos son para siete días o menos. Además, “casi el 60% de las personas desempleadas son mujeres”.

Ante estos datos, la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza ha reivindicado “políticas activas de prevención y acompañamiento, con perspectiva de género, que se sumen a las ya existentes para acabar con esta pobreza que parece estar cronificandose” en Navarra.

Además, ha advertido sobre la existencia de “una nueva clase trabajadora empobrecida” motivada por la crisis económica que “ha empeorado y precarizado las condiciones laborales en cuanto a salario y temporalidad”. Por ello, ha reclamado medidas “que faciliten no solo la inserción laboral, sino un compromiso real de las personas empleadoras y empresas por la creación de empleos de calidad que ofrezcan estabilidad”.

En esta línea, Unanua ha indicado que la economía está mejorando “de manera desigual, por lo que la brecha entre las personas con más renta y las personas en situación de pobreza están cada vez más lejos”. Por ello, ha reclamado medidas concretas y una mayor inversión en los Presupuestos Generales de Navarra de 2019

“EL FRAUDE EN LA RENTA GARANTIZADA ES RESIDUAL”

El representante de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, Rubén Unanua, ha asegurado que “el fraude en la Renta Garantizada es bastante residual” y ha afirmado que quienes cobran esta prestación “es gente que está mal y quiere trabajar”. Asimismo, ha incidido en la idea de que “con acompañamiento” las personas que cobran esta ayuda “pueden acceder a otros recursos”.

Se ha mostrado igualmente a favor de mecanismos de control “porque es lo que va a legitimar esta prestación” y porque “queremos que la cobre gente que la necesita”.

Rubén Unanua ha calificado la Renta Garantizada como “una inversión social” y ha destacado que “ha mejorado en muchos aspectos” si bien ha considerado que el plazo de residencia en la Comunidad foral necesario para acceder a esta prestación, actualmente fijado en dos años, debería reducirse a uno.

Entre otras reivindicaciones, Unanua ha reclamado un aumento en el presupuesto para las Unidades de Barrio y los Servicios Sociales de Base que “tiene una carga de trabajo bárbara”, lo que hace que “se conviertan en meras tramitadoras de prestaciones”. “Si no acompañamos a las personas es muy difícil que salga de esa situación de exclusión social”, ha subrayado.

También ha abogado por el impulso de políticas transversales para “acceder a una vivienda digna” y ha apuntado, especialmente, al aumento en el precio del alquiler.