En Euskadi estamos acostumbrados a que nos receten medicinas para enfermedades educativas que no tenemos o que las hemos curado más o menos satisfactoriamente. La controvertida LOMCE es un buen ejemplo de una respuesta incorrecta a males educativos reales en el Estado, aunque bastante menores en nuestro sistema educativo, pues los indicadores educativos en Euskadi manifiestan una robustez superior a la del Estado. Ahora nos llega con cierto eco mediático una propuesta programática del PSOE, todavía en borrador, aunque probablemente sea ratificada la próxima semana, para ampliar de forma progresiva de 16 a 18 años la educación obligatoria. ¿Responde a problemas reales esta medida? ¿Es la medicina adecuada que se necesita?
Sin duda hay un dato alarmante en sí y sonrojante en la comparativa europea. Casi uno de cada cinco estudiantes españoles entre 18 y 24 ha abandonado toda formación y estudio, una vez cursada la ESO, con éxito o sin él. Europa ha marcado como objetivo para el 2020 que el promedio europeo de abandono no exceda a uno de cada diez, algo que ya en la actualidad está conseguido en Euskadi. No parece que el Estado español pueda llegar a ese nivel para esa fecha, lo que no significa que no se estén produciendo notables avances.
Sin embargo, la prolongación por norma de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años nos plantea diversos conflictos.
Uno es el de la prolongación de la tutela social. La escuela es una institución concebida por la Ilustración para garantizar un nivel de formación a toda la ciudadanía, desgajada como una burbuja específica del conjunto del sistema social y productivo. La crisis de la institución escolar se manifiesta en un grado creciente de obsolescencia y en la desafección de sus profesionales y de su alumnado, especialmente de forma manifiesta en secundaria, que, en todo caso, entiende la escuela como el paso obligado para certificarse ante la sociedad. ¿Hay que prolongar la condena a permanecer “amarrado al duro banco” a quien ha roto hace tiempo con el sistema educativo? ¿Es quizá una medida para maquillar el escandaloso paro juvenil?
En esta línea, otro conflicto se da con otros derechos civiles, sancionados en nuestras leyes. Por poner sólo dos ejemplos: si a los 16 es posible casarse y es la edad legal que permite la incorporación al mercado laboral ¿se puede obligar a permanecer bajo la custodia escolar a quien se le reconoce el ejercicio de esos y otros derechos civiles?
También hay que citar el conflicto de la financiación. Financiar la extensión escolar en dos cursos supone prolongar la financiación de la concertada precisamente en tramos ahora postobligatorios en los que hay una ligera hegemonía del sistema público. Lo mismo que la extensión de la obligatoriedad de los 14 años a los 16 supuso un reforzamiento de muchos centros concertados, aunque al menos de esa extensión cabía esperar frutos de equidad, el mismo efecto se produciría con esta nueva prolongación de la obligatoriedad.
Por último esta cuestión de la idoneidad de la medida. En un estado con más del 90% (Euskadi más del 96%) de alumnado escolarizado en los dos años posteriores a la finalización de la enseñanza obligatoria ¿qué aporta esta medida para incrementar el deseo de un aprendizaje que se traduzca en más titulación en estudios postobligatorios?
No parece que la taza y media al que no quiere taza vaya a contribuir 'per se' a mejores logros y a mejoras de índices estadísticos. El coste astronómico de la operación bien podría dedicarse a prevenir el fracaso escolar que tanta desafección escolar produce en la adolescencia, precisamente destinando esos recursos a las primeras etapas educativas, donde todavía es posible corregir lo que en Secundaria es ya complicado. La cuestión es cómo atraer a la formación y el aprendizaje a quien ha terminado aborreciendo el sistema formal, así como cómo hacer ofertas formativas atractivas, basadas en antecedentes de aprendizajes que han resultado de interés vital y significatividad desde la escuela primaria. Añadamos a ello la necesidad de desarrollar una Formación Profesional atractiva y eficaz, asignatura todavía pendiente en España, aunque no tanto en Euskadi.
En definitiva, como ocurre en algunos tramos de la Educación Infantil, parece que no es tanto la obligatoriedad, sino la universalización, por medio de una mejora de la calidad de la oferta educativa y formativa y de la seducción que ejerza, el camino más adecuado para lograr los objetivos de referencia europeos. Desde luego, la extensión de la obligatoriedad no es una medicina necesaria para Euskadi. Probablemente tampoco para el Estado.
Gonzalo Larruzea es Inspector de Educación y ha sido responsable del Area de Educación de Podemos-Euskadi.
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