En su reciente libro 'La Gran Oportunidad', Cristina Monge enfatiza la necesidad de articular “una conversación pública de calidad”. Su ensayo trata de cómo abordar la crisis climática, pero su sugerencia también es útil para debatir sobre la financiación autonómica. Con escepticismo, me atrevo a aportar mi modesto grano de arena.
De entrada, no comparto que el origen de la propuesta, un pacto entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa y su negociación posterior con el Gobierno español, lo vicie democráticamente, tal como denuncia con su estilo churrigueresco el Partido Popular.
Conviene recordar que este modus operandi ha sido el habitual desde el primer acuerdo, en 1993, cuando Felipe González pactó con Pujol -para conseguir su investidura- la cesión a las CCAA de un modesto 15% del IRPF. Lo mismo sucedió en 1996 con el Pacto del Majestic entre Aznar y Pujol.
En todas las reformas del modelo se ha seguido la misma secuencia. Propuesta que parte de Catalunya, negociación bilateral, denuncias de agravio comparativo, acuerdo explícito o implícito de todas las CCAA, aprobación definitiva de un modelo para todas las CCAA. Y así hasta la siguiente reforma con el mismo guion.
El protagonismo catalán no ha sido solo del nacionalismo. Tanto el PSC como el PSUC e ICV han sido históricamente muy activos. El modelo actual es fruto de la propuesta del “govern catalanista i de progrés”.
Soy consciente de que el siempre ha sido así no legitima nada. Lo que le otorga legitimidad es que, más allá de quién haya hecho la propuesta inicial, todas las reformas se han debatido multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se han aprobado en el Parlamento por mayoría absoluta.
La hiperactividad de los partidos catalanes, que tanto disgusta, tiene como reverso el absentismo y la falta de iniciativa del resto de fuerzas políticas. Las causas son diversas. El interés por ejercer la autonomía es asimétrico entre la ciudadanía y dirigentes de las diferentes CCAA. No existe demasiada conciencia de que autonomía política significa corresponsabilidad. Ningún partido estatal tiene -más allá de la retórica- un proyecto federal para España, aspecto clave para un modelo de financiación que combine autonomía financiera, igualdad, solidaridad.
Además, en un escenario dominado por el agravio comparativo, a todos los gobiernos les da pánico entrar en este barrizal. Así, el Gobierno Rajoy, con mayoría absoluta, renunció a su reforma. En 2014, la caída de la recaudación no ofrecía mucho margen para repartir nada. Además, la financiación autonómica es una fuente de conflictos entre CCAA, incluso del mismo partido, de la que las fuerzas estatales huyen como de la peste, mientras pueden.
Esta renuncia de los populares a ejercer su responsabilidad les resta ahora auctoritas para denunciar a quienes han tomado la iniciativa política, salvo que acompañe sus críticas de una propuesta alternativa, algo que no aparece en el horizonte.
Otro aspecto sobre el que necesitamos debatir es el de las consecuencias de no hacer nada. El actual modelo lleva prorrogado desde hace 12 años, lo que democráticamente es insostenible. Además, los efectos de no hacer nada son nefastos. El aumento de la recaudación de los últimos años ha ido a parar a la administración central, cuando son las CCAA, con competencias en las políticas sociales, las que más lo precisan para atender unas necesidades en constante crecimiento.
Otra de las consecuencias de no reformar el modelo actual es que, en estos momentos y fruto de su no actualización, sus resultados son de una gran injusticia. Las diferencias entre CCAA en recursos per cápita recibidos son muy elevados, irracionales e injustificables.
A estas alturas, ya es evidente que el modelo propuesto no tiene nada que ver con el escenario catastrofista que se dibujó a partir del pacto entre PSC y ERC. Algunos ya lo advertimos, aunque con nula fortuna, las catástrofes tienen un inmenso poder de atracción.
La salida de Catalunya del régimen común que algunos denunciaron no aparece por ninguna parte. Tampoco hay indicio alguno de un concierto y cupo a la vasca. Esta fue la falsa expectativa que se creó a babor y estribor, por tirios y troyanos. Comenzando por ERC, que necesitaba cohesionar a los suyos en su dura travesía por el desierto de la realidad y defenderse del incesante acoso que sufre de Junts. En esa pugna insomne apareció la potente metáfora de “la llave de la caja” que tantos demonios despertó.
La venta hiperbólica de los republicanos se retroalimentó con el alarmismo de la “ruptura de España”, una copla que, una vez más, sonó desde diversos rincones, interpretada incluso por algunos “expertos”.
La propuesta presentada mantiene la lógica y estructura del modelo de 2009, entre otras razones porque, a pesar de las feroces críticas de entonces, fue una reforma muy bien pensada por el entonces conseller Antoni Castells y su equipo. Con la mala fortuna de entrar en vigor durante la gran recesión y la caída brutal de la recaudación tributaria.
Pero que mantenga la estructura de 2009 no significa que los cambios no sean importantes. De entrada, quiero destacar un esfuerzo por la transparencia, por ejemplo, explicitando los criterios de cálculo de la población ajustada.
Aparecen las primeras muestras de un modelo que, siendo homogéneo, abre las puertas a la diversidad, que no es lo mismo que desigualdad. Lo hace con la incorporación de la voluntariedad, factor clave si se habla de autogobierno.
Se plantea la posibilidad de que las CCAA puedan asumir más competencias, con mayor corresponsabilidad si así lo deciden, asumiendo riesgos. A menudo se olvida que autonomía, responsabilidad y riesgos van cogidos de la mano.
El aumento de la corresponsabilidad de las CCAA es significativo. Se prevé la posibilidad de que las CCAA participen, si así lo acuerdan, en la recaudación del IVA Pymes. Algo que premiaría el esfuerzo fiscal e implicaría a las autonomías en el control del fraude del IVA.
La mejora de la equidad vertical entre administración central y CCAA es importante porque supone aumentar en 19.000 millones de euros los recursos de las autonomías, para atender a unos servicios públicos muy tensionados.
Resulta muy difícil de entender que no se aprecie este esfuerzo, aunque tiene su lógica en el caso de aquellos partidos que, ante la tensión que sufren los servicios públicos, han optado por su privatización para que quien pueda pagar, los pague.
Hay un aspecto que puede tener mucha trascendencia de futuro, el de la gestión tributaria. Se apuesta por la gestión en red de la Agencia Tributaria Estatal, con la implicación de las CCAA. Una apuesta que debería culminar con la creación de Consorcios Tributarios en aquellas CCAA que quieran asumir más responsabilidad en la gestión.
Me parece una opción mucho mejor que la de las Agencias Tributarias propias y diferenciadas de la estatal. Por varias razones, los recursos y esfuerzos necesarios para poner en marcha ex novo una agencia propia son inmensos, inviables a corto plazo y no garantizan mejor gestión.
Además, pueden propiciar la autarquía, especialmente en la gestión y transparencia de los datos. Un problema que ya se sufre hoy con las administraciones tributarias forales, una realidad que, por cierto, ha sido excluida de la conversación pública.
Sobre la manida ordinalidad y la supuesta ruptura de la solidaridad, en mi opinión es exactamente lo contrario. La llamada ordinalidad presupone la existencia previa de solidaridad. No puede existir un criterio de ordenación que relacione los ingresos normativos recaudados con los definitivamente recibidos si previamente no se producen flujos de solidaridad a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
Lo que deberíamos discutir no es sobre esta palabra tótem -que es lo fácil- sino sobre si el sistema propuesto es solidario y si es menos o más igualitario (como yo creo) que el actual.
De momento lo que ya sabemos es que se estrecharía y mucho la diferencia que hay entre las CCAA que más recursos per cápita reciben y las que menos. En el sistema actual, con la liquidación del 2023, la brecha va del 94,2% al 126,3% (sobre la media española de 100).
Con la propuesta presentada esta diferencia se estrecharía entre el 96,1% (la que menos) y el 111,1% (la que más). Para valorar si garantiza o no la igualdad y la solidaridad basta compararla con los recursos per cápita que recibirían las CCAA si solo se tuvieran en cuenta su recaudación y no hubiera fondo de solidaridad. La brecha iría del 62,9% la que menos al 134,6% la que más. Como pueden comprobar, “solidaridad, haberla, hayla”.
Siempre puede discutirse si esta solidaridad es suficiente o no, a condición de que no perdamos de vista lo que nos dijo el barbudo de Tréveris: “De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades”.
Quedan algunos aspectos importantes que no se tratan en la propuesta. El más importante, como se armonizan las legislaciones autonómicas para evitar dumping fiscal en determinados impuestos, sin con ello anular la autonomía tributaria de las autonomías.
Una última observación para no hacerse trampas al solitario. Todos los debates se están realizando a partir de las previsiones presentadas por la vicepresidenta Montero. Parecen sólidos, pero tenemos suficientes experiencias de cómo, en anteriores ocasiones, no se han cumplido las previsiones. En muchos casos por cambios en el ciclo económico.
Por eso sugiero prudencia en las afirmaciones sobre sus efectos y que en esa imprescindible conversación pública de calidad incorporemos la imprescindible evaluación anual de lo que finalmente se apruebe.
Como ven, mi ingenuidad es inmensa, porque todo apunta a que este nuevo modelo no va a ver la luz. El PP está enrocado incluso a costa de perjudicar a las CCAA que gobierna y a su ciudadanía.
Junts, cuyos votos son imprescindibles, continúa atrapada en un bucle en el que confluyen la pugna insomne con ERC y la búsqueda de una identidad pérdida. Salvo que sus cargos municipales, los que más sufren la carencia de recursos que este nuevo modelo podría aliviar, hagan entrar en razón a sus dirigentes, me temo que Junts se va a instalar en un estéril negacionismo.
Cabe la posibilidad de que, al final, esta propuesta solo tenga efectos reales en la estabilidad de la legislatura catalana -la española es más complicada-. Si así fuera, bienvenida sea la estabilidad, que no vamos muy sobrados. Pero no olvidemos que la reforma del actual modelo no es un capricho, ni fruto de un malévolo oportunismo, es una necesidad imperiosa de la sociedad española.