La política de vivienda solo genera frustración
El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades.
Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.
Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.
Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados.
El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.
Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.
Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país.
Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.
Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que, ningún Plan de Vivienda, puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas.
Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.
Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.
En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros.