Pacto por la salud pública y la responsabilidad institucional ante las crisis
Las crisis de salud pública no deberían convertirse nunca en un campo de batalla política. Cuando está en juego la protección de la población, el único objetivo legítimo debe ser garantizar respuestas coordinadas, eficaces y solidarias, poniendo el interés general por encima de cualquier cálculo partidista o territorial.
La experiencia de la pandemia dejó enseñanzas muy claras que no podemos permitirnos olvidar. La ciudadanía necesita instituciones capaces de cooperar, gobiernos que compartan información con transparencia y responsables públicos que actúen con serenidad, rigor y sentido de Estado. Sin embargo, demasiadas veces seguimos asistiendo al espectáculo del enfrentamiento permanente, del ruido político y de discursos que priorizan la confrontación antes que la salud colectiva.
Resulta especialmente preocupante observar actitudes insolidarias ante situaciones que requieren cooperación entre territorios y lealtad institucional. Ninguna comunidad autónoma puede afrontar sola una gran crisis sanitaria, migratoria o social. Defender únicamente intereses particulares, cerrarse a acuerdos comunes o utilizar el miedo y la confrontación para obtener ventaja política supone debilitar la capacidad colectiva de respuesta del país.
La salud pública necesita exactamente lo contrario: coordinación, corresponsabilidad y altura política. También exige respetar el trabajo de los equipos técnicos y sanitarios, que deben poder actuar con autonomía profesional, alejados de presiones partidistas y de estrategias de desgaste político. Se les puede exigir rendición de cuentas y evaluación, por supuesto, pero no convertir cada decisión en munición ideológica.
España necesita un gran acuerdo de país para la gestión de las crisis de salud pública y de las emergencias sociales que inevitablemente seguirán llegando. Un pacto que comprometa a todas las fuerzas políticas a mantener unos mínimos de responsabilidad institucional: compartir información veraz, evitar alarmismos interesados, no utilizar el sufrimiento de la población como herramienta electoral y priorizar siempre la protección de las personas más vulnerables.
Porque una crisis sanitaria no debería medir quién gana un titular o un puñado de votos. Debería medir la capacidad de un país para actuar unido, proteger a su gente y demostrar que sus instituciones están a la altura del bien común.